Pinochet versus Pinochet

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Son muchos los chilenos que se preguntan qué pasara en diciembre próximo cuando la ciudadanía tenga que resolver entre aprobar un nuevo texto constitucional o darle continuidad a la Carta Magna heredada de la dictadura.  Sin embargo, las dudas al respecto son muy débiles si se considera que, después de largos años de deliberaciones y desacuerdos políticos el país enfrenta dos opciones que no difieren mucho entre sí, después de que el oficialismo y la izquierda no fueran capaces de reunir un apoyo popular necesario para fundar un nuevo orden institucional que pusiera fin a la larga posdictadura.

Lo curioso es que la derecha, esto es los sectores herederos del Régimen Militar, que se opuso largamente a la posibilidad de dar por clausurada la Constitución de 1980, se vió de la noche a la mañana con el respaldo ciudadano para liderar el último intento constitucional, dejando completamente abatidas las posiciones que reclamaban un cambio de orden y sistema. De ello se derivó la propuesta que será plebiscitada a fin de año, en que muy probablemente una nueva mayoría electoral termine por rechazarla y con ello volver a fojas cero. Esto es legitimar en las urnas el modelo institucional pinochetista con los votos de quienes fueron por tanto tiempo los principales detractores políticos del régimen militar.

Difícil entender lo que ha sucedido para concluir consolidando la democracia acotada o “protegida” pero por sobre todo el sistema económico social neoliberal causante de las profundas inequidades sociales que nos llevaron al Estallido Social del 2019. Esa masiva y violenta protesta que tuvo a punto de echar abajo toda nuestra institucionalidad de no haber mediado la pandemia del Coronavirus que obligó al país a enclaustrarse.

De lo que nadie tendrá dudas a fin de año es del profundo fracaso de la clase política chilena, de la puerilidad de tantos partidos y dirigentes políticos incapaces de arribar a una salida política que significara profundizar nuestra democracia y abrir los cauces para la solución de las agudas demandas sociales. Cuando, de nuevo, la inequidad en el ingreso campea, crece la cesantía, los índices económicos se mantienen estancados y el país observa atónito la ineptitud de gobernantes y legisladores para implementar la reforma tributaria y de pensiones, ponerle fin a un sistema de salud profundamente desigual, resolver los agudos déficits de vivienda y educación, entre las demandas consideradas más emblemáticas.

El gobierno de Gabriel Boric se encamina a cumplir dos años de muy pobre desempeño, habida cuenta los bloqueos de la oposición en el Parlamento y el estallido de nuevos y gravísimos episodios de corrupción que han comprometido a los sectores que se suponía más límpidos y probos de quienes están en el Gobierno. Sumando a ello, por cierto, las inestabilidades provocadas en la economía por las guerras y otros fenómenos globales.

Ya nadie puede dudar que la oposición electoral al cambio institucional expresó, mucho más que la radicalidad del texto propuesto por la izquierda, el descontento político y social con las nuevas autoridades. Materializando un voto de rechazo que ahora pudiera afectar a la derecha que busca aprobar un nuevo texto. Porque claro está que el descontento es general respecto de toda la política y de quienes se aferran a sus cargos, sin que siquiera un solo ministro, parlamentario, alcalde o autoridad elegida haya tenido hasta aquí el coraje de reconocer su fracaso y dar un paso al costado. Renuencia que confirma que el principal afán de la política y de los partidos es retener sus cargos, corromperse en los mismos y, con su completa indolencia, arriesgar que se vuelva a expresar una ruptura social de graves consecuencias.

Como lo repiten insistentemente los dirigentes sociales, es poco o nada lo que les importa a los chilenos el contenido de una nueva Carta Magna. Menos todavía, cuando se constata que los dos textos que se plebiscitarán no ofrecen mayores diferencias entre sí, puesto que ambos han sido redactados, finalmente, por las mismas manos de la derecha que ahora ha venido desplazando el liderazgo de los sectores autoproclamados democráticos y progresistas. Y que hoy suman a su descrédito el desarrollo de la criminalidad, el arribo a Chile de las más peligrosas bandas delictuales, el empoderamiento del delito y la inseguridad ciudadana. Así como la impunidad judicial, la corrupción y la falta de probidad que tanto irrita al conjunto de la población.

No hay duda que en este cuadro le resulta mucho más fácil a la derecha agitar el descontento social y abrirse a la posibilidad que siempre guarda bajo de la manga: la intervención de las Fuerzas Armadas y policiales en caso de que el pueblo se soliviante. De hecho, y pese al trágico recorrido de los Derechos Humanos en Chile, son cada vez más numerosos los que le declaran haberle perdido confianza a la democracia, empezando a añorar un régimen de fuerza.

Aunque el Partido Republicano y sus socios de la derecha aseguran que su propuesta constitucional es sólida y ha sido legitimada por las distintas instancias que participaron en su redacción, tal parece que confían más en que los chilenos la voten favorablemente más en repudio a los actuales moradores de La Moneda que por sus contenidos. Así como desde el oficialismo, la confianza del Gobierno y sus referentes es apostar a que en el pueblo pueda seguir gravitando su oposición al pinochetismo.

Pero tal parece que en uno u otro caso será la sombra del Dictador la que resulte airosa. Algo nada de encomiable, por supuesto, después de todo lo vivido en 50 años de historia.

Por Juan Pablo Cárdenas

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