Corte Suprema condena a 31 ex Agentes de la DINA por el crimen de Reinalda Pereira
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En un fallo histórico, la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema de Chile condenó a 31 ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por su participación en el secuestro y desaparición de Reinalda Pereira Plaza, tecnóloga médica y militante comunista de 29 años, embarazada de cinco meses al momento de su detención en diciembre de 1976. Pereira, quien figura como detenida desaparecida desde entonces, fue víctima de secuestro y tortura en uno de los casos más trágicos de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar.
Los ex agentes han sido condenados como autores, coautores y cómplices de secuestro calificado, con penas que van desde los 10 hasta los 4 años de cárcel. Entre los condenados se encuentran Pedro Espinoza Bravo, Juan Morales Salgado y Ricardo Lawrence Mires, quienes recibieron la pena máxima de 10 años de presidio como autores. Otros 18 agentes fueron sentenciados a siete años de cárcel como coautores, y 12 recibieron condenas de cuatro años en calidad de cómplices.
Fallo de relevancia histórica
El fallo, ratificado por los ministros de la Corte Suprema Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Llanos y María Cristina Gajardo, así como los abogados integrantes Pía Tavolari y Álvaro Vidal, marca un avance significativo en la lucha contra la impunidad en Chile. La sentencia rechazó los recursos de casación interpuestos por la defensa de los acusados y los querellantes, y acogió la apelación del Consejo de Defensa del Estado para incluir a Federico Humberto Chaigneau Sepúlveda, ex teniente coronel del Ejército, quien había sido absuelto en un fallo anterior. Chaigneau fue condenado a siete años de presidio, aunque actualmente permanece prófugo de la justicia.
Una sentencia que trae paz a las víctimas
Nelson Caucoto, abogado querellante, valoró la sentencia por su enfoque basado en el derecho internacional, que rechaza las doctrinas de amnistía y prescripción. Caucoto subrayó la importancia de este fallo tanto por la cantidad de condenados como por la aplicación de penas de presidio efectivo, y destacó el trabajo del ministro Miguel Vásquez Plaza en este proceso.
“El fallo trae algo de paz y consuelo a los familiares de Reinalda, aunque su marido, el kinesiólogo Maximiliano Santelices, no alcanzó a ver el resultado del juicio, al cual se dedicó con tanto entusiasmo”, señaló Caucoto.
El cruel Destino de Reinalda Pereira
El caso de Reinalda Pereira revela la brutalidad de las operaciones de represión de la DINA. Pereira fue detenida el 15 de diciembre de 1976 en Ñuñoa, mientras esperaba transporte público. Testigos presenciaron cómo agentes la forzaron a entrar en un vehículo, desde el cual fue llevada al cuartel secreto de Simón Bolívar, donde sufrió golpes, torturas con electricidad y otras atrocidades, pese a su avanzado estado de embarazo.
Según Caucoto, Pereira fue sometida a una brutal golpiza y tortura hasta su desfallecimiento. Posteriormente, agentes del Estado la asesinaron mediante una inyección letal y procedieron a desfigurar su rostro y eliminar sus huellas dactilares, haciendo desaparecer su cuerpo en la Cuesta Barriga.
Testimonio de la operación encubierta
La investigación judicial reveló que las autoridades de la época, en respuesta a los esfuerzos de búsqueda de la familia de Pereira, informaron falsamente que ella había salido de Chile por el paso fronterizo Los Libertadores. Este intento de encubrimiento fue desmentido tras descubrirse que la documentación oficial había sido manipulada para ocultar el crimen.
El caso de Pereira no fue un hecho aislado. En el mismo período, al menos otras trece personas, en su mayoría militantes del Partido Comunista, fueron detenidas y desaparecidas en un operativo coordinado para desmantelar las estructuras de la organización política. Todas las víctimas fueron sometidas a torturas con el fin de obtener información sobre actividades clandestinas y otros militantes, en una política sistemática de represión impulsada por la dictadura.
Un llamado a la memoria y a la verdad
Para Caucoto, este caso es un testimonio del terror al que fueron sometidas las víctimas del régimen militar y una llamada de atención para quienes aún niegan o minimizan las atrocidades cometidas. La sentencia, asegura, es un paso hacia la justicia, aunque insuficiente para reparar el sufrimiento de los familiares y sobrevivientes de estos crímenes de lesa humanidad
