Las acusaciones particular y popular en el proceso que se sigue en la Audiencia Nacional por genocidio, terrorismo y torturas contra Augusto Pinochet anunciaron ayer la presentaci�n de una querella contra cuatro responsables del Banco Riggs, de Washington (EE UU), por delitos de alzamiento de bienes y blanqueo de dinero del ex dictador chileno. Los bienes de Pinochet est�n embargados por el juez Baltasar Garz�n desde el 18 de octubre de 1998 y el Banco Riggs, seg�n los querellantes, realiz� maniobras para eludir el embargo del juez espa�ol.

El pasado 15 de julio, el Senado de Estados Unidos public� un informe titulado "Blanqueo de dinero y corrupci�n extranjera: aplicaci�n y eficacia de la Patriot Act. Estudio del caso del Banco Riggs".

En este informe se recog�a que el patrimonio de Pinochet, de 88 a�os, se elevaba a unos 100 millones de d�lares, de los que alrededor de ocho millones se encontraban en cuentas del citado banco. Tambi�n se describ�an conductas que parecen dirigidas a eludir el embargo de las cuentas y del patrimonio del dictador chileno ordenado por el juez Garz�n en octubre de 1998.

Por ello, la acusaci�n particular y popular en el caso Pinochet han pedido a la Audiencia Nacional que persiga los delitos de alzamiento de bienes y de blanqueo de dinero, presuntamente cometidos por los directivos del Banco Riggs, al tiempo que insta a que declare responsable civil a la entidad.

Al mismo tiempo, ha solicitado que se adopten entre otras las siguientes medidas:

• Instar a las autoridades estadounidenses para que inicien acciones penales contra los cuatro responsables del Banco Riggs por alzamiento de bienes y lavado de dinero de Pinochet y que embarguen cautelarmente fondos del banco para asegurar los millones de d�lares defraudados a las v�ctimas del ex dictador chileno.
• Comunicar a la Justicia chilena la comisi�n de delitos de alzamiento de bienes y blanqueo de dinero de Augusto Pinochet para que, a su vez, investiguen y juzguen la parte de esos delitos que se hayan cometido en Chile.
• Solicitar a las autoridades de Estados Unidos, Reino Unido y Bahamas que proporcionen los movimientos de las cuentas de Pinochet con el fin de localizar los cien millones de d�lares en los que el Banco Riggs ha estimado el patrimonio del ex dictador, para asegurar que se destinar�n a indemnizar a sus v�ctimas.

Procesos en Chile y EE UU

Mientras tanto, se han iniciado investigaciones sobre este asunto en Chile y Estados Unidos. El juez Sergio Mu�oz fue designado por la Corte de Apelaciones de Santiago para investigar en Chile una denuncia criminal presentada contra Pinochet por delitos de fraude al fisco, malversaci�n de fondos y cohecho. El ex dictador chileno deber� explicar c�mo, con un sueldo de general y de presidente -entre seis y siete mil d�lares mensuales de la �poca-, se pueden conseguir ocho millones de d�lares. Dos de sus hijos han declarado que los fondos proceden de donaciones privadas en el extranjero.

Adem�s, se espera que el Consejo de Defensa de Estado, el organismo aut�nomo que vigila el buen uso de los recursos estatales, inicie otra investigaci�n para determinar el origen del dinero.

La abogada Carmen Hertz considera parad�jico que Pinochet pueda hacer transacciones bancarias y cobrar cheques en persona, cuando la Corte Suprema de Chile declar� que padec�a demencia senil para evitar juzgarle por los cr�menes de la denominada caravana de la muerte, en la que fueron asesinadas 75 personas.

En Estados Unidos, el presidente George W. Bush se comprometi� ante el presidente chileno, Ricardo Lagos, en visita oficial a Washington, a realizar una "completa investigaci�n".

Esos procesos pueden dificultar la tramitaci�n del proceso que pueda abrirse por este asunto en Espa�a, habida cuenta la naturaleza subsidiaria de la jurisdicci�n espa�ola. El caso deber� investigarse y juzgarse en primer t�rmino en el lugar en el que se cometi� el delito, presumiblemente Estados Unidos y Chile.

La justicia espa�ola, en todo caso, perseguir� las maniobras del Banco Riggs para eludir el embargo de los bienes de Pinochet decretado por el juez Garz�n.