El Coronavirus nos está haciendo más iguales
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Con el Covid-19, nombre de la pandemia, el mundo está en una grave crisis sanitaria y como una directa consecuencia de ella, de dos situaciones, una mala y la otra buena : 1.- la brutal caída de las bolsas de comercio y 2.- la disminución paulatina de emisiones de contaminantes tóxicos a la atmósfera. Como vemos, con los menores valores de las empresas, muchas están al borde de las quiebras y debido a las cuarentenas, por las pérdidas de empleo para sus trabajadores y con la mejora sustancial de la calidad ambiental en el mundo, se podría producir un cambio fundamental en las prácticas productivas, ello derivado del tele trabajo utilizando eficientemente las ventajas de conexión remota disponibles.
Por lo anterior, con las restricciones obligatorias que estamos viviendo, ricos y pobres, de alguna manera, nos estamos igualando lo cual es un fenómeno social de la máxima importancia. Entendemos que las prácticas insanas, por no decir corruptas, que todos conocemos en los mercados, aunque algunos interesados que forman parte del establishment las invisibilizan, se irán reduciendo ya que ganar más plata para llevársela al purgatorio o al infierno no será necesario para ser más feliz en este planeta tan vulnerable a los ataques biológicos.
Entonces, en el supuesto que lo anterior es real, aprovechamos la ocasión para dar a conocer un hecho que no debiera producirse nuevamente, a saber.
A mediados de 2018 y para responder a las denuncias de la concejala Gisela Vila, la municipalidad de Pudahuel informó a la Contraloría General de la República (CGR) que a esa fecha no había recibido ninguna solicitud de invalidación de permisos de edificación y que, cuando eso ocurriera, les daría curso según la legislación aplicable.
Esa municipalidad aprovechó también de señalar que las empresas inmobiliarias tenían derechos adquiridos como consecuencia de los reclamos de ilegalidad que presentaron en los tribunales y que fueron aceptados a mediados de los años 90 cuando sus loteos aprobados por la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Pudahuel no fueron incluidos por las autoridades de la época, no sabemos si a propósito, como áreas urbanas en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) de noviembre de 1994.
Desde esa fecha se ingresaron numerosas solicitudes de invalidación de permisos que no cumplían las normas urbanísticas del PRMS o del Plan Intercomunal de Santiago (PIS) del año 1960, estas últimas fueron las normas que en dictadura permitieron el desarrollo inmobiliario del sector rural de Pudahuel, incluyendo Ciudad de Los Valles e Izarra de Lo Aguirre. Pero, los loteos originales aprobados por la DOM tampoco cumplían las normas del PIS. A pesar de eso, de todas formas fueron presentados a los tribunales de justicia para reclamar derechos adquiridos, como ya se mencionó. La temeridad y ambición descontrolado de algunos raya en lo increíble.
A pesar de los fundados argumentos de las invalidaciones, la DOM no les dio curso usando como excusa que existen tales derechos adquiridos que no pueden ser objetados o que, para resolver, esperaría lo que dictamine la CGR cuando termine la auditoría que fue instruida por el contralor Jorge Bermúdez a fines de marzo de 2019.
Según el artículo 53 de la ley Nº 19.880 el plazo para invalidar un acto administrativo contrario a derecho es de dos años y por esa razón varios de los casos denunciados por esa concejala ya no pueden ser invalidados usando esa ley y debido a ello ahora se requieren acciones penales en el Ministerio Público conforme lo fija el artículo 22° de la ley respectiva.
Producto de la presión ejercida por vecinos y gracias a algunos pronunciamientos de la Seremi Metropolitana de Vivienda y Urbanismo, finalmente se logró que la DOM invalidara el permiso del proyecto de dos edificios de departamentos denominado «Vista Valle» en Ciudad de Los Valles, la primera invalidación en ese loteo.
Los argumentos de invalidación que usó la DOM, a pesar de las alegaciones de Inmobiliaria Santa Paula Ltda. (continuadora de Inmobiliaria Lo Prado, dueña original del loteo), dan la razón a todas las invalidaciones presentadas. No podía ser de otra forma pues los errores en la aplicación de las normas urbanísticas del PIS son evidentes para cualquier profesional relacionado con la materia y por ello no era necesario esperar a que la CGR se pronunciara al respecto.
Ese trámite dilatorio de la DOM debe ser una de las situaciones que llevaron a la CGR a incluir en su auditoría la investigación de eventuales faltas al principio de probidad y conflictos de interés de distintos funcionarios, a los que se agregan arquitectos revisores independientes contratados por las inmobiliarias y cuya función, según la ley, es informar el cumplimiento de las normas urbanísticas aplicables al proyecto que les toque analizar. Entre esos arquitectos revisores se incluyen ex autoridades del Minvu y conocidos miembros del Colegio de Arquitectos.
Los errores cometidos en la aprobación de los proyectos perjudican a miles de familias de Pudahuel y por esa razón es difícil entender la tibia reacción del alcalde John Carrasco, quien hasta hace poco ponía las manos al fuego por sus funcionarios «competentes», algunos de los cuales lo acompañan en el municipio desde el año 1992, negándose entre otras cosas a realizar un análisis independiente de los permisos entregados por la DOM.
Además, se le ha pedido en reiteradas veces que advierta a la comunidad sobre las irregularidades de los proyectos inmobiliarios y los procesos de investigación en curso de la CGR y de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) y sus posibles consecuencias en las obras que están en construcción, todo esto con el objetivo de que las familias tengan en cuenta esas situaciones al momento de decidir si compran viviendas en el sector. Ante esas solicitudes el Alcalde ha hecho oídos sordos hasta ahora.
Veremos cómo termina esta bochornosa situación donde las instituciones públicas sistemáticamente se han negado a funcionar y como un hecho anecdótico señalamos que el presidente Lagos dignificó con su presencia la inauguración de Ciudad de Los Valles en el año 2003, acompañándolo su ministro de Vivienda, entonces de pelo colorín y hoy absolutamente cano.
Recordemos que en mayo de ese mismo año ambos tuvieron la genial idea de proponer un cambio legal para establecer plazos de caducidad de las declaratorias de utilidad pública de calles y parques, legislación que significó la pérdida de miles de áreas verdes que hoy en día acogen proyectos inmobiliarios y graves consecuencias en la continuidad de la trama vial de las ciudades. Afortunadamente esa caducidad de afectación de utilidad pública en las ciudades fue eliminada en el año 2014.
Por último, sigamos respetando la cuarentena para poder seguir viviendo, con la esperanza de que en unos cuantos meses más, cuando se reduzca la desigualdad, se encontrará el remedio que eliminará esta peste que nos agobia.
por Patricio Herman
