El ex senador Jorge Lavandero fue condenado en 2005 a cinco años de cárcel por abusos sexuales contra menores de edad. Sin embargo, siempre quedó en la duda la veracidad de los cargos, en cuanto estos pudieron ser un montaje para sacarlo de la arena política. Hoy con la entrega del premio N’Aitun por su defensa del cobre chileno, otra vez las pasiones han rodeado este caso. El siguiente artículo que CLARIN reproduce fue publicado en la revista Proceso de México el 2010.
Valparaíso.- El proceso judicial por reiterados abusos sexuales contra menores que llevó a la cárcel a Jorge Lavandero Illanes, fue un montaje para desprestigiarlo y sacarlo de la escena política.
De los hechos se desprende que el plan fue orquestado por la empresa minera Barrick Gold, el Canal 13 y una red de funcionarios de la administración de Ricardo Lagos.
Su objetivo: acabar con la carrera política del senador Lavandero, quien en 2005 se perfilaba como un candidato presidencial fuerte, apoyado por sectores de izquierda (incluido el Partido Comunista) y por facciones progresistas de la Concertación de Partidos por la Democracia.
Lavandero era muy popular. Un factor contribuyó a ello: durante dos décadas encabezó la defensa de la soberanía chilena sobre el cobre y las denuncias de lo que él definía como “el robo de las trasnacionales mineras”.
En el libro Desde la cárcel (Ediciones Radio Universidad de Chile), aparecido el miércoles 9, Lavandero aporta numerosos antecedentes que dan cuenta de cómo se gestó ese complot en su contra. También relata sus vicisitudes en la prisión, donde permaneció entre julio de 2005 y abril de 2008 sin ninguna de las comodidades de las que disfrutan los militares procesados por violaciones a los derechos humanos.
El volumen contiene seis declaraciones de testigos y supuestas víctimas que rechazan que Lavandero haya abusado de ellas. Una de éstas, Jaime Insunza Pasmiño, acusa al fiscal Xavier Armendáriz de pagarle a él y a otros testigos con el fin de que declararan contra Lavandero: “El trabajo que yo haría consistiría en declarar contra el senador y darme a conocer por medios públicos que fui abusado y que, debido al reiterado abuso, me convertí en travesti u homosexual”.
Esa declaración fue hecha ante el notario Juan Opazo en la ciudad de Temuco el 21 de julio de 2005. Insunza dice que por ese “servicio” el fiscal le canceló una deuda equivalente a 7 mil dólares. Además, prometió entregarle mil 400 dólares en efectivo, lo que nunca hizo.
A pesar de la gravedad de ésa y otras acusaciones contra el fiscal Armendáriz, éste no ha desmentido los hechos ni ha iniciado acciones judiciales contra quienes lo acusan de haberlos presionado para inculpar a Lavandero. La Oficina de Relaciones Públicas de la Fiscalía Metropolitana Oriente (cuyo fiscal en jefe es Armendáriz), emitió el pasado 10 de junio una declaración en la que afirma que “esta institución no entra en polémicas con delincuentes condenados”.
Desde que se comenzaron a ventilar en la prensa los antecedentes aportados por Lavandero en su libro, Armendáriz va cuesta abajo. El martes 15, el fiscal nacional Sabas Chauán le quitó la causa relativa a más de 100 atentados incendiarios que han afectado al país en el último lustro y que son atribuidos a grupos anarquistas.
El lunes 21 fue despojado de otra causa de alto perfil periodístico: la posible participación del joven paquistaní Mohamed Saif Ur Rehman Kahn en actividades terroristas, acusación que surgió luego de que el pasado 10 de mayo se detectaron supuestas trazas de explosivo en sus documentos mientras estaba en la embajada de Estados Unidos en Chile.
El senador socialista Alejandro Navarro denunció que el equipo investigador comandado por Armendáriz estaba realizando un montaje y adulterando pruebas con la finalidad de culpar al paquistaní.
El acoso
Luego de un proceso de alto perfil público, el 20 de junio de 2005 Lavandero fue declarado culpable de haber cometido abusos sexuales contra cuatro menores.
