Organizaciones de Derechos Humanos condenan asesinato de joven en marcha conmemorativa y denuncian brutalidad policial

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 38 segundos

Las organizaciones que conforman la Coordinación Nacional de Organizaciones de Derechos Humanos y Sociales, convocantes de la marcha en conmemoración del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, junto a otras agrupaciones y firmantes, han emitido una declaración pública para expresar su pesar y condena ante los recientes hechos de violencia ocurridos en dicha manifestación.

En primer lugar, las organizaciones lamentaron profundamente el asesinato del joven Alonso Verdejo, quien fue víctima de una persona identificada como un «contramarcha». En su declaración, enviaron sus condolencias y solidaridad a la familia de la víctima, al tiempo que expresaron su indignación por las agresiones sufridas por los asistentes al funeral de Verdejo, las cuales habrían sido provocadas por fuerzas policiales.

Compromiso renovado con los derechos humanos

El comunicado enfatizó que este asesinato «cobarde» afecta profundamente el sentido humano que sostiene la marcha anual de las organizaciones de derechos humanos, sociales y políticas, las cuales buscan la verdad, la justicia y la reparación integral. Las organizaciones reafirmaron su compromiso de lucha permanente, rindiendo homenaje a quienes fueron víctimas del terrorismo de Estado durante la dictadura, y subrayaron su intención de no retroceder en sus demandas por garantías de no repetición.

Denuncia de violencia policial y profanación del Cementerio General

Las organizaciones denunciaron la intervención policial durante la marcha como desmedida e innecesaria, lo que llevó a que miles de participantes buscaran refugio en el Cementerio General, lugar que describen como «profanado» por las fuerzas policiales. Señalaron que, a pesar de la gran cantidad de efectivos desplegados, la policía no evitó la agresión que resultó en la muerte de Alonso Verdejo. Además, criticaron lo que consideran una provocación policial cerca del Memorial del Detenido Desaparecido y Ejecutado Político, cuando un carro lanzaguas irrumpió en la actividad, poniendo en riesgo a los presentes, entre ellos familiares de víctimas de la dictadura.

El incidente también dejó a varias personas lesionadas, incluida Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, quienes debieron recibir atención médica tras los hechos.

Críticas al gobierno y exigencias de renuncias

El comunicado señaló la responsabilidad política del Ministerio del Interior y Seguridad Pública en los sucesos ocurridos durante la romería al Cementerio General, mencionando directamente a la ministra Carolina Tohá, al subsecretario Manuel Monsalve, al presidente Gabriel Boric y a la cadena de mando de Carabineros de Chile. Asimismo, expresaron su rechazo al «negacionismo» que, según ellos, la derecha política intenta instalar en torno a los crímenes cometidos por la dictadura, calificando como inaceptable la actitud de algunos parlamentarios el mismo 11 de septiembre.

Finalmente, las organizaciones exigieron una reforma profunda de la institución policial y la renuncia inmediata del General Director de Carabineros, Ricardo Yáñez, a quien responsabilizan directamente por las continuas violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros de la institución.

El comunicado concluye con una afirmación contundente: «Ninguna democracia puede levantarse sin terminar primero con tanta impunidad.»