Mientras la Conferencia Episcopal de Chile trata de apaciguar las aguas en una asamblea extraordinaria, la Fiscalía Nacional incrementó sus pesquisas sobre abusos sexuales cometidos por clérigos de la Iglesia católica. La situación llegó al punto de que la justicia chilena estaría considerando pedir una declaración del papa Francisco, en torno a la destrucción de archivos de la Iglesia católica para ocultar información de trasgresiones sexuales.
La reunión de los 34 obispos e invitados en Punta de Tralca comenzó con algunos comentarios que revelan el sentido de los jerarcas de la curia ante la presión creciente de la Fiscalía.
El obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santiago Fernando Ramos, adelantó que 'con la Fiscalía queremos hacer un convenio para transmitir la información adecuada. Lo más importante como sociedad es proteger a los menores de edad y perseguir a autores de delitos contra ellos'.
De cualquier forma, el fiscal ahora protagonista de las investigaciones, Emiliano Arias, aseguró que en las últimas horas se avanzó bastante y fueron recibidas más denuncias tras la incautación de documentos y de entrevistas a víctimas.
Todas las diligencias realizadas, que se refieren fundamentalmente a la incautación de todos los procesos canónicos, que estén involucrados menores de edad como víctimas, desde el año 2007 a la fecha presentan más denuncias, apuntó.
Con las gestiones de Arias en calidad de Fiscal Especial, el organismo publicó un listado con pesquisas a 158 personas, entre las cuales hay 139 obispos, sacerdotes o diáconos, sindicados como ejecutores o encubridores de abusos sexuales o de poder.
La cifra de víctimas asciende a 266 hasta el momento y Arias remarcó que 'falta determinar quien destruyó específicamente los antecedentes y cuál en definitiva es la participación de esta persona'.
En los inicios de la cita en Punta Tralca, la Conferencia Episcopal comentó que el cónclave 'será una importante contribución en el discernimiento sobre los mejores caminos de renovación en los que se debe avanzar'.
Durante la semana pasada, se conoció que otro sacerdote fue suspendido de sus funciones por el arzobispado de Puerto Montt, luego de recibir una denuncia de abuso sexual a un menor, un nuevo capítulo en los escándalos de la Iglesia católica.
El nuevo expediente fue abierto contra el cura Dionisio Muñoz Aro en Puerto Montt, a poco más de mil kilómetros al sur de Santiago, y subraya el comunicado que se inicio una investigación para determinar la veracidad del asunto.
Las tensiones en el entorno de la Iglesia católica de Chile siguieron en días recientes con desplantes al arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, y procesos judiciales que abarcan también a monjas superioras.