La dictadura de Pinochet nació reñida con el periodismo. La historia recuerda que entre los primeros bandos militares estuvieron los que clausuraban temporal o definitivamente a algunos medios de comunicación, mientras se le imponía la censura previa al resto. Ya en La Moneda muere el primer periodista -Augusto Olivares- mientras que muchos otros son detenidos en campos de concentración o forzados al exilio. En más de 17 años de autoritarismo, las relaciones entre militares y comunicadores sociales fue muy tensa y el ejercicio de la profesión de informar fue perseguido sistemáticamente.

Sin embargo, esos tensos años registran el surgimiento de varios diarios, revistas y radios democráticas a través de los cuales la disidencia pudo expresarse, denunciar las graves violaciones a los Derechos Humanos y promover la movilización. Por lo mismo es que estos medios sufrieron diversas formas de persecución judicial a través de los tribunales civiles y militares. Muchos periodistas, asimismo, fueron víctimas del amedrentamiento constante, y ya bastante avanzada la Dictadura, el editor internacional de la Revista Análisis, José Carrasco Tapia, fue ultimado con catorce impactos de bala, crimen que hasta hoy sigue impune, aunque los autores materiales están ya identificados.

Las organizaciones gremiales de los periodistas han completado el balance de los profesionales que fueron asesinados, encarcelados y acosados de distinta manera. El Informe oficial de la Comisión de Verdad y Reconciliación también registra caso a caso la persecución que afectó a más de un centenar de periodistas, fotógrafos y camarógrafos, entre ellos varios corresponsales extranjeros. Los tribunales de justicia, en tanto, han abierto investigación y procesado a algunos militares por su participación en casos de los periodistas que fueron asesinados o hechos desaparecer y todo indica que en los próximos meses van a ejecutoriarse las primeras condenas. Ello, a pesar de que sigue vigente en Chile la Ley de Amnistía dictada por la Dictadura y que protege con el manto de la impunidad los actos de represión entre 1973 y1977. Asimismo, en lo que toca al Estado, los profesionales de la prensa perseguidos por la Dictadura han sido favorecidos por algunas discretas reparaciones de carácter previsional y la eliminación de sus prontuarios judiciales a objeto de facilitarles sus trámites de jubilación y posibilidades laborales. En este momento, otra Comisión de carácter oficial estudia la situación de los chilenos que fueron torturados y encarcelados, entre los que probablemente se consignen una treintena de periodistas. Según la Ley, estos serán reparados moral y pecuniariamente, aunque el mismo texto establece que ésta será más simbólica que efectiva.

En el balance de los despropósitos cometidos por la Dictadura contra los medios y sus profesionales resulta nítido que la represión fue ejercida fundamentalmente por la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA)y su sucesora la Central Nacional de Inteligencia (CNI), entidades represivas creadas por Pinochet e integradas principalmente por efectivos del Ejercito. Sin embargo, en el actual período de transición a la democracia no se conoce de parte de las Fuerzas Armadas un "mea culpa" por las violaciones cometidas contra la Libertad de Expresión y la dignidad de los profesionales de la prensa. Hasta aquí, los nuevos mandos militares no han emprendido acción alguna destinada a esclarecer hechos tan dramáticos como el homicidio de Carrasco Tapia, las expropiaciones de inmuebles y maquinarias de imprenta, las detenciones arbitrarias y los diversos atentados contra la propiedad personal y familiar de varios periodistas. Después de 14 años, por ejemplo, las oficinas del diario El Clarín, sus talleres y mobiliario siguen ocupadas por dependencias del Ejército. Luego de demandar por años la devolución de estos bienes, los propietarios del que fuera el diario de mayor circulación nacional han debido querellarse en un tribunal extranjero contra el Estado Chileno, a objeto de recuperar los bienes arrebatados y ser indemnizados por el enorme perjuicio de impedírseles la circulación por más de 30años.

Tampoco se aprecia un esfuerzo de los institutos militares por recuperar su deteriorada imagen ante los medios de comunicación. La oficialidad, en general se muestra muy reacia a enfrentar a los reporteros, informar sobre sus actividades castrenses y trasparentar sus gastos y operaciones. En estos meses, especialmente el Ejército y la Armada están adquiriendo gran aviones de combate y navíos, sin que la opinión pública chilena conozca las razones estratégicas o tácticas de tales compras. En el debate público provocado por estos millonarios gastos, las distintas ramas de las FF.AA se abstienen de participar o hacer públicos informes o estudios los justifiquen.

Finalmente, tampoco la ciudadanía ha recibido señal alguna del Ejército en cuanto a renunciar a los abultados ingresos que recibe esta institución más allá del presupuesto fiscal regular. Se trata nada menos que del 10 por ciento de todas las ventas de cobre efectuadas por la Corporación del Cobre (Codelco), empresa estatal que produce más del 30 por ciento de la principal extracción minera del país y de cuyas exportaciones se alimenta fundamentalmente la economía chilena y el erario público. Demandada por la propia empresa y la ciudadanía, las autoridades políticas no se atreven todavía a contrariar el deseo de los militares de continuar privilegiados por este aporte que podría destinarse a la educación, la salud o la construcción de viviendas, en el que se sindica como uno de la s naciones de mayor inequidad social en el continente. Un país, por lo demás que no tiene en el horizonte posibilidad de conflicto bélico alguno, toda vez que ha ido resolviendo por la vía diplomática todos sus pendientes en cuestión de límites y tensiones con sus vecinos.

Sólo la policía uniformada o Carabineros de Chile ha logrado importantes avances en la recuperación de su imagen pública y relaciones con la prensa. Encuestas nos dicen que esta institución es la mejor evaluada por el país y que en pocos años los chilenos han olvidado los terribles agravios que sus efectivos cometieron contra la población durante la Dictadura Militar. La presencia de Carabineros en las calles, colaborando con el flujo del Transito, la prevención de la criminalidad, la resolución del delito y otras múltiples tareas los ha reconciliado con la nación. Aporta a ello, también, su disposición a colaborar con las investigaciones judiciales y el haber marginado de la institución a quienes delinquieron en materia de Derechos Humanos. Los policías, además, demuestran solvencia en el combate a la corrupción, tema que preocupa muchísimo en este momento al país, cuando se suceden con inquietante frecuencia los escándalos contra la probidad de políticos y administradores públicos. Episodios, éstos, en que también se han visto comprometidos oficiales de las Fuerzas Armadas.