Completo despelote en Iquique
Tiempo de lectura aprox: 3 minutos, 17 segundos
Como una cuestión previa, que no se relaciona con el contenido de esta columna, informamos que nos llama profundamente la atención una declaración de la candidata UDI, Evelyn Matthei, quien desconociendo cómo funciona el sistema eléctrico, con motivo del reciente apagón, dijo que la responsabilidad era del gobierno, en circunstancias que la única culpable era una empresa extranjera. Está claro que ella buscaba que la prensa adicta a la derecha recogiera sus dichos, lo que logró.
Pues bien, dentro del sistema político y económico que nos rige, existe un desmedido afán por ganar dinero a través de trampas, siendo un ejemplo evidente y de actualidad, lo que sucede con la orquestada «toma» iniciada en el año 2019 de un terreno rural de 218 hectáreas en el cerro Centinela, San Antonio, cuyo dueño esperaba que el gobierno le pagara el precio fijado por él, luego se utilizaron a familias sin recursos para hacer un pingüe negocio.
Hay un fallo judicial que estableció el desalojo de las miles de viviendas construidas allí, lo que habría significado una batalla campal, con decenas de muertos y miles de heridos, hecho que hubiera sido noticioso a nivel mundial, pero que se impidió, pues en gobierno con la municipalidad de San Antonio y los dueños del terreno, firmaron un compromiso formal para que en el plazo de 6 meses se resuelva el conflicto.
Como sabemos que las municipalidades son los organismos públicos más corruptos, en donde los alcaldes emplean las llamadas corporaciones municipales para mejorar sus condiciones económicas, sería necesario aumentar la dotación de los funcionarios en la Contraloría General de la República, en el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y en las Fiscalías para que puedan ejercer mejor, y en menores tiempos de respuesta, sus atribuciones.
Ahora, entrando en la materia del título de esta columna, señalamos que a mediados del año 2020, a raíz de un reportaje publicado por la radio Paulina de Iquique se conoció una burda operación comercial llamada «las cajitas de alimentos», liderada por el entonces intendente de Tarapacá, Miguel Ángel Quezada, destacado militante de la UDI, el mismo que intervino en aquella época con la senadora, también UDI, Luz Ebensperger, para retirar del trámite de toma de razón de la Contraloría Regional de Tarapacá, el Plan Regulador Intercomunal Costero Tarapacá (PRICT).
Naturalmente esa ingeniosa movida perseguía que no tuviera vigencia este instrumento normativo de superior jerarquía y así, muchos actores del mercado solicitaran anteproyectos y permisos de edificación en sectores que no los admitían, aunque sí eran posibles en el antiguo Plan Regulador Comunal (PRC) de Iquique del año 1981, instrumento local que era la chacota misma. Cumplida rigurosamente la misión, encomendada por la industria de la construcción a dichos políticos, en junio de 2022, es decir, 2 años después, fue posible que ese PRICT se publicara en el Diario Oficial.
El negocio de las «cajitas» consistía en comprar en el mercado alimentos en un cierto precio y venderlos en el proceso de las entregas en una suma bastante más alta, para así obtener una suculenta utilidad. En todo caso este fraude fue oportunamente corroborado por la Contraloría General de la República, ente fiscalizador que trasladó los antecedentes al CDE y al Ministerio Público, cuyo fiscal detectó la intervención de varios funcionarios de la Administración en la realización de este negocio, motivo por el cual los 15 involucrados fueron acusados por fraude al fisco.
Por otro lado, la ciudadanía tiene conocimiento pleno de los millonarios contratos, por parte de diversas municipalidades y de otros entes públicos, de los contratos de luminarias LED a la apitutada empresa Itelecom, cuyo dueño es el avispado hombre de negocios Marcelo Lefort. En Iquique, para operar esta corrupta operación, participaron 4 concejales ya removidos, Guillermo Cejas, (dependiente del alcalde Soria), Mitchel Cartes, (Partido Socialista), Arsenio Lozano, (dependiente del alcalde Soria) y Felipe Arenas, (UDI), coludidos con funcionarios municipales de la secretaria comunal de planificación de Iquique.
Debido a que no quedaron reflejadas las áreas de riesgo de inundación en el añejo PRC de Iquique de 1981, conforme lo ordenaba el señalado PRICT, la fundación Defendamos la Ciudad se vio en la necesidad de interponer la denuncia correspondiente en la Contraloría General de la República, la que, en su dictamen N°E310/2025 del 02/01/2025, le representó esta grave omisión al alcalde de Iquique, ordenándole al director de obras, Sergio García, que debía invalidar todos los permisos ilegales. Como dato relevante, el 17/02/2025 se publicó en el Diario Oficial el nuevo PRC de Iquique, en donde, aunque tardíamente, se deberían reflejar en el mapa de esa ciudad las zonas de inundación, para que así toda la ciudadanía esté debidamente informada. Este dictamen fue adjetivado por el Diario Financiero como «polémico» (sic), posiblemente porque el periodista no comprendió su alcance o bien porque prefirió bajarle el perfil al timo.
No podemos perder de vista otra «travesura» de la municipalidad de Iquique, la que, para posibilitarse un cuantioso negocio inmobiliario de algún empresario, en su PRC de 1981 no se estableció que el uso de suelo del terreno localizado en Bulnes 140, en donde funcionaron por más de 90 años unas canchas de tenis, es equipamiento deportivo y con esta artimaña los avispados directores del Club de tenis se lo vendieron en una alta suma de dinero, sin tener atribuciones para ello, a un empresario extranjero para que construyera allí una torre habitacional de 32 pisos. Esta picardía fue detectada por un socio decente del club, quien interpuso una querella y a raíz de ello todos los extenistas, actuales especuladores, están formalizados por la Fiscalía.
Con el abogado Enzo Morales, tenemos agendada para el 11/03/2025 una entrevista por ZOOM con el alcalde de Iquique, Mauricio Soria, a quien le informaremos en detalle todo lo que sucede bajo sus narices y por ello no quisiéramos que se produzca un nuevo un hecho de impunidad con el episodio de los permisos de edificación ilegales.
Patricio Herman
