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Presentación de Roxana Pey, Presidenta de CENDA, ante la Comisión Acusación Constitucional a Ministra de Educación

Roxana Pey Roxana Pey

CENDA apoya la Acusación Constitucional a la Ministra de Educación, pues su actuar significa un retroceso en la solución de la profunda crisis de la educación pública, con manifiesta dejación de sus responsabilidades en la implementación de leyes aprobadas en el gobierno precedente, con apoyo de todos los sectores, que la fortalecen. 

 

La profunda crisis de la educación chilena se arrastra por décadas y afecta a todos los niveles e instituciones, a estudiantes, académicos y profesores, y asistentes de la educación, afecta a las sucesivas generaciones y al futuro de Chile. 

 

Una larga crisis, reconocida por un número importante de expertos, literatura y las propias comunidades educativas, que el gobierno anterior se propuso abordar y se dieron pasos importantes por superarla. La actual Ministra ha intentado revertir este avance, aún a costa de incumplir con su deber de respetar las leyes de la República. 

 

Mientras se hubiera mantenido en el marco legal, si no hubiera actuado tan flagrantemente al servicio de sus ideas propias y opiniones, habría podido cumplir sus obligaciones ministeriales de servicio público. Sin embargo no ha sido así y es triste y preocupante constatarlo.

 

La crisis en educación superior ha sido generada por el intento de privatizarla, mediante un esquema de financiamiento público que llevó a un insostenible endeudamiento, precarización institucional y laboral. El camino de solución, plasmado parcialmente en las nuevas leyes de gratuidad, admisión, apoyo a las instituciones estatales y reforzamiento del aseguramiento de calidad, ha sido entrabado por esta Ministra.

 

La crisis en educación básica y media, pública, ha consistido en la segregación e inequidad introducida por la municipalización durante la década de los 80. Municipios con disímiles capacidades financieras y de gestión, resultan en desiguales derechos y oportunidades a lo largo de Chile. A lo que se sumaba la selección con criterios discriminatorios. (Ej. 81% en 1981 a 36% del total de la matrícula en 2017). 

En ambos casos, educación superior y educación pública los problemas han provenido de un desregulado mercado, construido artificialmente y a la fuerza entregando el financiamiento público mediante vouchers.

Faltar a la ley es siempre grave, sin embargo las faltas que en esta acusación se describen y sustentan, revisten gravedad mayor justamente por lo que afectan, la educación pública, el futuro de niños y niñas, de nuestros jóvenes y por lo tanto el desarrollo de Chile. 

Nunca antes, bien sea recordando espontáneamente o revisando nuestra historia, encontraremos un momento menos propicio, un clima más inadecuado para los delicados procesos educativos. Nos referimos a un clima de agresividad, desconfianza y en ocasiones abierta violencia, sumada a la incertidumbre y ambigüedad de una “política educativa nacional” que no se logra precisar; y la responsabilidad de generar las condiciones profesionales y de capacidades en la implementación del conjunto de Leyes que se aprobaron en el Congreso Nacional. Todos estos negativos elementos han sido introducidos y mantenidos sin pausa por la Ministra de Educación.

Violencia decimos. Porque todo Chile y el mundo han presenciado a fuerzas especiales de carabineros rodeando escuelas, parapetados en sus puertas, encaramados a sus techumbres, es más, entrando a salas de clases en plena actividad educativa. Hemos visto con estupor gases tóxicos lanzados en esos espacios escolares, no en una ocasión excepcional sino que a diario, por largos meses, en estos mismos instantes. Jóvenes muchachas golpeadas, arrastradas y tironeadas, por el simple acto de expresar sus ideas. Y esto en Chile, donde golpear a menores es ilegal. El honor de la Nación está gravemente comprometido.

 

¿De que se trata esto? Nos preguntamos. ¿Es simple incapacidad? ¿Desidia? ¿Es no entender cómo funciona la educación? ¿O hay más, inconfesable intencionalidad?

Violencia decimos, porque es violento sindicar a estudiantes como poco meritorios, “manzanas podridas”, como sujetos de sospecha y potenciales delincuentes a quienes se intenta “eliminar”, “expulsar”. 

Es relevante mencionar todo esto, pues estos términos han estado ampliamente presentes en el lenguaje público de las actuales autoridades, enfáticamente promovido y avalado por la Ministra.

Violento fue también el manejo de la Ministra con la larga movilización del Magisterio durante el presente año, desatendiendo el problema y desoyendo por varias semanas los llamados al diálogo. Se aferró a una actitud que prolongó el paro, y que al finalizarlo ha mantenido la discriminación en el pago a las menciones de educadores diferenciales y de párvulos.

