Hay que levantar el secreto Valech cuanto antes
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En un nuevo aniversario de la promulgación de la ley Valech, originada en un informe que una comisión especial acababa de elaborar, Chile enfrenta una cruda realidad: en algún momento hubo un presidente de la República y un gobierno presuntamente democrático que otorgaron 50 años de impunidad a feroces violadores de los derechos humanos durante de la dictadura, sin que sus nombres sean conocidos por el país ni llevados a la justicia.
Estos nombres permanecen protegidos y acallados por el pacto de silencio que impuso el dictador Pinochet a las FF.AA., y también – sorprendentemente bajo el secreto inexorable de este cuerpo legal que vio la luz en un periodo de aparente democracia, lo que deja sin castigo a los autores de innumerables delitos de lesa humanidad cuya perversión horrorizó al mundo entero.
Al cabo de tantos años lo que no ha salido a la luz pública es la identidad de los hechores que siguiendo los dictados del capitán general y sus secuaces de la “junta de gobierno” mataron y torturaron sin límites, sin que los familiares de las víctimas tuvieran la oportunidad de acceder a los tribunales de justicia. La misma angustiosa situación se prolonga hasta hoy.
Durante 17 años Chile fue escenario de una espantosa masacre, la peor de la historia patria. Hubo más de 5 mil asesinatos, incluyendo un millar de detenidos desaparecidos, junto con cientos de miles de torturados, secuestrados, encarcelados, perseguidos y exiliados, y cuesta creer que a estas alturas haya todavía casos que no se han resuelto porque no se ha podido identificar a los responsables.
La ley Valech fue promulgada el 24 de diciembre de 2004 durante la presidencia del político pro empresarial pero con carnet de “socialista” Lagos Escobar, quien encabezó el tercer mandato de la Concertación que por sus sucesivos fracasos se vería obligada luego a cambiar de nombre reiteradamente. Lagos es uno de los ejemplos más representativos del fenómeno de transformación y de lógica inducida por los poderes fácticos que se conoce como “socialismo renovado”.
A lo largo de su periodo Lagos renegó del allendismo revolucionario, involucionó hacia el modelo neoliberal y se identificó con un sistema social demócrata, tras lo cual finalizó sus días en La Moneda ovacionado por el gran empresariado, los grupos económicos y las transnacionales. Cuando años más tarde intentó volver a postular a la presidencia, en las encuestas marcó no más de 2 o 3 puntos de adhesión.
Este mandatario, remedo de un socialismo real encabezó un gobierno de la era concertacionista que a comienzos de este siglo no tenía competencia alguna. En ese tiempo la movilización de víctimas de la dictadura y sus familiares eran permanentes, lo que determinó que Lagos dispusiera la constitución de un grupo de trabajo especial – la comisión Valech -, cuyos resultados en los que inicialmente hubo grandes expectativas terminaron convertidos en un fiasco.
Aquí hay una deuda del Estado chileno con incontables compatriotas que debe ser cancelada a la brevedad: con motivo de haberse cumplido 20 años de la publicación de la ley 19.992, conocida como ley Valech, este escándalo ha sido puesto de nuevo sobre la mesa por entidades como Amnistía Internacional Chile y la agrupación “Familiares de ex presos políticos fallecidos”. Recogiendo el sentir ciudadano, ambas demandan la necesidad de derribar este verdadero muro de la impunidad.
De manera inexplicable se ha impuesto todo este tiempo y durante medio siglo un absoluto secreto sobre todos los antecedentes aportados a la citada comisión, lo que no corresponde a una petición del mundo civil. Ello impide completamente el acceso a tales antecedentes, incluso al poder judicial.
Resulta escandaloso reconocer que este secreto fue establecido después de que las víctimas de torturas o apremios ilegítimos entregaran sus testimonios. Muchos de ellos nunca supieron que aquello tan doloroso que estaban compartiendo sería silenciado durante décadas, cuando seguramente gran parte de los hechores ya hayan muerto.
Este pacto de silencio consiste en la prohibición para conocer los documentos y testimonios aportados por hombres y mujeres que sufrieron la brutalidad de la represión pinochetista. Todo ello se encuentra bajo sanción penal, según lo establece la ley.
Lo anterior no solo resulta revictimizante para quienes han tenido que contar sus testimonios una y mil veces. También significa impunidad para los victimarios, que a estas alturas se pasean entre la gente decente con naturalidad, sonrientes y hasta burlescos porque nunca han sido apuntados por nadie y tampoco han enfrentado ningún cargo en su contra.
En estos días hay mucha gente decidida a un gran debate en la materia, tendiente a eliminar todo obstáculo para llegar a la verdad, justicia y reparación. Acabar con el secreto Valech es una lucha de todos, avanzando como sociedad hacia un verdadero “nunca más”.
Por su edad y problemas de salud el ex presidente Lagos hoy está retirado de la actividad política. Actualmente en sus días hay sosiego, paz y tranquilidad, que no es precisamente lo que dejó como legado a millones de víctimas de la dictadura que hasta el momento cargan con el pesado fardo que representa la funesta impunidad.
Hugo Alcayaga Brisso
Valparaíso
