Las acusaciones particular y popular en el proceso que se sigue en la Audiencia Nacional por genocidio, terrorismo y torturas contra Augusto Pinochet anunciaron ayer la presentación de una querella contra cuatro responsables del Banco Riggs, de Washington (EE UU), por delitos de alzamiento de bienes y blanqueo de dinero del ex dictador chileno. Los bienes de Pinochet están embargados por el juez Baltasar Garzón desde el 18 de octubre de 1998 y el Banco Riggs, según los querellantes, realizó maniobras para eludir el embargo del juez español.

El pasado 15 de julio, el Senado de Estados Unidos publicó un informe titulado "Blanqueo de dinero y corrupción extranjera: aplicación y eficacia de la Patriot Act. Estudio del caso del Banco Riggs".

En este informe se recogía que el patrimonio de Pinochet, de 88 años, se elevaba a unos 100 millones de dólares, de los que alrededor de ocho millones se encontraban en cuentas del citado banco. También se describían conductas que parecen dirigidas a eludir el embargo de las cuentas y del patrimonio del dictador chileno ordenado por el juez Garzón en octubre de 1998.

Por ello, la acusación particular y popular en el caso Pinochet han pedido a la Audiencia Nacional que persiga los delitos de alzamiento de bienes y de blanqueo de dinero, presuntamente cometidos por los directivos del Banco Riggs, al tiempo que insta a que declare responsable civil a la entidad.

Al mismo tiempo, ha solicitado que se adopten entre otras las siguientes medidas:

• Instar a las autoridades estadounidenses para que inicien acciones penales contra los cuatro responsables del Banco Riggs por alzamiento de bienes y lavado de dinero de Pinochet y que embarguen cautelarmente fondos del banco para asegurar los millones de dólares defraudados a las víctimas del ex dictador chileno.
• Comunicar a la Justicia chilena la comisión de delitos de alzamiento de bienes y blanqueo de dinero de Augusto Pinochet para que, a su vez, investiguen y juzguen la parte de esos delitos que se hayan cometido en Chile.
• Solicitar a las autoridades de Estados Unidos, Reino Unido y Bahamas que proporcionen los movimientos de las cuentas de Pinochet con el fin de localizar los cien millones de dólares en los que el Banco Riggs ha estimado el patrimonio del ex dictador, para asegurar que se destinarán a indemnizar a sus víctimas.

Procesos en Chile y EE UU

Mientras tanto, se han iniciado investigaciones sobre este asunto en Chile y Estados Unidos. El juez Sergio Muñoz fue designado por la Corte de Apelaciones de Santiago para investigar en Chile una denuncia criminal presentada contra Pinochet por delitos de fraude al fisco, malversación de fondos y cohecho. El ex dictador chileno deberá explicar cómo, con un sueldo de general y de presidente -entre seis y siete mil dólares mensuales de la época-, se pueden conseguir ocho millones de dólares. Dos de sus hijos han declarado que los fondos proceden de donaciones privadas en el extranjero.

Además, se espera que el Consejo de Defensa de Estado, el organismo autónomo que vigila el buen uso de los recursos estatales, inicie otra investigación para determinar el origen del dinero.

La abogada Carmen Hertz considera paradójico que Pinochet pueda hacer transacciones bancarias y cobrar cheques en persona, cuando la Corte Suprema de Chile declaró que padecía demencia senil para evitar juzgarle por los crímenes de la denominada caravana de la muerte, en la que fueron asesinadas 75 personas.

En Estados Unidos, el presidente George W. Bush se comprometió ante el presidente chileno, Ricardo Lagos, en visita oficial a Washington, a realizar una "completa investigación".

Esos procesos pueden dificultar la tramitación del proceso que pueda abrirse por este asunto en España, habida cuenta la naturaleza subsidiaria de la jurisdicción española. El caso deberá investigarse y juzgarse en primer término en el lugar en el que se cometió el delito, presumiblemente Estados Unidos y Chile.

La justicia española, en todo caso, perseguirá las maniobras del Banco Riggs para eludir el embargo de los bienes de Pinochet decretado por el juez Garzón.