La decisión corrió por cuenta de la titular del Juzgado de Garantía de Temuco, Georgina Gutiérrez. Esto ocurrió después de que el abogado del entonces senador, Matías Balmaceda, llegó a un acuerdo con el fiscal Armendáriz, quien ofreció imponer a su defendido una pena de tres años –que podría haber cumplido en libertad– si aceptaba ir a un juicio abreviado en el que no es necesaria la presentación de pruebas.
Ese acuerdo fue rechazado por Lavandero, quien le pidió a Balmaceda que lo anulara, con el argumento de que su intención era ir a un juicio oral a fin de demostrar su inocencia. Balmaceda se negó a dar marcha atrás, por lo que fue despedido. Los juristas que lo reemplazaron, Alfredo Morgado y Reinero García de la Pastora, solicitaron a la juez Gutiérrez la anulación del acuerdo y que se respetara el derecho de Lavandero a un juicio oral.
La juez se negó a hacerlo a pesar de que la aceptación del acusado es un requisito sine qua non para la existencia de un juicio abreviado. La juez de garantía fue más allá: aceptó la apelación que el fiscal Armendáriz hizo a su propia propuesta de conciliación y aumentó la pena de tres a cinco años de prisión, que es la sanción que finalmente se le impuso a Lavandero. Esta pena fue ratificada por la Corte de Apelaciones de Temuco el 27 de julio de 2005.
El proceso contra Lavandero se llevó a cabo en medio de una amplia presión impulsada por los más importantes medios de comunicación chilenos. El ministro de la Corte Suprema, Alberto Chaigneau, consultado respecto del caso Lavandero a principios de 2005, respondió a los periodistas: “Qué me preguntan a mí, si ustedes ya lo juzgaron”.
El programa Contacto, de Canal 13 –perteneciente a la Universidad Católica de Chile–, filmó desde principios de 2003 hasta finales de 2004 el domicilio del senador Jorge Lavandero, en el poblado de Metrenco, casi 700 kilómetros al sur de Santiago. Además, entrevistó a decenas de personas, a muchas de las cuales les pagó para declarar contra el senador, como lo reconoció durante el juicio el periodista Emilio Sutherland, exdirector del equipo de Contacto.
Para hacer ese reportaje, el Canal 13 dispuso de un costoso aparato logístico que incluyó la renta de un helicóptero. Todo lo anterior constituía algo insólito en la televisión chilena, sobre todo considerando que en aquel periodo dicha estación registraba pérdidas operacionales que la tenían al borde de la bancarrota.
Pero al Canal 13 no le faltaron patrocinadores para esa empresa. La Barrick Gold, propietaria de importantes proyectos mineros en Chile, como Pascua Lama, contrató en 2004 espacios publicitarios por montos aún desconocidos. Eso sí, en los balances oficiales puede observarse que a partir de aquel año Canal 13 comenzó a salir vertiginosamente de la debacle económica en la que estaba sumido.
Contacto buscaba comprobar denuncias que implicaban a Lavandero en abusos sexuales de menores. Según consta en el proceso caratulado como causa RUC 0400157898-2 “caso Lavandero”, Sutherland sostiene que en agosto de 2003 “recibí una llamada de una persona de nombre Flavio Pérez, quien me contactó desde la Región de la Frontera (cuya capital es Temuco) y quien es propietario de un camping aledaño a la propiedad del senador Jorge Lavandero. No recuerdo cómo llegó a mí. Él me señaló que el senador abusaba de menores que llegaban a su parcela”.
Sutherland dice que en noviembre o diciembre de aquel año viajó a la zona, donde tuvo oportunidad de dar por ciertas las denuncias. Por lo mismo, se trasladó con su equipo de televisión a la zona.
Sutherland tuvo como principal informante a Gilda Concha, quien fue cuidadora de la casa de Lavandero de principios de 2001 hasta septiembre de 2003, cuando fue despedida tras comprobarse su participación en el delito de robo. En dicha ocasión, cuando la Policía de Investigaciones concurrió al lugar para indagar, Concha declaró que no sabía nada de los robos, pero aprovechó la ocasión para acusar al senador de haber abusado de su hija Sandy.
