La organización Fuerza Pobladora de Chile se reunió este miércoles en el Juzgado de Policía Local de la comuna de La Granja para apoyar a los vecinos y compañeros que fueron citados por no votar en las elecciones pasadas. El Estado de Chile pretende imponerles una multa como castigo, amenazándolos con encarcelarlos.
Un total de 4,8 millones de personas estaban convocadas a las urnas. Sin embargo, al contabilizarse la mayoría de los colegios electorales, la asistencia apenas alcanzó el 6,19%. Este porcentaje, aunque 1,8 puntos superior al de las primarias de 2020 realizadas en plena pandemia de COVID-19, sigue siendo alarmantemente bajo.
Las alcaldías son la primera línea en atención de los vecinos. Son los primeros en llegar ante tragedias y catástrofes. Entre los habitantes y las autoridades se forman relaciones de trabajo en conjunto que posibilitan mejorar ostensiblemente la vida de los ciudadanos y sus barrios.
Por consiguiente, la deslegitimación del proceso eleccionario no es algo vacuo. No es algo sin importancia. Por el contrario, se asienta sobre la certeza que la ‘elite política’ está en deuda con nosotros, una deuda que debe pagar y que se llama ‘nueva constitución’.
Poco o nada tienen que ver los ciudadanos con la llamada ingeniería electoral, es decir ese obsesivo empeño por construir pactos y alianzas que les aseguren a las distintas colectividades tener representantes en el Ejecutivo, el Parlamento, los gobiernos regionales y comunales.
El acuerdo alcanzado por las once colectividades que integran el pacto se traduce en la definición de 86 comunas en todo el país en las que se llevarán a cabo elecciones primarias.
Es importante destacar que estas elecciones locales serán las primeras en las que el voto sea obligatorio desde que se reinstauró este sistema en 2022, como respuesta a la crisis de participación electoral que el país enfrentaba.
Bachelet enfatizó la relevancia de la unión del oficialismo de cara a las elecciones municipales, desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista.