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La desigualdad nos afecta a todos(as): trabajo y migraciones en Chile

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La desigualdad en Chile y su desarrollo histórico

La desigualdad juega un papel importante en la calidad de las vidas de las personas y en el tipo de desarrollo de las sociedades. Desde diferentes enfoques se advierte que la desigualdad es un riesgo para la estabilidad económica y social, así como para la calidad institucional de los países. Y sin embargo, esta se perpetúa. Se puede observar que la desigualdad no sólo es efecto de la competencia por la acumulación, sino también una de sus estrategias: ¿qué, si no es la desigualdad, permite diversificar tanto las formas de superexplotación del trabajo con bajos salarios, jornadas extensas, informalidad y/o precarización de las condiciones laborales?

La concentración del ingreso por parte de la élite económica, se produce en un contexto de poder hegemónico en que el aparato del estado la hace posible, negándose éste asumir un rol distributivo que podría disminuir gran parte la desigualdad. Este fenómeno tiene historia en Chile, y esta muestra que la desigualdad ha sido estructuralmente alta a lo largo de ciento cincuenta años, si bien han habido fluctuaciones, dependiendo de variables diferentes y que han provocado giros importantes dependiendo de momentos políticos. Podemos considerar la desigualdad como una forma de explotación, de apropiación diferenciada de la riqueza creada socialmente, con consecuencias diversas y negativas para el conjunto de la sociedad, a parte de la cual se somete a condiciones de vida precarizadas. En cambio, el beneficio concentrado para un grupo reducido de la élite no puede ser nunca considerado como un beneficio social.

Chile tiene un alto nivel de ingreso en América Latina, pero no alcanza a la mitad del promedio de la OCDE. Lo que más diferencia a Chile de los países integrantes de esa organización es ser el segundo país más desigual de la OCDE antes y después de impuestos y transferencias [1].

El informe de 2015 de la OCDE, que agrupa a 34 naciones de altos ingresos, subraya los niveles de desigualdad en la sociedad chilena: «Chile sigue siendo una sociedad altamente desigual en términos de ingresos, educación y bienestar. El mercado laboral muestra una dualidad que redunda en una muy desigual distribución salarial», señala el informe. En efecto, el 10% más rico tiene un ingreso 27 veces superior al 10% más pobre. Así, en la medición de desigualdad del Banco Mundial, Chile aparece en el decimocuarto lugar a nivel mundial y en el sexto lugar de las economías de la región. Debido a la limitada intervención estatal, la situación empeora cuando se considera también el acceso a la salud y la educación”[2].

El deterioro de la igualdad, resultante de la degradación de la distribución del ingreso, constituye un episodio de una serie en que el estado ha asumido un papel activo en la promoción de la desigualdad. Es la consecuencia del control que la élite ha tenido sobre el aparato fiscal y los principales resortes de la institucionalidad desde la Independencia a hoy. Esa capacidad de control de las instituciones políticas y económicas junto a las fuerzas del mercado determinan la distribución del ingreso. Esta concentración del ingreso, además producir precarización y facilitar la profundización de la explotación de los trabajadores, determina el estilo del desarrollo de la sociedad.

Este accionar provoca la asociatividad de trabajadores, la creación de sindicatos que dependiendo los niveles de participación, de autonomía y de conciencia de su función político-social, que puedan lograr defendiendo sus derechos, pueden paliar en parte esta desigualdad a través de mecanismos de negociación colectiva por rama de trabajo, a través de establecer aumentos salariales adecuados por encima de la inflación y el crecimiento del PIB, combate al trabajo precario, defensa de la seguridad social, entre otros tantos mecanismos. Es en estos mecanismos reguladores de desigualdad promovidos en la lucha por los trabajadores es que se centran los esfuerzos destructivos de la élite, para mantener los niveles de renta y de desigualdad que le son rentables.

Los mecanismos de control y desigualdad son los que están en la base de la historia económica del estado de Chile desde el siglo XIX y que en este siglo XXI en medio de descréditos e incertidumbres reales y ficticias. Ese dispositivo generador de precariedad, de desigualdad hizo explotar a amplios sectores sociales, abandonados a su suerte, en el Estallido Social de octubre 2019. La rápida y violenta respuesta que el estado y el poder económico desplegaron se explica –sin poder ser justificada– porque vieron en peligro sus privilegios ante tanta gente movilizada, por tanta injusticia que representa la desigualdad en el país.

