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Odebrecht: de corruptor a delator

By Rafael Luis Gumucio Rivas (El Viejo) Octubre 05, 2019 317 0

Gustavo Gorriti, director de IDL Reporteros, destapó la olla, no sólo de la corrupción de los políticos, sino también del poder judicial, (este último, en el caso de “los cuellos blancos del Puerto” de Callao), y hasta ahora, uno de los implicados muy hábilmente el juez supremo, César Hinostrosa, ha logrado evitar la extradición desde España, en donde se encuentra luego de una genial escapada.

 

Los medios de comunicación peruanos se felicitan por el hecho de que la crisis política no haya tenido su correlato en la economía, pues aún Perú sigue creciendo un poco menos del 3% en su PIB, (es cierto que el crecimiento potencial pudo ser superior al 3%). Los empresarios socios de Odebrecht que pertenecen, en su  mayoría, al rubro de la construcción, (Grania - Montero y otros), apenas son destacados en los informes de los periodistas. Perú está enfermo en la política, pero muy sano en la economía.

 

Es admirable la inteligencia y creatividad de los encargados de Odebrecht en Perú para inventar sobrenombres: “caballo loco”, Oriente, Princesa, Magneto, bandido, Don Quijote, Sancho Panza…, todos estos alias, con el fin de ocultar los verdaderos nombres de los implicados.

 

Hasta ahora se contabiliza un robo de 58 millones de dólares, distribuidos en 18 proyectos del área, a 71 personas, entre naturales y jurídicas, entre las cuales destacan: Rutas y Metro de Lima, H2 Olmos, Carretera Interoceánica, Costa Verde y Gaseoductos.

 

Ayer, 4 de octubre, se produjo la quiebra de la empresa Odebrecht, que pretexta no tener dinero para pagar el digitador que permita conocer la relación entre los “alias” y las personas implicadas.

 

El gobierno peruano debe a Odebrecht más de 500 millones de dólares por concepto de construcción de una empresa hidroeléctrica, (no faltan los juristas partidarios de no pagar un Sol a los ladrones de Odebrecht, sin pensar que prestarían un gran servicio a los delincuentes de cuello y corbata que, en consecuencia, quedarían impunes).

 

Es evidente que la colaboración eficaz consiste en que fiscales y delincuentes tiene que negociar y, así,  ambas partes logran ventajas, (en el caso de Jorge Barata, director de Odebrech en Perú, se le rebajaría la pena en Brasil y, además, quedaría impune en Perú).

El pueblo peruano está perdiendo  la capacidad de asombro ante los hechos de corrupción, (se han convertido en el pan de cada día), por consiguiente, las declaraciones de Jorge Barata no impresionaron a nadie, y el único caso reciente es el de César Villanueva,  (ex Primer Ministro de Martín Vizcarra), que responde al seudónimo CV (´currículos vitae´), cohechado por Odebrecht.

 

El seudónimo Campaña Regional corresponde antigua alcaldesa de Lima, Susana Villagrán, de alias “Careca”, (nombre de un famoso payaso brasilero), además de Lourdes Flores y Luis Castañeda, de “Ámbito Regional”. A continuación se cita a “Campaña Nacional”, que incluye a Ollanta Humala, Keiko Fujimori, Alán García, que corresponden a los alias “Apra” y “Caballo Loco”, y a Alejandro Toledo, a “Oriente”, nombre atribuido por su amistad con Joseph Naiman, (vive en Israel). “Campaña Legislativa” corresponde a varios ex congresistas pertenecientes al Partido Popular Cristiano y al APRA, (hoy no están en ejercicio).

 

“Sipan” incluye a los ex ministros del segundo gobierno de Alán García, Javier Velásquez e Yahude Simón, y a  “Pastor Alemán”, que se oculta bajo el alias de “Aurelio Pastor”.

 

Martín Vizcarra hasta ahora ha ganado este round al Congreso, que sólo le queda el derecho al pataleo y, en razón de un último resquicio, ha reclamado ante el Tribunal Constitucional, cuyo fallo podría demorarse más de tres meses, es decir, coincidiría con la fecha de elección del nuevo parlamento.

 

El 4 de octubre juró el nuevo Gabinete, que no tiene muchas novedades, salvo el nombramiento de Gustavo Meza como ministro de Relaciones Exteriores, y la joven economista, María Antonieta Alva, quien se tituló en la universidad de Harvard, y se cree que tendrá éxito en su tarea encomendada. El machismo peruano se ha desatado por este nombramiento, en razón de ser mujer y aún joven para un cargo de esa importancia.

 

El fiscal, José Domingo Pérez, acusa al Partido Fuerza Popular de ser una asociación para delinquir, cuya líder y jefa es Keiko Fujimori, (hoy en prisión preventiva bajo el cargo de asociación ilícita y de obstrucción a la justicia). En estos días el Tribunal Constitucional debe fallar el recurso de amparo puesto por la defensa de Keiko Fujimori para lograr su libertad, (el precedente de la liberación  de Ollanta Humala y de Nadine Heredia obra en su favor).

 

Si se pretende descubrir la madre del cordero sobre la prisa de los congresistas de Fuerza Popular para nominar al señor Gonzalo Ortiz Zevallos como miembro del Tribunal Constitucional, esta radica en necesidad de asegurar los votos para liberar a su líder y jefa, Keiko Fujimori.

 

Los congresistas de Fuerza Popular, especialmente después de la disolución del Congreso por parte del Presidente Vizcarra, se han comportado como verdaderos mafiosos: Gonzalo Ortiz Zevallos es primo del presidente del disuelto Congreso, el señor Pedro Olaechea; además, el fuji-aprismo se “suicidó” al archivar el proyecto de Vizcarra, que acortaba el plazo de duración del Presidente de la República y de los miembros del Congreso.

 

Como buenos juristas virreinales, los constitucionalistas peruanos se han entretenido en interpretar artículos de la Carta Magna, evidentes y literales, por ejemplo, la facultad del Presidente de la República para disolver el Congreso cuando le niega la confianza por dos veces consecutivas.

 

En Perú, los recientes acontecimientos demuestran fehacientemente  que no se ha  dado ningún golpe de Estado, (como  sí se cumplieron las condiciones en el de Alberto Fujimori, en 1992), pues Vizcarra se ha atenido a la Constitución vigente.

 

Las confesiones de Barata no han cumplido con las expectativas de la ciudadanía peruana respecto a develar los hechos de corrupción estructural que han venido asolando a Perú desde hace varias décadas, que no sólo incluye a los políticos, sino también a empresarios y jueces.

 

Rafael Luis Gumucio Rivas (El Viejo)

05/10/2019       

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