Este lunes 13 de mayo, se vota en el parlamento la idea de legislar el proyecto llamado Admisión Justa, iniciativa del gobierno de Piñera, que de ser aprobado, marca un retroceso en el corazón de la Ley de Inclusión y deja a tiro de cañón la Nueva Educación Pública, para hacerla desaparecer por inanición, al tardar y tardar su implementación a través de dificultar cada etapa del cronograma establecido. La Brigada Nacional de Profesoras y Profesores Socialistas llaman a los parlamentarios y al país a estar atentos.
Desde que se instala el gobierno de la derecha en el mes de marzo del año 2018, ha habido un esfuerzo sostenido e intencionado por desmantelar los avances en materia de derechos sociales garantizados, en especial el derecho a una educación con equidad y calidad integral, sabiendo que la desigualdades donde más se manifiesta es en la educación, los cuales dependen del origen o como se denomina “diferencias desde la cuna“. Ante estas tremendas inequidades, el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, impulso y materializo la Ley de Inclusión, la que vino a compensar estas diferencias por razones socio-económicas, en que escalonaba la educación en directa relación de los quintiles, así por ejemplo. Los y las estudiantes de los dos primeros quintiles, estaban concentrados en la educación municipal y contrariamente, ningún alumno(a) del quinto quintil asistía a un colegio con aportes del Estado.
El Sistema de Admisión Escolar (SAE), hoy implementado y cuya última fase comienza este año, en la Región Metropolitana, ha permitido que estudiantes tengan la posibilidad de postular a establecimientos educacionales, sin más requisitos que su derecho a la educación, en donde son las familias, quienes postulan, en orden de preferencias y no son los establecimientos, los que seleccionan a los y las alumnos(as), por razones estrictamente determinados por ellos mismos.
Según cifras, en las regiones que ya se implemento el sistema SAE, el número de estudiantes que pudieron ingresar a un establecimiento de su preferencias, es sobre el 82,5% sin embargo, con el antiguo sistema preguntémonos: ¿Cómo eran las filas en las escuelas?, ¿Cuántos estudiantes eran rechazados o simplemente no tenían un cupo? y las familias, recorrían uno y otro establecimiento educacional, esas cifras de rechazo no se publican o simplemente no eran tema. Las enormes filas desde un día antes en algún establecimiento, durmiendo en improvisados lugares, tanto apoderados como alumnos(as), parecen no importarle a las ministra Cubillos y a Piñera, sólo se recuerdan de otras filas cuando les convine, pero tras aquellas otroras filas existía una necesidad, que era el acceso a la información, para construir un conocimiento que le permitiese a todos los y las estudiantes desarrollar habilidades y actitudes fundamentales, es decir una educación de calidad integral, que no dependa del capital cultural de los alumnos/as, para que hagan famosos a los establecimientos que seleccionaban, sino que lo esperable, es que los establecimientos, independiente de las diferencias de los y las estudiantes, con su liderazgo pedagógico, su gestión curricular y de convivencia escolar más el uso eficaz de los recursos, entreguen una educación de calidad para la diversidad cultural, económica, racial, religiosa, política y económica de cada alumno/a de este país.
El proyecto presentado por el gobierno pretende restituir la posibilidad de seleccionar a los establecimientos que hayan sido categorizados como Alto(s) por la Agencia de la Calidad. Esgrimiendo que los estudiantes que tengan “méritos” deben tener un trato preferente en virtud de su esfuerzo. Sin embargo, el argumentario del gobierno, signado por una radical ceguera ideológica, omite la abundante evidencia que desdice sus presupuestos. En rigor, los buenos resultados SIMCE de establecimientos de Excelencia y Bicentenario no se explica por variables vinculadas al mérito, sino por la incidencia que genera la selección de estudiantes (Allende & Valenzuela, 2016). Asimismo, estudios muestran que la brecha entre establecimientos municipales y particular subvencionados, se explica por la mayor selectividad de estos últimos y no porque estos establecimientos sean más efectivos (Contreras y otros, 2012).
A esto debemos agregar que el mayor factor de impactos en los logros de aprendizaje de un estudiante es su contexto socioeconómico, “la escuela es capaz de explicar entre un 12% y un 18% de la varianza del rendimiento de los alumnos ajustado por su nivel socioeconómico” (Murillo, 2003). Esto nos lleva a un debate de fondo, ya que a diferencia de lo que señala el gobierno, el “mérito” no es una construcción individual; sino, por el contrario, una construcción colectiva. Incluso, un propio estudio de la Agencia de la Calidad ha señalado que "a pesar de que la metodología de Categoría de Desempeño se ajusta por las características socioeconómicas de los estudiantes, persisten resultados inferiores en aquellos establecimientos que trabajan en contextos de mayor vulnerabilidad” (2016). En este mismo estudio, los datos de la Agencia son contundentes, en los establecimientos categorizados como Alto(s) el 52% de los estudiantes proviene del quintil más alto de ingreso, por el contrario, solo el 1,2% proviene del quintil más bajo de ingreso. Queda claro que la ministra no quiere que los estudiantes de altos ingresos se vean expuestos a la experiencia de convivir con otros.
Pero, más allá de estas discusiones técnicas y estadístico, el tema educativo y que este sea un derecho garantizado, es un tema ideológico, en que la derecha ve en riesgo su modelo, una educación clasista, en que la selección, bajo el pretexto de libertad de educación permita una educación para replicar el circulo de la pobreza y mano de obra barata y necesaria para sus medios de producción.
Este lunes 13 de mayo, se vota en el parlamento la idea de legislar el proyecto llamado Admisión Justa, iniciativa del gobierno de Piñera, que de ser aprobado, marca un retroceso en el corazón de la Ley de Inclusión y deja a tiro de cañón la Nueva Educación Pública, para hacerla desaparecer por inanición, al tardar y tardar su implementación a través de dificultar cada etapa del cronograma establecido. Lamentablemente, hemos visto estos días el silencio frente a ello, de actores gremiales y políticos. Hoy, los profesores socialistas hacemos un llamado a nuestros parlamentarios e interpelamos a la conducción del COLPROCH y a nuestro Partido, parlamentarios/as, alcaldes y concejales a pronunciarse y desarrollar acciones en contra de modificar este proceso que garantiza un acceso justo a la educación.
Brigada Nacional de Profesoras y Profesores
Socialistas de Chile