La brutal violación a los derechos de personas no puede ser justificada y menos en el contexto de injusticia provocada por la desigualdad en que se encuentra el país. Pasado ese momento, pasada la pandemia, el dispositivo de la élite mantiene toda su capacidad de generar mayor explotación, sostenida en la mayor concentración del ingreso, en el mayor control de los medios del estado, y en la imposibilidad de redistribuciones salvo muy parciales y acotadas. Es decir, se mantiene la tendencia histórica desde hace ciento cincuenta años. No se vislumbra aún ese momento en que los trabajadores y la sociedad piensen y creen otra cosa convencidos que la desigualdad extrema es un obstáculo para el desarrollo de una sociedad con justicia social.

 

La situación de la migración en Chile

Las personas migrantes en Chile son fundamentalmente trabajadores(as), muchos(as) vinieron en búsqueda de trabajo que les permita un mejor vivir, así como enviar algo de dinero a sus familias como ayuda por medio de remesas.

La inserción laboral ha sido una tarea dura en una sociedad con una estructura histórica de profunda desigualdad. Los(as) migrantes, con la colaboración de algunas de las municipalidades que ofrecen posibilidades de empleo desde sus oficinas y otras facilidades, han debido asumir esta complicada situación sin una política de inserción laboral central que aborde toda la dimensión del problema. Lo que existe es una legislación laboral, que muchas veces desconocen los propios trabajadores migrantes, y solamente cuando están sindicalizados son informados de sus derechos.

Si la desigualdad económica es rentable a la élite, la preocupación por la migración se limita a ver cómo optimizar a su favor la situación precaria en la que viven en esta sociedad, con todo el andamiaje creado para el control y la distribución del ingreso. A este respecto, debemos insistir: no son los(as) trabajadores(as) migrantes quienes “bajan los salarios”, sino los(as) empleadores(as) quienes ocupan esa excusa para crear un escenario falso de competencia entre trabajadores(as) que, independientemente de su país de origen, enfrentan la misma precarización. Y es en este marco que los indicadores laborales de los migrantes demuestran que se han insertado bastante bien, incluso supliendo carencia de mano de obra producto del bajo crecimiento demográfico, aunque con las brechas de género importantes que muestran los datos de empleo, y muchas veces en labores poco valoradas y en condiciones informales.

Según datos del INE, enero-marzo de 2024[3], la fuerza de trabajo migrante es de 1.101.773 personas, y de ellas 1.016.544 se encuentran ocupadas. Entre las personas migrantes ocupadas en situación de trabajadores informales hay 328.441 personas. Las personas desocupadas son 85.229. Las personas inactivas son 249.290. Las altas tasas de participación, ocupación y desocupación, comparadas con la situación nacional, nos muestra que la inserción laboral de la migración se realiza de forma favorable, pese a faltar las necesarias políticas específicas multidimensionales bien aplicadas desde la institucionalidad:

  • Tasa de participación migrante en la fuerza de trabajo es 81,5%, cuando a nivel nacional es 62,1%.
  • Tasa de ocupación migrante es 75,2%, mientras a nivel nacional la tasa de ocupación es 56,9%.
  • Tasa de desocupación migrante es 7,7% cuando a nivel nacional la desocupación es de 8,3%.

Aunque la evidencia muestra la incorporación laboral de las personas migrantes, ésta no se ve favorecida por políticas que la faciliten, desde la tramitación de los permisos para residir, para trabajar, para regularizarse en caso de haber caído en la irregularidad por diversas razones esto sin considerar específicamente el acceso al trabajo como pueden ser el reconocimiento de títulos profesionales, capacitaciones específicas, política hacia las empresas para evitar el trabajo precario. Esta situación favorece una condición de desigualdad en el trato, el salario, la extensión de las jornadas, el acceso a seguridad social, y la exclusión.

Si bien el tema de la desigualdad en Chile ha sido reconocida estructuralmente alta a lo largo de ciento cincuenta años en el país[4], en el caso de la migración de estos tiempos tiene el agravante de políticas diferenciadas –cuando no son ausentes– en derechos emanadas de la legislación vigente y la utilización de un discurso político que utiliza la migración para sembrar miedo, mostrando como amenaza al fenómeno social de la migración, al que se le atribuye afectaciones en la seguridad de las personas o en la seguridad del empleo. Así se generan preocupaciones en la población que no tienen nada de cierto frente a las evidencias. Esta situación genera desigualdad de trato desde sectores sociales igualmente precarizados, se genera segregación social de la población migrante por parte de quienes son igualmente precarizados, y con quienes se comparten los espacios habitacionales y laborales.

