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Trabajo

Trabajo (16)

En estado de alerta y preparando una jornada de protesta y una marcha hacia el Congreso Nacional se encuentran la mayoría de las caletas de pescadores de la Región de Valparaíso, quienes califican como “un atentado a la democracia” la posibilidad de que la entrada en vigencia de la llamada Ley Jibia se postergue por dos años.

 

A poco menos de un año desde que se conformo la Central Clasista de Trabajadores y Trabajadoras, nos encontramos atravesando un proceso electoral que aparece como un hecho político relevante para el sindicalismo en Chile.

 

Hace pocos días se publicó la “Encuesta de Ocupación y Desocupación en el Gran Santiago” que realiza el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, que arrojó un aumento en la tasa de desempleo de la Capital, la cual habría subido hasta un 8,4% en el mes de junio, registrando un aumento del 0,8 puntos porcentuales respecto a la medición de marzo de este año y un aumento de 1,4 puntos en los últimos doce meses.

 

Muy lentamente se empieza a tomar el peso de la catástrofe que implica, y seguirá implicando, la automatización para el empleo de millones de personas... y, por ende, para su supervivencia. Sí, insisto, son millones: “un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) estima que el 53% de los empleos en Chile se verán amenazados por la automatización en los próximos años”.[1] Ello significa que más “de un millón de empleos están con alto riesgo de automatización en Chile”.[2]

 

La Federación Nacional del Ministerio Público hizo un llamado al Gobierno de Chile a escuchar a los funcionarios y funcionarias de esta institución en la actual discusión que busca reformar nuestra Ley Orgánica. Para los trabajadores,  el Gobierno ha equivocado su camino al excluirlos de las conversaciones que ha liderado el Ministro del Interior con colaboración del Ministro de Justicia, reuniéndose durante la semana pasada en conjunto con el Presidente Sebastián Piñera, el Fiscal Nacional y los Fiscales Regionales, pero no recibiendo a la Federación que ha venido solicitando diversas reuniones desde hace más de un mes. La última solicitud, con fecha 20 de junio de 2019, con el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, les informó en dos oportunidades a través del departamento de comunicaciones que el Ministro no puede recibirlos por ser el Ministerio Público una institución autónoma. 

 

Cinco días duró la huelga de Walmart. Sus fortalezas, por parte de las y los trabajadores, fueron las enormes ganas de mostrar al mundo que en Chile una empresa que es un consorcio internacional paga los peores sueldos y sostiene malas condiciones de trabajo. Lo que se muestra especialmente, cuando se trata de introducir tecnología, predominando el abuso, al imponer nuevas tareas ajenas a las labores cotidianas o pactadas en el contrato, con la excusa que se hace para que los y las trabajadoras no pierdan su trabajo.

Desde su instalación, el gobierno de Sebastián Piñera ha impulsado una serie de reformas en contra de los intereses de las y los trabajadores y sectores populares. Por ejemplo, se ha propuesto una serie de reformas al actual Código del Trabajo, que busca anular la eficacia real de la huelga como método de presión y flexibilizar de manera brutal la jornada de trabajo. En materia previsional, se intenta mantener el cuestionado sistema de AFP, a través del engaño, la mentira y el desconocimiento de la propuesta alternativa de los trabajadores: un sistema previsional tripartito y de reparto solidario. Todas estas medidas, sabemos que, de aprobarse, nos harán retroceder cien años en conquistas y derechos.

 

 

Pese al llamado que realizó el lunes por la noche Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, a deponer el paro y aceptar la propuesta del gobierno, la mayoría de los profesores votaron ayer contra esta oferta y por la continuidad del paro, que se extiende por su sexta semana.

 

Mientras la continuación de un prolongado paro de docentes se decide hoy, otros sindicatos se lanzan a la huelga en todo el país en reclamo de mejores salarios y garantías laborales.

La ley perjudica a los trabajadores de menores ingresos y a las PYMES. Amenaza las posibilidades de capacitación de los trabajadores de menores ingresos y baja calificación. Y es regresiva porque en lugar de avanzar en la solución de los problemas que dificultan la capacitación de  los trabajadores de bajos ingresos, profundiza estos problemas.

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