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Héctor Llaitul en huelga de hambre: Un llamado a respetar los derechos indígenas

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Héctor Llaitul Carrillanca, activista mapuche y reconocido como preso político, ha superado los 65 días en huelga de hambre dentro del Centro de Cumplimiento Penitenciario Bío Bío, en Concepción. Llaitul protesta contra la severidad de su condena de 23 años, impuesta bajo cargos de violación a la Ley de Seguridad del Estado y delitos de usurpación de tierras ancestrales mapuches y hurto de madera en el territorio del Walmapu. La huelga de hambre busca no solo protestar contra su condena sino también abogar por un cumplimiento de pena que respete las normativas del Convenio 169 de la OIT, que prioriza el respeto a las características culturales y sociales de los pueblos indígenas.

Esta acción, que es un llamado a la justicia y al respeto por los derechos humanos de los pueblos indígenas, subraya la necesidad de ajustar las sanciones a las especificidades culturales de los pueblos, prefiriendo alternativas al encarcelamiento. Las demandas de Llaitul incluyen su traslado al módulo de comuneros de la cárcel de Temuco, que se alinea más estrechamente con la normativa internacional dada su pertenencia al pueblo Mapuche.

En respuesta, los firmantes de la declaración han denunciado a las autoridades nacionales por incumplir flagrantemente las normas internacionales de derechos humanos especificadas en el artículo 10 del Convenio 169 de la OIT. Instan al presidente Gabriel Boric, así como a altos funcionarios del gobierno y de la Gendarmería, a tomar medidas para cumplir con estas normas, garantizar el respeto a los derechos de Llaitul y reconsiderar su sentencia, con el objetivo final de terminar su huelga de hambre y trasladar su caso a instancias internacionales para revisar la legitimidad de su sentencia condenatoria.

 

 

LLAMADO A LA SOLIDARIDAD

 

Héctor Llaitul Carrillanca, preso político mapuche, *cumple más de 65 días en huelga de hambre* en el Centro de Cumplimiento Penitenciario Bío Bío de Concepción, la motivación de esta acción pacífica y no violenta es la injusticia de su juzgamiento penal atribuyéndole delitos de la Ley de Seguridad del Estado y delitos de usurpación de tierras ancestrales Mapuche y hurto de madera en el Walmapu, situación que se ha concretado a través de una sentencia firme que lo condenó a 23 años de privación de libertad.

Asimismo, *la huelga de hambre tiene la legitimidad de revindicar que el cumplimiento de la pena sea acorde a las normas del Convenio 169 de la OIT* y pueda ser cumplida con el debido respeto a su pertenencia al pueblo nación Mapuche, norma del derecho internacional de los Derechos Humanos que constituye un límite al ejercicio de la soberanía, según lo dispone el artículo 5° de la Constitución Política, prevaleciendo su jerarquía por sobre la legislación interna y los reglamentos carcelarios.

Los abajo firmantes denunciamos a las autoridades nacionales por el incumplimiento flagrante de la normativa internacional de los Derechos Humanos, en particular del artículo 10 del Convenio 169 de la OIT que establece literalmente:

“1. Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de dichos pueblos deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales.”

“2. Deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento.”

*Solicitamos, al presidente de la República señor Gabriel Boric, al ministro de Justicia Luis Cordero, al subsecretario de Justicia Jaime Gajardo y al Director Nacional de Gendarmería Sebastián Urra, que respeten, apliquen y den cumplimiento, al Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.*

Por razones humanitarias asumimos como nuestra la demanda reivindicativa de Héctor Llaitul, y esperamos pueda terminar la huelga de hambre, con la seguridad que vamos a poner toda nuestra voluntad, en el orden nacional y ante los organismos internacionales, para instar y *lograr su traslado al módulo de comuneros de la Cárcel de Temuco, cuyo régimen carcelario se aproxima de mejor manera a la normativa internacional, atendida su pertenencia al pueblo Mapuche, y además, llevar su caso a instancias internacionales, para que su injusta sentencia condenatoria sea dejada sin efecto*.

 

 

 

 

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