Luis Cordero: la crisis no solo afecta al Poder Judicial, sino que involucra a todo el sistema de justicia
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El escándalo conocido como el Caso Audios, que este sábado cumple diez meses, ha puesto en una situación crítica a la Corte Suprema de Chile, sumergiéndola en una crisis que sigue en aumento. Luis Cordero, ministro de Justicia del gobierno de Gabriel Boric, sigue de cerca el caso, consciente de que su cartera es el enlace principal entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Según recoge el diario El País en su edición chilena, Cordero, además de ser ministro, es un destacado académico en derecho administrativo, habiendo estudiado durante más de dos décadas los fallos del máximo tribunal chileno.
El Caso Audios, que involucra a la jueza Ángela Vivanco y al abogado Luis Hermosilla, ha destapado una serie de conversaciones que ambos han sostenido a través de WhatsApp entre 2018 y 2023. Estas comunicaciones, según el medio de investigación Ciper Chile, revelan una serie de acciones que están bajo la lupa de la Fiscalía. Vivanco habría solicitado la ayuda de Hermosilla para ser nombrada en la Corte Suprema en 2018, en un momento en que Hermosilla era asesor del Ministerio del Interior, liderado por Andrés Chadwick durante el gobierno de Sebastián Piñera. Las revelaciones apuntan a intentos de influir en designaciones de altos cargos en el Poder Judicial, lo que ha puesto a la jueza Vivanco en una posición delicada, enfrentando la apertura de un cuaderno de remoción por parte de sus pares de la Corte Suprema.
La crisis no se limita a Vivanco. Otro juez, Jean Pierre Matus, también enfrenta un proceso similar por su participación en otro caso. Además, el caso ha salpicado a otras instituciones, como la policía y el Ministerio Público, que actualmente investigan a fiscales involucrados en el escándalo. Estas situaciones han provocado una revisión del sistema judicial chileno, que ya venía enfrentando serios problemas de confianza por parte de la ciudadanía.
Luis Cordero reconoce que la crisis no solo afecta al Poder Judicial, sino que involucra a todo el sistema de justicia, incluyendo jueces, fiscales y abogados. Para abordar esta problemática, el ministro lidera la elaboración de una propuesta del Ejecutivo que será presentada en octubre. Según Cordero, no solo se tratará de reformar el sistema de nombramientos en el Poder Judicial, sino también de regular los conflictos de interés que existen tanto en el ámbito público como en el privado.
El sistema actual de nombramientos en la Corte Suprema ha sido duramente criticado. En la actualidad, la Suprema elabora una lista de candidatos, de la cual el presidente de la República selecciona uno para ser ratificado por el Senado. Este proceso ha sido señalado como poco transparente y susceptible de influencias indebidas. Además, el sistema de nombramiento de jueces en cortes inferiores, como las Cortes de Apelaciones, también se encuentra bajo escrutinio.
Para el ministro de Justicia, el problema va más allá de la Corte Suprema y afecta a todo el sistema de justicia. Cordero sostiene que el sistema de nombramientos en general no incentiva el mérito, sino que depende en gran medida de contactos personales y el «besa manos», como ha sido criticado por la Asociación Nacional de Magistrados. Esto ha llevado a un sistema opaco en el que las relaciones personales y los favores juegan un papel crucial en la carrera judicial.
El Caso Audios ha reavivado el debate sobre la necesidad de una profunda reforma del sistema judicial chileno. Cordero señala que desde el retorno a la democracia en 1990, ha habido múltiples intentos de mejorar la transparencia y el funcionamiento del Poder Judicial. Sin embargo, el actual sistema sigue siendo inadecuado para evaluar el mérito de los candidatos a jueces y minimizar los conflictos de interés.
Uno de los aspectos más preocupantes que ha surgido en este contexto es la influencia de los abogados privados en las decisiones judiciales. El caso de Hermosilla, quien actuó como intermediario en el proceso de nombramiento de jueces, ha puesto en evidencia la necesidad de regular de manera más estricta el rol de los abogados y su interacción con el Poder Judicial. Cordero señala que el conflicto de interés no solo afecta a los jueces, sino también a los abogados que actúan como intermediarios entre los litigantes y los jueces.
El gobierno de Gabriel Boric trabaja en una propuesta de reforma que busca eliminar los intermediarios en el sistema de nombramientos y regular de manera más estricta los conflictos de interés. Para Cordero, es esencial que Chile avance hacia una cultura de gestión de estos conflictos, tanto en el ámbito judicial como en el ejercicio de la profesión legal.
La crisis judicial en Chile ha generado un clima de desconfianza generalizada en el sistema de justicia, lo que, según Cordero, podría tener consecuencias graves para el funcionamiento del sistema democrático y la igualdad ante la ley. El ministro hace un llamado a la calma y espera que las reformas que se presenten en octubre permitan restaurar la confianza en las instituciones judiciales del país
