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La dura crítica de Bachelet a Maduro y a Guaidó -el primero por ser jefe de Estado de un régimen que vulnera los derechos humanos y el segundo por no ser lo que proclama que es (presidente designado)- ha creado, para el caso de Maduro, casi unanimidad en el mapa político chileno y, por cierto, unanimidad entre los medios de masas, que manejan la opinión pública, desde prensa, radio y TV.

 

Más repetido que una teleserie turca, el Informe Bachelet sobre Venezuela repite de la A a la Z las afirmaciones del gobierno norteamericano. O sea: las desventuras del pueblo venezolano se deben a un gobierno que viola sus derechos humanos, lo priva de alimentación y salud, y lo empuja al éxodo.

 

Al principio de este año Chile pasó por el Examen Periódico Universal (EPU) ante Naciones Unidas, Ginebra, Suiza. Este examen prevé un análisis de la situación en temas de derechos humanos del país. Las recomendaciones fueron discutidas ayer durante la 41° Sesión del Consejo de Derechos Humanos.

 

La represión desatada después del golpe de Estado de 1973 en las zonas rurales de nuestro país adquirió características muy particulares, ya que al aspecto ideológico de la represión se le sumó una componente clasista en contra de los campesinos y, en el caso de la región de la Araucanía, se le agregó un tercer elemento representado por el racismo hacia el pueblo mapuche.

 

La Corte de Apelaciones de Concepción dictó sentencia de segunda instancia en contra de 14 carabineros en retiro y civiles por su responsabilidad en el delito de secuestro calificado de 28 campesinos de Santa Bárbara y Quilaco, crímenes perpetrados a partir del 11 de septiembre de 1973 en sectores precordilleranos de la Región del Biobío.

 

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