 

Entonces, la creación de una nueva desigualdad, la que habría entre “nacionales” y “migrantes”, vuelve a servir a la facilitación de la acumulación: mientras los(as) trabajadores(as) se preocupan de la nacionalidad de su colega, la desigualdad de fondo se sigue proyectando.

Frente a una creencia de que los extranjeros «le quitan» el empleo a los chilenos que refleja preocupaciones sobre el mercado laboral algunos datos: “Como pudimos ver a lo largo de este trabajo, el impacto de la inmigración reciente en Chile (2010-2019), no ha afectado de manera negativa en los salarios y empleos de la población local….”, “Además, esta relación incoherente entre datos agregados sobre la inmigración y percepciones negativas de los locales, se deben a otras causantes dentro de la sociedad chilena, como lo son el rol que cumplen los medios de comunicación y la esfera política, en cuánto a lo que se refiere a crear una imagen de la inmigración, sumado a otros procesos ligados al deterioro de la calidad del empleo en Chile y cómo se valoriza este dentro de la sociedad”[5].

Los datos de inserción laboral tan favorables hasta hoy, no pueden ocultar cómo muy rápidamente (desde 2017 a 2024) las desigualdades entre desiguales en Chile están afectando la vida de personas que generan recursos en el país: la Fundación SOL en un estudio titulado “Trabajo y Migración: Inserción laboral y valor de la fuerza de trabajo en la población migrante” reveló que cerca del 30% de los migrantes en Chile se encuentra en pobreza multidimensional considerando educación, salud, trabajo y vivienda. El estudio demuestra que la comunidad migrante está más expuesta a condiciones laborales precarias con respecto a los chilenos. Pues una persona no nacida en Chile tiene un 6,8% menos de probabilidad de tener un contrato de trabajo y un 26,6% de probabilidades más de encontrar un subempleo profesional. Por su parte, según los datos entregados por la CASEN, los extranjeros reciben un sueldo inferior en un 15,4% con respecto a los chilenos.

A modo de conclusión

Los dispositivos institucionales de perpetuación de la desigualdad tienen más de 150 años en el país y afectan al conjunto de la sociedad, generando precariedades diversas, particularmente en empleo, en salud, vivienda y en la seguridad social para gran parte de quienes viven en esta sociedad y a la migración actual que se encuentra precarizada entre los precarizados.

La “desigualdad”, transformada en una especie de palabra comodín, viene a jugar diversos roles en el actual estado espectacularizado de la política: a veces es la moneda de cambio para la justificación de medidas que no van al fondo del problema, otras, se ataca intentando subrayar que el problema no sería la desigualdad sino el crecimiento, y como hemos sostenido, de forma permanente la desigualdad viene a aceitar los mecanismos de la explotación, pues cuando la “competencia” entre trabajadores(as) hace recaer responsabilidad tras la precarización de la vida en otra porción de los(as) trabajadores(as), pareciera no quedar más que acatar las condiciones del funcionamiento aparentemente inevitable del mercado. La desigualdad tiene, por tanto, un efecto político, que es el de naturalizar por la fuerza la perpetuación de la desigualdad.

 

Cómo se articulan los discursos de las élites desde el poder para fomentar el pánico de los nacionales que genere la separación entre trabajadores nacionales y migrantes, que posibilite la reproducción de esa desigualdad tan rentable al capital, es la estrategia oculta que guía a los poderosos en el control de los dispositivos de reproducción de la desigualdad actual. En este sentido, vale la pena estar alerta al menos a dos cuestiones. Una es que el racismo no es un problema moral ni de mera interculturalidad, sino un mecanismo económico y político que desarticula a los(as) trabajadores. Y unido a lo anterior, lo segundo es que todas las personas que habitamos este país, independientemente de nuestro país de origen, vemos nuestras vidas afectadas por la desigualdad.

 

Eduardo Cardoza y Víctor Veloso[*]

Notas:

[*] Eduardo Cardoza es miembro del Movimiento Acción Migrante, Víctor Veloso es estudiante del Doctorado en Estudios Americanos de IDEA-USACH. Ambos son investigadores del proyecto Fondecyt N°12401125 “Migración y Trabajo”, dirigido por la Dra. María Emilia Tijoux, en cuyo marco se desarrolla esta columna.

 

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Eduardo Cardoza es miembro del Movimiento Acción Migrante, Víctor Veloso es estudiante del Doctorado en Estudios Americanos de IDEA-USACH. Ambos son investigadores del proyecto Fondecyt N°12401125 “Migración y Trabajo”, dirigido por la Dra. María Emilia Tijoux, en cuyo marco se desarrolla esta columna.

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