La última condena procede de una comisión de las Naciones Unidas especializada en derechos del niño. La semana pasada, la presidenta de la comisión, Kirsten Sandberg, leyó en Ginebra el informe de la investigación que realizó esa entidad en el Vaticano.
El escándalo de los sacerdotes pederastas no tiene visos de parar. Las denuncias, que empezaron en el 2002, a raíz de una serie de reportajes del diario Boston Globe sobre los abusos sexuales cometidos por cinco religiosos de Massachusetts contra menores de edad siguen acosando el prestigio y la economía de la Iglesia católica, que ha pagado millones de dólares en indemnizaciones.
La última condena procede de una comisión de las Naciones Unidas especializada en derechos del niño. La semana pasada, la presidenta de la comisión, Kirsten Sandberg, leyó en Ginebra el informe de la investigación que realizó esa entidad en el Vaticano. Las conclusiones son devastadoras. Básicamente, la ONU señala que la Santa Sede prefirió proteger la reputación de la curia antes que los derechos de los menores, y para ello intentó ocultar los graves crímenes sexuales de varios obispos y miles de sacerdotes. Algunos de los abusadores, por todo castigo, fueron trasladados de parroquia y otros, invitados a ingresar a un convento. La ONU exige que el Vaticano entregue los incriminados a la justicia, que ponga fin al “código de silencio” y que adopte las recomendaciones de la comisión, integrada por 18 especialistas.
La primera reacción de la Santa Sede fue enérgica. Acusó a la ONU de haber realizado una pesquisa prejuiciada y a base de hechos “distorsionados”, y aseguró que la Iglesia “ha trabajado y trabaja” sobre el asunto. Posteriormente optó por una actitud menos confrontacional y procuró quitar trascendencia al duro choque. Uno de los puntos en que no le falta razón al Vaticano es su rechazo a las exhortaciones de la ONU para que adopte el aborto. La organización pide, ni más ni menos, que se derogue una doctrina secular de la Iglesia. Incluso, quienes no están de acuerdo con las prédicas de la jerarquía sobre sexualidad deben reconocer que es difícil exigir que modifique su posición en esta materia. Cosa distinta es invitarla a acelerar y ahondar la política de transparencia que plantea el papa Francisco, en contraste con la dañosa opacidad que implantó Juan Pablo II. La pederastia de miles de sus pastores, delito aberrante y digno de severas sanciones legales, parece ser una cruz que la Iglesia cargará durante mucho tiempo.