Gobierno de Boric y Fiscalía piden más de 70 años de cárcel para integrantes de la CAM: ¿Justicia o criminalización?
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La Fiscalía y el gobierno encabezado por Gabriel Boric han solicitado penas que superan los 70 años de cárcel para cinco integrantes de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), incluyendo a Pelantaro Llaitul, hijo menor de Héctor Llaitul Carrillanca, vocero histórico y considerado preso político mapuche, denuncia Werken Noticias.
El 22 de noviembre de 2022, efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI), respaldados por el Ejército, detuvieron a Pelantaro Llaitul junto a otros cuatro miembros de la CAM. Desde entonces, los acusados han permanecido en prisión preventiva por más de dos años y nueve meses, una situación que ha sido señalada por críticos como un ejemplo de detenciones extensas y desproporcionadas hacia acusados mapuche.
La CAM, conocida como una de las organizaciones autonomistas mapuche más antiguas, lleva adelante un proyecto político enfocado en la liberación nacional del pueblo mapuche. Su estrategia incluye el control territorial, con comunidades asociadas que administran amplias zonas de la macrozona sur. Estas acciones, sin embargo, han sido interpretadas por el Estado chileno como una amenaza, derivando en episodios reiterados de persecución política y judicial.
Acusaciones y penas solicitadas
El fiscal Miguel Ángel Rojas ha informado que Llaitul enfrenta cargos por ocho delitos distintos, por los cuales se han solicitado penas que, sumadas, superan los 70 años de prisión. Este caso, como muchos otros, se desarrolla en el marco de tensiones históricas entre el Estado y las comunidades mapuche, relacionadas con reivindicaciones territoriales y demandas de autonomía.
Denuncias de criminalización
Familiares de los acusados han denunciado irregularidades en el proceso judicial, calificando la prisión preventiva como un mecanismo de criminalización del movimiento mapuche. En una declaración pública, señalaron: “Esto no es justicia, es persecución política”, exigiendo un juicio justo y el respeto de garantías procesales para los detenidos.
El caso de Pelantaro Llaitul y los demás acusados ha adquirido relevancia como símbolo de las tensiones persistentes en el conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche. Este conflicto, que involucra cuestiones de autonomía y derechos territoriales, sigue siendo uno de los principales desafíos políticos y sociales en Chile. Mientras avanza el proceso judicial, las posiciones enfrentadas entre las autoridades y las comunidades mapuche reflejan la profundidad de un conflicto histórico que aún espera soluciones basadas en el diálogo y el respeto mutuo.
Felipe Portales says:
Independientemente de la culpabilidad específica real de los acusados, no hay duda que lo altísimo de las penas solicitadas por el Gobierno confirman el rumbo esencialmente represivo contra los mapuches que adoptó Boric en la materia, continuando con las políticas de la Concertación y de la derecha propiamente tal, y abandonando (¡como ha sido la norma!) las propuestas programáticas de campaña que, en este plano, insistieron especialmente en que no se continuarían aplicando los estados de emergencia…