Citaré a la destacada Premio Nacional de Educación, Beatrice Ávalos, quien ha señalado públicamente que “la Ministra muestra un modo inmediatista de resolver problemas complejos”. Ávalos, que sabe como nadie sobre estas materias, continúa: “En ninguna parte se ha logrado resolver los problemas ‘eliminando’ a los culpables, por el contrario, donde hay avances es con programas que descansan en la formación y apoyo, tanto a esos ‘culpables’ como a las familias y comunidades escolares. Y cuando se reconstruyen climas educativos propicios “. 

Porque solo se puede educar en la confianza. Y los estudiantes no son delincuentes ni las escuelas cuarteles o reformatorios. 

“Aula segura”, cuya propuesta original fue modificada antes de su aprobación y su sola discusión ha provocado el aumento de la rebeldía juvenil, evidencias de miedo y estrés en estudiantes hasta la detección de encubrimiento de acoso sexual por temor a represalias. “Aula segura” digo, se suma a “Admisión justa”, que fue rechazada, y los menciono como ejemplos de una visión retrógrada, sin fundamento, contraria a toda evidencia de calidad y equidad, pero que hasta ahora son las únicas y preocupantes señales del supuesto “diseño” de este Ministerio de Educación para la educación pública.

Además, como si fuera poco, se ha trastocado el rol y significado de las comunidades escolares, de los padres y apoderados, llegando a producir categorías y bandos, mientras han sido utilizados en una verdadera campaña financiada con recursos y datos confidenciales del Estado, para promover ideas y opiniones de la Ministra, abiertamente contrarias a las leyes de educación que le corresponde aplicar, y buscando asestar un golpe a su implementación, desinformando, generando ansiedad y descontento anticipado en apoderados.

Es tal el desenfado en esta campaña de desinformación, que sorprende y ha mantenido en alerta a todos los y las entendidas en educación que lo han manifestado en innumerables ocasiones. 

Cito un ejemplo. Ministra declara: “Sistema de admisión escolar pone muro entre familias y colegios. Ley prohíbe a padres pedir entrevista en colegio al que el sistema los derivó, y que quizás ni conocen, hasta después de matricularlo... familias reclaman que sistema  los obliga a hacer lo que uno no quiere”. Responde el abogado Fernando Atria: “Mentiras y más mentiras. La ley prohíbe al establecimiento exigir entrevistas, tal como prohíbe exigir la foto en el CV. Pero permite a los padres pedirlas: "Las entrevistas que se realicen en esta etapa de postulación deberán ser solicitadas por los padres..." (art. 7bis). También le responde la investigadora del CEP Sylvia Eyzaguirre: “Algunos dichos de la ministra Cubillos son de frentón falsos”.

Son interminable las declaraciones engañosas y las respuestas que han gatillado, en columnas, cartas, presentaciones, debates, etc. Es así como, enfrentados a una conducta reiterada, se llega al punto de esta acusación.

La Ministra ha aparecido constantemente desafiante para anunciar que “habrán problemas”, “se van a hacer evidentes las fallas de diseño del Sistema de Admisión Escolar”. Pero no ha destinado ninguna palabra a proponer alguna solución a los problemas que vislumbra en el sentido de mejorar para que la implementación sea buena, en vez de hacer todo lo posible por profundizar defectos de las leyes que el país se ha dado democráticamente. 

Aquí no se trata de su persona, ni de su familia ni de su honra. Tampoco de sus ideas, ni siquiera del programa de este gobierno o del “legado” del anterior. Se trata del rol de la MInistra en cuanto a tal, de la debida continuidad democrática y del espacio más sagrado de todos en una sociedad digna: la educación de sus menores, del derecho a ese espacio sin amenazas ni malos usos.

Y si el gobierno y su Ministra de Educación, como reclaman, quieren gobernar, deben hacerlo con las reglas del juego democrático y apegados a las leyes. Por cierto, imponerse por otras vías es algo que conocemos, pero estos son otros tiempos, ciertamente mejores en este sentido. Es legítimo proponer nuevas medidas y reformas, pero en un marco democrático, esto debe ser a través de proyectos de Ley y someterlos a la discusión democrática del Congreso, lugar en que se expresará la voluntad de las mayorías. 

Lo grave es que las faltas cometidas por la Ministra han tenido nefastas consecuencias para el avance de la educación pública. ¿Es este un resultado buscado? ¿Qué motivaciones ha tenido? ¿Acaso y simplemente, defender lo indefendible, el fracasado modelo de municipalización implementado en dictadura?

