La persistencia de la memoria en tiempos del negacionismo: A 50 años del plan piloto de terror en Tucumán, Argentina
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(Esta es la primera de una serie de artículos proyectados para este año que explorarán posibles vínculos entre Chile y Operativo Independencia.)
A 50 años de la introducción del plan sistemático de exterminio en Argentina, las organizaciones abocadas a mantener viva la memoria y los familiares de la provincia de Tucumán están realizando, a partir del 5 de febrero, una serie de homenajes a quienes fueran las primeras víctimas de la desaparición forzada y otros crímenes de lesa humanidad en territorio argentino.
El 5 de febrero de 1975, mediante su firma y sello presidencial, María Estela (Isabel) Martínez de Perón firmó el Decreto N. 261/75 para autorizar al Ejército y la Fuerza Aérea de Argentina a dar inicio a lo que denominaron Operativo Independencia, con el objetivo expreso de “neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán”, provincia del noroeste del país con una historia de movimientos populares y combativos. Unos 14 meses previos al golpe cívico-militar del 24 de marzo 1976, prácticas ya institucionalizadas en Chile fueron implementadas en dicha provincia antes de imponerse en todo el país.
Cuatro días después de recibir la luz verde presidencial, 1500 soldados desembarcaron en Tucumán bajo el mando del coronel Acdel Vilas. El pretexto fue desarticular la Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez, guerrilla rural establecida por el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) en los cerros de una espesa vegetación que forma la columna vertebral de la provincia. Pero pronto las razias policiales se extendieron más allá de la selva, afectando a los empobrecidos pueblos dependientes de la industria azucarera, a los centros urbanos, a las universidades, a otros grupos sociales e individuos. En breve y tal como sucedería a partir de 1976 en el resto del país, cualquier persona podía ser acusada de subversiva.
En Chile, después del golpe de estado del 11 de septiembre de 1973, las políticas estatales de represión y control de la población se habían ido refinando. Las detenciones masivas del inicio, en lugares públicos como los estadios deportivos, dieron lugar a prácticas sigilosas y encubiertas con detenciones no reconocidas en sitios de detención clandestinos. Debido a estas prácticas, Chile empezaba a ser aislado en la esfera internacional, con la aprobación en noviembre de 1974 de la primera resolución condenatoria de las Naciones Unidas, que le exigía restaurar el respeto a los derechos humanos fundamentales.
Conmemoraciones del 5 de febrero de 2025 en la ex Escuelita de Famaillá, (A. Jemio)
Sin embargo, prácticas similares se pusieron en marcha al otro lado de la Cordillera, en la provincia de Tucumán, durante gran parte del año 1975 y tres meses antes de la toma del poder por los militares, en marzo de 1976.
El año 1975 fue crítico tanto para Argentina como para Chile. Mientras en Argentina se iniciaban las prácticas genocidas, en Chile se consolidaban. Representó también la consolidación de la colaboración militar transandina. En febrero de 1975, la Presidenta Isabel Perón otorgó a Augusto Pinochet la Orden de Mayo al Mérito Militar. En anticipación al Plan Cóndor, en septiembre 1974 Argentina ya había colaborado para facilitar el asesinato del ex-comandante del Ejército chileno Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert, exiliados en Buenos Aires. En anticipación al Plan Cóndor, en julio de 1975, vendría también el montaje conocido como la Operación Colombo (Lista de los 119).
En el informe nacional Nunca Más, publicado en 1984 tras la restauración de la democracia, consta que el primer centro clandestino de detención de Argentina fue inaugurado en febrero de 1975 en el pueblo tucumano de Famaillá. Conocido como “la Escuelita», fue el primero de 80 lugares de detención clandestinos en la provincia tucumana. Por sus puertas y sus aulas convertidas en celdas pasaron más de 1500 personas entre febrero y diciembre de 1975.
La Fundación Memorias e Identidades del Tucumán (MIT) y el Centro de Estudios sobre Genocidio (CEG, Universidad Nacional de Tres de Febrero) han construido una base de datos sobre el genocidio en Tucumán, actualizada hasta enero de 2025. Según sus registros, 825 personas fueron secuestradas en el marco del Operativo Independencia. De estas personas el 64% fueron eventualmente liberadas, 40 fueron ejecutadas, y 258 continúan desaparecidas.
Durante mucho tiempo fue complejo e incómodo políticamente reconocer que se secuestró, torturó y se hizo desaparecer gente en Argentina antes del golpe militar. Las nóminas de los detenidos desaparecidos empezaban a partir del 24 de marzo de 1976, dejando invisibilizados a quienes fueron secuestrados en Tucumán durante el plan piloto represivo Operativo Independencia.
