Senadora Fabiola Campillai entrega al Gobierno proyecto de reparación integral a víctimas del estallido
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En una iniciativa respaldada transversalmente por las principales organizaciones de derechos humanos de Chile, la senadora Fabiola Campillai llegó este lunes al Palacio de La Moneda para entregar al Gobierno el proyecto de Ley de Reparación Integral. Este se propone como una respuesta a las demandas de las víctimas de violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el estallido social.
La senadora Campillai informó al Ejecutivo sobre los alcances de esta propuesta, que será formalmente ingresada al Senado el martes 10 de diciembre, coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos. Según explicó, el proyecto “busca entregar una respuesta que el Estado no dio en su momento, haciendo que las víctimas tuvieran que dar el primer paso para su propia reparación”.
Un proyecto con enfoque de justicia y reparación
El texto de la iniciativa fue desarrollado durante más de dos meses en la “Mesa de Derechos Humanos por una Vida Digna”, convocada por la senadora en el marco del quinto aniversario del estallido social. En esta instancia participaron representantes de organizaciones de la sociedad civil, académicos y agrupaciones de derechos humanos, con el objetivo de construir un marco de reparación integral en conformidad con los compromisos internacionales del Estado.
El proyecto se centra en las personas que sufrieron violencia institucional entre el 7 de octubre de 2019 y el 11 de marzo de 2022. Se consideran víctimas a aquellas que enfrentaron violencia sexual, tortura, apremios ilegítimos, lesiones graves, mutilaciones o castraciones, según lo establecido en el Código Penal. También incluye a quienes perdieron la vida en el contexto de las movilizaciones sociales debido a acciones de agentes del Estado, sin importar si participaban o no en dichas manifestaciones.
Creación de una Comisión de Verdad y Reparación
Una de las principales propuestas del proyecto es la formación de una Comisión de Verdad y Reparación, que estará integrada por siete miembros con destacada trayectoria en derechos humanos. Tres de ellos serán designados por el Presidente de la República en ejercicio, mientras que los otros cuatro serán seleccionados por organizaciones de víctimas surgidas del estallido social.
Esta Comisión tendrá la responsabilidad de calificar a las víctimas a través de un procedimiento que considere antecedentes judiciales, informes médicos y documentos aportados por las víctimas, familiares u organismos de derechos humanos.
Derechos y beneficios para las víctimas
Las personas reconocidas como víctimas por la Comisión tendrán derecho a una pensión económica, cuyo monto y modalidad de pago serán definidos por esta instancia. Además, se prevé la posibilidad de otorgar beneficios económicos adicionales para quienes califiquen como víctimas bajo los términos establecidos en el proyecto.
La propuesta reafirma el compromiso del Estado chileno con la justicia, la verdad y el respeto irrestricto a los derechos humanos, ofreciendo una respuesta integral a quienes resultaron afectados durante uno de los periodos más críticos de la historia reciente del país