En el expediente consta que el cruce de llamadas telefónicas entre Sutherland y Concha no se inició en septiembre, sino en mayo de 2003, antes de que comenzaran las denuncias contra Lavandero.
El fiscal Sergio Díaz fue el primero en investigar las denuncias por abusos deshonestos contra el parlamentario. Ubicó a Sandy en el pueblito La Esperanza, a 100 kilómetros de Metrenco. La menor declaró que a Lavandero poco lo conocía y que nunca le hizo “tocaciones” con contenido sexual.
Díaz recabó antecedentes respecto de otras menores que, según Concha, fueron abusadas por Lavandero, pero no obtuvo nada que lo inculpara, por lo que decidió cerrar las indagatorias. La fiscal regional Esmirna Vidal nombró a otros dos fiscales con el fin de que indagaran a Lavandero, pero ninguno de ellos obtuvo pruebas en su contra.
Entonces una de las principales detractoras de Lavandero, la jefa regional del Servicio Nacional de Menores, Blanca Beraud, en compañía de Sutherland, se reunió con el subsecretario de Justicia, Jaime Arellano, con el fin de que se designara otro fiscal. Arellano entregó los antecedentes al fiscal nacional Guillermo Piedrabuena, quien en octubre de 2004 nombró a Xavier Armendáriz, a pesar de que éste todavía no juraba como fiscal.
Muchas de las personas que participaron en las acusaciones contra Lavandero, como Beraud, habían sido denunciadas en 2002 por éste ante la Contraloría de la República por ser partícipes de delitos de corrupción. Respecto de Beraud, Lavandero señaló que había adulterado su título de abogada.
Además, el senador denunció que Beraud, entonces directora del Servicio Nacional de Menores, cobró honorarios como funcionaria de otras reparticiones fiscales por trabajos que no hacía, lo cual fue acreditado por la Contraloría.
La trampa
Contacto dio el golpe letal contra Lavandero. El 13 de enero de 2005 transmitió un programa especial sobre las acusaciones contra el entonces senador.
Según afirma Lavandero en Desde la cárcel, “frente a la frustración de no haber podido encontrar nada en mi contra (en dos años de filmaciones), el periodista Sutherland programó un montaje coludido con la que fuera la cuidadora de mi parcela de Metrenco (Gilda Concha)”.
Cuenta: “La ocasión era propicia. Se trataba de un 19 de diciembre, antes de la Navidad. Le pidieron a la niña (Ivonne) que telefoneara al supuesto abusador y que fuese a mi casa con el pretexto de entregarme un regalo, una muñeca, supuestamente fabricada por ella, y aun cuando teníamos otros compromisos, nos vimos obligados con mi secretario a detener el auto y recibir el regalo. Ahí ingenuamente caí en la trampa. Ya que sin tener con qué retribuirle la invité a almorzar. A las 3 pm, una vez que terminaron de servirnos el almuerzo, le señalé que debía volver a Temuco para cumplir compromisos en la oficina. Al salir, Ivonne me dijo que quería pasar por delante de la casa frente al río. ‘Esta bien’ dije, sin imaginar que todo estaba preparado por Canal 13”.
Las imágenes que allí se captaron fueron las únicas que supuestamente implicaban a Lavandero, a pesar del largo periodo durante el que fue espiado. Pero se convirtieron en la base del juicio público que sepultó su carrera política.
En ellas aparece dándole una palmada o caricia en el trasero a la menor mientras caminaban por fuera de su domicilio. La imagen sólo se transmitió en cámara lenta.
Según señala el académico de la Universidad de Santiago Héctor Toledo en su artículo Un montaje en escena, en el reportaje de Contacto “se usó una música subliminal con sonidos guturales, golpes de gong con aullidos lejanos, gruñidos como de perros o cerdos, asociados a la figura del senador (…) Este video, sin lugar a dudas, es un panfleto injurioso, laboriosa y delictualmente trabajado”.
