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El Juzgado Central de Instrucci�n n� 5 cuantifica provisionalmente en 1.445.530.116
euros los da�os y perjuicios causados por los actos de genocidio, terrorismo y tortura imputados al
procesado Augusto Pinochet y aprueba la aportaci�n de ocho millones de US$ al fondo de ayuda a las v�ctimas
En el Auto notificado hoy, el Juzgado ha aprobado un acuerdo convenido en Washington DC entre, por una
parte, Riggs National Corporation y Joseph L. y Robert L. Allbritton, y, de otra parte, los abogados de la
acusaci�n popular y particular.
En conformidad con el acuerdo, Riggs National Corporation:
- entregar� a la acusaci�n popular y particular informaci�n relativa a las cuentas de Pinochet en el Riggs Bank.
La acusaci�n popular y particular aportar� dicha informaci�n a la causa judicial a fin de desarrollar
las investigaciones en curso sobre el alzamiento de bienes cometido por el imputado Augusto Pinochet,
con la cooperaci�n de su esposa y de las personas f�sicas y jur�dicas que hayan participado en el mismo.
- Riggs National Corporation (8) y Joseph L. and Robert L. Allbritton (1) entregar�n a la Fundaci�n espa�ola
Presidente Allende nueve millones de d�lares. Esta suma permitir� a la Fundaci�n espa�ola, despu�s de proveer el pago
de gastos y de costas procesales, distribuir �ntegramente ocho millones de d�lares entre las v�ctimas
representadas por la acusaci�n popular y particular, perjudicadas por el alzamiento de bienes de Augusto
Pinochet a fin burlar el embargo dispuesto en el Auto de 19 de octubre de 1998. Es decir, entre las personas
identificadas en la pieza n� 3 del Sumario 19/1997, dimanante del Sumario 1/1998 del Juzgado Central de
Instrucci�n N� 6, como v�ctimas de los delitos de genocidio, terrorismo y torturas cometidos por Augusto
Pinochet, algunas de las cuales han ejercitado la acusaci�n particular y las restantes est�n siendo
defendidas en sus intereses mediante la acci�n popular ejercitada por la Fundaci�n espa�ola desde que �sta
interpusiera, el 5 de julio de 1996, la querella original que dio origen a dicha causa.
La Fundaci�n espa�ola:
- mediante la presenta notifica a las v�ctimas de los cr�menes de genocidio, terrorismo y tortura cometidos
por Augusto Pinochet que crear� un Fondo de pensiones aprovisionado con la suma inicial de ocho millones de
US d�lares. A esta suma se agregar�n las adicionales que se puedan obtener respecto de los bienes alzados de
Pinochet en Chile y otros pa�ses. Las rentas del Fondo, y en su momento el principal, ser�n distribuidas
anualmente entre las v�ctimas. El Fondo ser� gestionado por una empresa financiera de primer orden;
- llevar� a cabo los trabajos dirigidos a comunicar a los beneficiarios y, en su caso, sus causahabientes,
que pueden solicitar la cuota al�cuota correspondiente de los beneficios del Fondo en conformidad con el
mencionado acuerdo;
- designar� una comisi�n de expertos calificados para gestionar las solicitudes de acogerse a los beneficios
del Fondo, calificarlas y asignar la participaci�n que corresponda en caso de pluralidad de reclamantes en cada
supuesto. La comisi�n, asimismo, calificar� los casos de aquellas v�ctimas de Augusto Pinochet a las que el Estado
de Chile no otorga indemnizaci�n alguna;
- distribuir� los beneficios del Fondo seg�n los porcentajes que se indican a continuaci�n:
- 40% entre las v�ctimas identificadas en la causa abierta en Espa�a, o en su caso a sus herederos o
causahabientes, que perciben una pensi�n del Estado de Chile como indemnizaci�n de los cr�menes cometidos por
Pinochet y hayan solicitado beneficiarse del Fondo;
- 60% entre las restantes v�ctimas de los delitos por los que est� procesado Pinochet (Sumario 19/1997, Pieza
separada N� 3), debidamente calificadas, que no perciben del Estado de Chile indemnizaci�n alguna en calidad de
perjudicados.
La Fundaci�n rendir� oportuna cuenta al Juzgado Central de Instrucci�n n� 5 de la constituci�n del Fondo, de los pagos
efectuados a cada perjudicado que haya solicitado sus beneficios y de su cuant�a.
La acusaci�n popular y particular han desistido de la querella y de la acci�n penal, renunciando a la acci�n civil
e instado el libre sobreseimiento y levantamiento de las medidas cautelares exclusivamente en cuanto a Riggs National
Corporation, Steven B. Pfeifer, Carol Thompson, R. Ashley Lee, Fernando Baqueiro y Raymond Lund por un lado, y, por otro
lado, tambi�n, respecto de Joseph L. Allbritton, Robert L. Allbritton y su familia inmediata (incluida la esposa del
primero, B�rbara).
El proceso por alzamiento de bienes sigue adelante respecto de Augusto Pinochet, su esposa Luc�a Hiriart y las restantes
personas y entidades financieras que han participado en el mismo.
El Auto �ntegro de 25 de febrero de 2005 e informaci�n adicional est� disponible en la p�gina web de
CLAR�N.
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