Críticas al endurecimiento de la ley de migraciones: “Regresivo, racista y retrógrado”
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Eduardo Cardoza, vocero del Movimiento de Acción Migrante, calificó como “regresivo” y “racista” el proyecto de ley de migraciones aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados, que ahora pasa al Senado para su segundo trámite. Según Cardoza, esta iniciativa representa un retroceso histórico al establecer medidas que “tiran a la basura la igualdad ante la ley y la no discriminación”, construyendo la figura de un migrante como una “persona descartable”.
El proyecto, que modifica la Ley 21.325 de Migración y Extranjería, introduce nuevas causales de expulsión, restricciones para el acceso a vivienda y endurece las sanciones contra el tráfico de personas. Sin embargo, para Cardoza, estas medidas refuerzan una lógica discriminatoria. “Se sigue con el discurso de una migración ordenada, segura y regular, cuando ni siquiera se ha ratificado el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular”, señaló en entrevista con Radio Universidad de Chile.
Un proyecto controversial y criticado
La normativa amplía las causales de expulsión de extranjeros, incluyendo delitos graves como violencia intrafamiliar y porte ilegal de armas, pero también infracciones menores como riñas, ruidos molestos y venta ambulante. Además, establece la posibilidad de rechazar permisos de residencia a quienes presenten condenas reiteradas por infracciones leves.
Para el vocero de Acción Migrante, el proyecto revive conceptos de la ley de 1975, aplicada durante la dictadura, al penalizar el ingreso irregular al país. “Se opta por políticas al margen de los estándares internacionales, priorizando medidas de seguridad nacional sobre el respeto de los derechos humanos”, denunció.
Aprobación unánime y críticas a la postura del gobierno
El proyecto fue aprobado con votos tanto de la derecha como del oficialismo, incluyendo parlamentarios del Frente Amplio y otros grupos de gobierno. Aunque inicialmente el Ejecutivo había retirado la urgencia para facilitar un debate más amplio, la presión de Chile Vamos y Republicanos llevó a su reposición, logrando alinear a todos los parlamentarios oficialistas.
Este giro generó cuestionamientos hacia el gobierno, que, pese a declararse defensor de los derechos humanos, apoyó una normativa que varios actores sociales consideran discriminatoria. Según Cardoza, el proyecto contradice la tradición chilena de respeto a los acuerdos internacionales y utiliza los derechos humanos como una excepción en lugar de un principio rector.
Nuevas restricciones en salud, educación y vivienda
El proyecto incluye medidas que generan preocupación entre organizaciones de derechos humanos. Por ejemplo, se exige el enrolamiento de niños, niñas y adolescentes en situación migratoria irregular para acceder a la educación, aunque permite priorizar a nacionales en casos de cupos limitados. En el ámbito de la vivienda, se prohíbe a las personas en situación irregular celebrar contratos de arriendo, imponiendo multas a los arrendadores que incumplan esta norma.
Además, se endurecen las penas contra quienes faciliten el tráfico de personas y las sanciones a transportistas que trasladen migrantes en situación irregular.
Un llamado a reconsiderar
Cardoza insistió en que esta legislación pone en riesgo los principios básicos de igualdad y respeto por los derechos humanos. “Estamos frente a un proyecto que pilota una política migratoria discriminatoria, alejada de los estándares internacionales y basada en un enfoque securitista que da la espalda a los derechos fundamentales”, concluyó.
El debate ahora pasa al Senado, donde el gobierno deberá responder a las críticas y buscar soluciones para evitar que la normativa profundice la desigualdad y exclusión de la población migrante en Chile.
