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FPA tras el fallo de la Corte Suprema: el compromiso es publicar Clarín multimedia

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En una sentencia histórica, la Corte Suprema anuló el decreto de 1975 firmado por Pinochet que disolvió las sociedades editoras del diario Clarín, un triunfo logrado por la Fundación española “Presidente Allende” (FPA) y Víctor Pey después de tres décadas de batallas judiciales.

Roxana Pey, vocera en este caso de la FPA, propietaria del 90% de las acciones de las sociedades disueltas por el decreto de 1975 que la Corte Suprema ha declarado “nulo” en los términos instados por la FPA, afirmó este martes que se trata de “un gran triunfo para los medios, para la prensa, y para la libertad de expresión en Chile. Revertir un decreto de la dictadura de Pinochet es un paso importante contra los grandes abusos que han perdurado hasta hoy”.

La lucha por recuperar el diario y su propiedad ha sido larga, encabezada por Víctor Pey y la FPA que preside Joan Garcés, en litigio de más de dos décadas ante el Tribunal Internacional de Arbitraje del CIADI (Banco Mundial), cuyo Laudo ha condenado al Estado de Chile a indemnizar el daño causado por la violación del Tratado de Protección de Inversiones extranjeras entre España y Chile. Roxana Pey explicó que al declarar la Sentencia que es nula la disposición del decreto como pedía la FPA ,“la situación legal retrocede a antes del golpe. Estamos analizando las implicancias, que son numerosas”.

“El compromiso es reabrir el diario Clarín” como un grupo multimedia con la indemnización, declaró la vocera de la FPA. “Es un mandato de la Fundación. Ese es el objetivo de lo que se está haciendo y lo que ahora se está logrando. Hasta ahora, a pesar del gran logro que representa el fallo favorable del CIADI, ese fallo ha sido ignorado sistemáticamente por los sucesivos gobiernos”. La Excma. Corte Suprema, por el contrario, ha cumplido con la exhortación del Laudo a restablecer la legalidad declarando nulo el decreto de 1975.




“Esto no es automático, por supuesto; requiere acciones judiciales y un camino de diálogo con el gobierno” quizás, que sería deseable añadió Roxana Pey. También recordó que junto a Jorge Arrate, ambos actuando como voceros de la Fundación, entregaron el año pasado al presidente Gabriel Boric una carta clara y breve, firmada por más de 1.000 personas, solicitando cumplir el Laudo sin demora. “Esa carta no ha recibido respuesta hasta el día de hoy por parte de ninguna autoridad del gobierno. Esperaríamos al menos una respuesta”.

La obligación de indemnizar que dispone el Laudo del CIADI es clara. “Hay muchos aspectos legales que están en evaluación. Yo tampoco soy abogada, así que prefiero no adentrarme en esos temas, que son competencia del abogado Joan Garcés y su equipo”, aclaró.

“Nuestro país tenía un vigoroso y saludable pluralismo informativo hasta 1973, como corresponde a una democracia. Había medios de comunicación potentes de derecha, de centro y de izquierda. Eso fue cercenado por la dictadura, y de alguna manera, esas consecuencias siguen afectando al panorama mediático chileno hasta hoy. Vamos a ver qué ocurre con esto”, concluyó.



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