Mientras la Ministra gasta enormes esfuerzos en la campaña de desinformación, los plazos para iniciar la difusión sobre el Sistema de Admisión Escolar y su implementación se han ido incumpliendo, con abierta dejación, descuido, lentitud, omisión en tomar las decisiones que se requieren de forma oportuna para este complejo y delicado proceso.

Las contrataciones y concursos se han dilatado, o incluso omitido prefiriendo las contrataciones a dedo de directores y subdirectores de los tres Servicios Locales de educación Pública (SLEP) siguientes, en lugar de concursarlos. (Importante decir que si bien es complejo dar seguimiento a los procesos y micro-procesos de gestión y administrativos, se advierte una animosidad de poca o nula voluntad en implementar el conjunto de Leyes aprobadas)

El primer director del nuevo Sistema de Educación Pública (NEP), Sr. Rodrigo Egaña Baraona, uno de los más importantes y prestigiosos funcionarios públicos tras el retorno de la democracia, denunció intencionalidad política en la manera y oportunidad de dar a la publicidad resultados de una auditoría realizada meses antes a los 4 nuevos servicios locales de educación (SLEP) iniciales (Barranca, Puerto cordillera, Costa Arauncanía y Huasco), mediante una minuta revisada personalmente por la propia Ministra. Esto muestra una utilización político - comunicacional de situaciones delicadas para fines que no son precisamente el mejor resultado de la implementación de la ley de Educación Pública.

Si la campaña de desinformación e intento de desprestigio del sistema de Educación Pública es feroz, despiadada e ilegítima ―pues mantiene a la Ministra en actividades contrarias a la ley (ley 21.040) que le corresponde aplicar y conducir―, hacia el interior del MINEDUC y liderados por ella misma se evidencia una dilación intencionada, en una la larga lista de actos de los que destacaré los siguientes :

  • Se dejó, negligentemente, sin conducción durante meses a un sistema que está en plena implementación. El concurso para el cargo de Director Nacional de Educación Pública tuvo una seguidilla de inexplicables obstáculos. El primer concurso se declaró desierto, a pesar de existir una terna. Posteriormente se nombró un suplente, María Francisca Johansen. Sólo meses después (8 meses) se realizó el nuevo concurso ADP y se nombró una nueva Directora.
  • Sub Ejecución Presupuestaria de los nuevos SLEP, que fueron instalados en 2019. Se han postergado incomprensiblemente los concursos de cargo para los nuevos SLEP y en todo los necesario para su inminente funcionamiento. 
  • La ejecución presupuestaria de estos Servicios, de acuerdo a la última información de DIPRES, era inferior al 10% de los recursos asignados por la Ley de Presupuestos. Sería interesante conocer en cuánto va dicha ejecución al día de hoy. 

Es evidente que de continuar estas malas prácticas, de dilación, omisión, desinformación, la Ministra de Educación conseguiría demostrar e implementar el fracaso de la ley de Educación Pública, con gran irresponsabilidad y daño a miles de menores que merecen recibir de Chile una educación sin discriminación, sin violencia de ningún tipo, merecen ser educados en la confianza. 

Tal vez su plan inconfesable sea hacer llegar al nuevo sistema de educación pública con un gran cúmulo de problemas a su hito más importante de Evaluación Intermedia que le corresponde en el 2021, poniendo en riesgo su continuidad a la siguiente etapa de escalamiento.

Quien sabe lo que pase por su cabeza, ello no tiene importancia. Por suerte, vivimos en democracia y existe separación de poderes. El parlamento tiene en sus manos el mecanismo de acusación constitucional, proceso de naturaleza jurídico-política, que nos protege de estos abusos de poder, de autoritarismos y de fundamentalismos ideológicos.

Instamos a los honorables Diputados y Diputadas a sopesar la gravedad de estas actuaciones dejando de lado sus simpatías partidarias o ideológicas y pensar verdaderamente en los niños y niñas que necesitan una educación pública robusta.

Pero además de eso, necesitamos que las autoridades, especialmente quién ejerza en el Ministerio de Educación, tengan conciencia que sus acciones constituyen un referente educativo, que su figura y actuar deben ser un modelo a seguir, donde no caben los amañes ni el voluntarismo. 

Y aún más urgente, hay que frenar la ilegal violencia de fuerzas especiales de carabineros contra menores de edad. Ahora mismo. 

CENDA apoya la Acusación Constitucional a la Ministra de Educación, pues efectiva, reiterada y manifiestamente ha faltado a la veracidad, ha realizado campañas usando datos personales, no ha ejercido el control jerárquico que le corresponde para hacer cumplir las leyes, ha omitido su deber reflejado en la baja ejecución presupuestaria, no ha respetado el principio de igualdad discriminando a parte del magisterio.




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