Tribunal sentencia a 17 acusados por Operativo Independencia a condena perpetua, marzo 2023 (Tiempo Judicial)
Algunos de los nombres y apellidos de los detenidos-desaparecidos durante esa etapa son: Alicia Burdissi, Julio Campopiano, Diana Irene Oesterheld, Domingo Palavecino, Juan Carlos Pastori, María Isabel Jiménez de Soldatti, Amalia Clotilde Moavro y su pareja Héctor Mario Patiño. También permanece desaparecido a partir del 19 de noviembre de 1975 el médico cardiólogo Máximo Eduardo Jaroslavsky, primo directo de la autora de esta nota.
Las exigencias y la lucha por la verdad y la justicia están vigentes en Tucumán. Señalan la Fundación y el CEG que el 49% de los casos de violaciones a los derechos humanos cometidos durante el Operativo Independencia fueron recién denunciados a partir de 2003 al reabrirse los procesos judiciales. En Tucumán se realizaron dos juicios orales y públicos enfocados en el Operativo Independencia, con la investigación de 270 casos, resultando en condenas a 18 militares, policías o gendarmes. El 17 de febrero del año corriente se abrirá el juicio sobre los crímenes cometidos en “La Fronterita”, otro centro clandestino de detención en la localidad de Famaillá. Además, en 2004, el Grupo Interdisciplinario de Arqueología y Antropología de Tucumán (GIAAT) descubrió los primeros fragmentos óseos humanos de 148 personas arrojadas por los represores en el Pozo de Vargas, una antigua abastecimiento de agua de 40 metros de profundidad y 3 metros de diámetro.
El 5 de febrero pasado cerca de mil personas llegaron a la Escuelita de Famaillá para participar en recorridos guiados, presenciar muestras de fotos, ver una performance alusiva a los hechos y escuchar las palabras de sobrevivientes y familiares. En agosto de 2012 la Escuelita de Famaillá fue designada un espacio de memoria y en diciembre de 2015 fue declarado un lugar histórico nacional, y se levantó una placa para seguir sosteniendo una cultura basada en los derechos humanos.
Estos eventos contrarrestan acciones innombrables como las realizadas los días 8 y 9 de febrero, durante las que se recordó el Operativo Independencia en esta provincia con actos encabezados por militares y antiguos soldados para conmemorar su gesta represiva de hace 50 años. Como lo han hecho antes, ex conscriptos que participaron en el Operativo Independencia y gente allegada a la familia militar marcharon públicamente por Yerba Buena, sector de la ciudad donde funcionaron dos centros clandestinos de detención.
En esta ocasión se realizaron las conmemoraciones militares con el respaldo del creciente revisionismo histórico que prima en el gobierno actual. Animados por los discursos y las políticas del Presidente Javier Milei y de su Vicepresidenta Victoria Villarruel, que reivindican la dictadura militar y han cerrado sitios de memoria y el Archivo Nacional de la Memoria, se sintieron envalentonados para presentarse como héroes.
Para la psicóloga Luisa Vivanco, arraigada en Tucumán con sus más de seis décadas de vivir en la provincia, estos recientes acontecimientos le han hecho reflexionar sobre la persistencia de la memoria. No solo acompaña a los testigos que dan sus testimonios sobre hechos dolorosos cometidos por la dictadura ante los tribunales, sino que ella misma ha conocido la cara del terror desde cerca. Al respecto, dice: “¿Recuerdan el Tucumán Arde? La pasión y el compromiso que se vive en estos días en Tucumán me trajo el recuerdo de aquella muestra colectiva de resistencia de un grupo de jóvenes artistas que desde el arte apoyaba las luchas del pueblo tucumano, tan golpeado. Esta provincia, tan chiquita en el mapa, hoy vuelve con creatividad y entusiasmo a conmovernos a todos, recorriendo y señalando los sitios del horror, afirmando que ese Tucumán ardiente sigue defendiendo y cuidando con amor la memoria, la verdad y la justicia. Aquí estamos”.
Maxine Lowy
Para mayor información:
Artese, M. y Roffinelli, G., Responsabilidad civil y genocidio. Tucumán en los años del “Operativo Independencia”, Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, 2005.
Jemio, A. S., Tras las Huellas del Terror: El Operativo Independencia y el comienzo del genocidio en Argentina, Buenos Aires, Prometeo Libros, 2021.
