El Movimiento de Pobladores UKAMAU denunció a través de un comunicado que la forma de hacer política de este gobierno es legislar, construir y elaborar leyes a espaldas de la gente. “Este es el caso del decreto N°105 que reglamenta el programa Fondo Solidario de Elección de vivienda, documento “cocinado” entre cuatro paredes donde la ministra de Vivienda, Paulina Saball, “es la chef y el director del Serviu, Alberto Pizarro, el pinche de cocina”.
El Decreto Supremo 105, denuncian, hace retroceder las políticas de vivienda que los pobladores con organización y lucha habían concretado. En el decreto Nº49 se habían plasmado varios avances para las y los sin casa de todo Chile, en tanto ahora, dicen, se pretende entregar el futuro de millones de chilenos al arbitrio y la especulación inmobiliaria.
No se respetan los pactos y convenciones internacionales que Chile ha firmado con organismos internacionales, acusa UKAMAU. “Con una política nefasta para la solución habitacional de los sin casa, dejando los pocos suelos en las ciudades a la especulación, retrasando procesos de años de trabajo de organizaciones de pobladores, intentando mandarlo al tacho de la basura”.
El nuevo Decreto 105 elimina toda posibilidad de autogestión de los pobladores. Elimina el articulo Nº68 (decreto 49) que daba la posibilidad incluso de más metros cuadrados en la construcción de las viviendas.
“Las autoridades nos han mentido y se han reído de las y los pobladores. Mientras estábamos en la mesa de las instituciones de vivienda buscando soluciones, ellos sólo buscaban contener para seguir legislando a nuestras espaldas. Sólo han buscado la solución para las empresas que lucran con la vivienda”, señala la declaración.
Hoy, acusa UKAMAU, la vivienda solo depende del gobierno de turno y queda a su merced en base a Decretos Supremos. “Debemos luchar para que la política de vivienda sea una política de Estado, Chile necesita una ley de vivienda. Chile ha firmado cinco tratados internacionales que tienen rango de Ley de la República, aunque en nuestra constitución no exista el derecho a la vivienda”.