Cuando el 24 de enero de 2005 el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Raúl Rocha –quien acogió una querella de Lavandero por invasión a su privacidad contra Canal 13– solicitó a la estación televisiva la cinta maestra con las grabaciones hechas para la edición de Contacto, el canal respondió que éstas habían sido desechadas. De esta forma, las imágenes nunca pudieron ser vistas sin ser editadas.
El hermano de Ivonne, Eduardo Ormeño Herrera, sostuvo en una declaración jurada con fecha de 30 de mayo de 2005 “que las acusaciones hechas por mi madre y mi hermana Ivonne en contra del señor Lavandero son totalmente falsas, debido a que (Concha) está siendo presionada por los fiscales”.
Según Lavandero, el equipo de Canal13 habría incurrido en un grave delito al haberle enviado una menor a su hogar, porque “si yo efectivamente hubiese sido un abusador, el haberme enviado una menor a mi casa hubiera facilitado la existencia de un delito”.
El jurista José Galiano, autor de libros sobre derechos humanos que son considerados clásicos en la materia, sostiene en el prólogo de Desde la cárcel “que, aun en el caso que Lavandero hubiera tocado a Ivonne, tal hecho no sería constitutivo de delito de abuso sexual a menores, tipificado en el artículo 336 bis del Código Penal”.
Fundamenta: “El abuso sexual físico contra menores exige perentoriamente que los escarceos físicos que impliquen contacto corporal requieren relevancia y significación sexual. Ningún abogado medianamente responsable puede atribuir a cualquier contacto físico, entre adultos o entre adultos y un menor, el carácter de abuso deshonesto, sin que se acredite la manifiesta intención erótica y sexual de dicho acto”.
En el expediente de la causa ninguna de las acusaciones contra Lavandero señalan las posibles fechas y horas en que los supuestos delitos se habrían cometido.
Galiano destaca que Lavandero, en sus 58 años de vida adulta, nunca ha dejado de tener una pareja. “Ha tenido tres matrimonios y dos uniones de convivencia, mujeres con las cuales ha tenido siete hijos”.
En un informe de mayo de 2005, la Corte Suprema sostuvo que Lavandero nunca fue acusado ni juzgado por delito alguno antes de 2004. De esta manera desmintió a Armendáriz, quien en sus continuas alocuciones ante la prensa señaló que este parlamentario registraba desde 1960 acusaciones por delitos de abusos sexuales.
Carolina Chávez, otra de las menores que declararon a Contacto y ante el fiscal Armendáriz, fue embarazada por el camarógrafo de ese programa, Raúl Castillo. Esto sucedió durante el mismo periodo en que se hacían elocuentes declaraciones contra el parlamentario, que fueron transmitidas en ese programa y formaron parte del expediente que derivó en la condena de Lavandero. Fruto de esa relación nació una bebé que fue bautizada como Belén. Canal 13 nunca se ha maifestado respecto de ese tema.
El fiscal Armendáriz, por su parte, se negó a investigar ese hecho, a pesar de que perfectamente hubiera podido acreditar la existencia de estupro o violación de una menor. Esto, evidentemente, revestía mayor gravedad que las acusaciones que Carolina Chávez hacía contra Lavandero, que se referían a “tocaciones”, no a la existencia de una violación, delito que se hubiera podido probar fehacientemente.
Durante la entrevista con Proceso, Lavandero sostiene que Armendáriz “no tenía ninguna prueba para ir al juicio oral, a pesar de que había dicho a la prensa que tenía todas las pruebas en mi contra. Por eso articuló un juicio abreviado, donde no se requieren pruebas, sino que basta con un acuerdo entre las partes”.
Expresa, además, que “cuando Armendáriz se percató que no tenía pruebas en mi contra en el proceso llevado a cabo en Temuco, abrió un libro de acusaciones en Santiago para que todos quienes quisieran pudieran estampar su reclamo. De ahí salieron los testigos de contexto, que lanzaron acusaciones que nunca habían hecho judicialmente de las que yo no podía defenderme. A pesar de que esto es abiertamente inconstitucional, la juez Gutiérrez lo aceptó”.