El gobierno debe enviar a la brevedad un veto a lo aprobado en el parlamento en materia de voto obligatorio -cuyo incumplimiento quedó sin sanción por decisión de la Cámara- con una penalidad que no debe ser en todo caso pecuniariamente onerosa. E incluir a todos los habilitados para votar, cualquiera sea su nacionalidad si cuentan con una residencia en el país de al menos
