Diputados denuncian operación política del Partido Republicano en el Caso Hermosilla
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El pasado jueves, la Fiscalía Oriente ordenó la incautación de dispositivos electrónicos pertenecientes al abogado Enrique Aldunate, representante de los querellantes en el Caso Hermosilla. Según se informó, la medida fue tomada tras una denuncia presentada por María Cristina Barrientos, asesora legislativa vinculada al Partido Republicano y excolaboradora del diputado desaforado Mauricio Ojeda, quien acusó a Aldunate de haber filtrado información judicial a una periodista.
El oficio de incautación revela que Barrientos, abogada del estudio jurídico de Aldunate, denunció que su jefe le habría solicitado entregar un pendrive con una copia actualizada de la carpeta investigativa a una periodista de La Tercera. Este acto habría sido coordinado a través de mensajes de WhatsApp, según detalla el documento.
Sin embargo, las implicancias políticas del caso han encendido las alarmas. Los diputados Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini, quienes respaldaron a Aldunate en la querella contra los implicados en la red de corrupción que involucra a Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos y Luis Angulo, han calificado la denuncia como parte de una operación política liderada por sectores del Partido Republicano.
Declaraciones de los diputados
En respuesta a la situación, ambos parlamentarios anunciaron la revocación del mandato judicial de Aldunate, una medida preventiva que, según señalaron, busca evitar que la defensa de Hermosilla utilice este incidente como argumento para deslegitimar el caso.
El diputado Daniel Manouchehri destacó la gravedad de los hechos:
“La denuncia en contra del abogado Aldunate por supuesta filtración del caso Hermosilla, hecha sospechosamente por una militante del Partido Republicano, se debe investigar. Nosotros no le hemos dado ninguna instrucción al abogado Aldunate de filtrar nada. No obstante, para no darle excusas a la banda de Hermosilla, le hemos revocado el mandato judicial”.
Manouchehri añadió que los responsables del Caso Hermosilla representan una red de corrupción que trasciende a los imputados directos:
“Aunque nosotros estamos imposibilitados legalmente de hacerlo, ojalá Chile supiera todo lo que hay en el celular del Caso Hermosilla. Los fiscales, los periodistas, los policías, los políticos y los jueces que hacían parte de esta red de corrupción y que acostumbran a armar operaciones para destruir a sus opositores. No nos intimida la mafia de Hermosilla”.
Por su parte, la diputada Daniella Cicardini respaldó las palabras de su colega y enfatizó la sospecha en torno al origen de la denuncia:
“Seremos claros: no nos intimida la mafia de Hermosilla y seguimos adelante en busca de lo único que nos mueve, que es verdad y justicia en uno de los más graves casos de corrupción en nuestro país”.
Cicardini expresó preocupación por el rol del Partido Republicano en esta acusación:
“Nos parece sospechoso que la denuncia en contra de Enrique Aldunate sea de una abogada republicana. No estamos facultados para filtrar nada en este caso, pero si de nosotros dependiera, ojalá que todo Chile supiera del contenido del celular del señor Hermosilla”.
Contexto político
El Caso Hermosilla ha puesto en evidencia una compleja red de influencias que involucra a diversos actores del ámbito judicial y político. La vinculación de María Cristina Barrientos, militante republicana y denunciante en este caso, ha generado suspicacias respecto a la intencionalidad detrás de su acusación.
Los parlamentarios aseguran que continuarán avanzando en la búsqueda de justicia, pese a las aparentes maniobras de encubrimiento y desinformación por parte de sectores vinculados a los acusados. La controversia, no obstante, evidencia el carácter profundamente político de este caso, que podría tener repercusiones significativas en el panorama nacional.
