La crítica situación de Héctor Llaitul: Abogadas llaman a la solidaridad y justicia
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En un contexto de creciente indignación y controversia, Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) y reconocido preso político mapuche, ha sido trasladado al módulo 31 de condenados comunes en la cárcel, sin tomar en cuenta su delicado estado de salud ni su condición de indígena. Este acto ha sido calificado como una vergüenza por numerosas organizaciones y defensores de los derechos humanos, que critican al gobierno chileno por fallar en el respeto a los pueblos indígenas, a pesar de su imagen progresista.
La situación de Llaitul no solo refleja un conflicto personal, sino que simboliza una lucha más amplia por los derechos indígenas en Chile. Su traslado se ha producido en medio de una huelga de hambre líquida que ya dura más de 65 días, un esfuerzo extremo que ha resultado en la pérdida de 25 kilos de peso y ha dejado a Llaitul en un estado de salud alarmante. Sufre de mareos, desvanecimientos, arritmia cardíaca y descompensaciones diarias. Sin embargo, las autoridades penitenciarias han sido reacias a permitir que reciba la atención médica necesaria. Solo se le ha realizado un electrocardiograma dentro de la prisión, y se ha negado la entrada a un médico de su confianza.
Abogadas
Las abogadas de Llaitul, Josefa Ainardi y Victoria Bórquez, han expresado públicamente su preocupación sobre la situación crítica de salud de su cliente. En una declaración, han resaltado que, a pesar de las afirmaciones de Gendarmería de Chile sobre la estabilidad de su salud, el estado de Llaitul es realmente grave. Han presentado varias solicitudes al tribunal para permitir visitas de médicos de confianza o autoridades del pueblo mapuche que puedan evaluar adecuadamente a Llaitul. Sin embargo, estas solicitudes no han recibido respuestas favorables, lo que ha mantenido al líder mapuche en huelga como forma de protesta ante su situación.
La abogada Ainardi destacó que la huelga de hambre de Llaitul no solo es una respuesta al rechazo del recurso de nulidad presentado, sino principalmente a la necesidad de su traslado al complejo penitenciario de Temuco. Allí, existe un módulo especial para comuneros mapuche, donde sus derechos culturales podrían ser respetados de acuerdo a su cosmovisión. Además, su hijo Pelantaro Llaitul, quien también está recluido allí, enfrenta un juicio próximo, lo que hace del traslado una cuestión también de importancia familiar.
Victoria Bórquez, también abogada de Llaitul, mencionó que han estado presentando diversas acciones judiciales para lograr este traslado. Solicitó formalmente una audiencia de traslado al Juzgado de Garantía de Temuco, pero han pasado más de cinco días sin respuesta del tribunal, lo cual infringe el deber de responder en un plazo de 24 horas. A nivel administrativo, inicialmente hubo señales de que Gendarmería de Chile permitiría el traslado a Temuco, pero posteriormente, la Dirección Nacional retiró la autorización sin ofrecer una explicación clara, dejando a Llaitul en condiciones que Bórquez describe como «infrahumanas».
Esta falta de respuesta adecuada por parte de las autoridades judiciales y penitenciarias ha intensificado el clamor por la justicia y el respeto de los derechos de Llaitul. Las abogadas han subrayado la necesidad imperiosa de trasladarlo a la cárcel de Temuco, donde sus derechos como individuo del pueblo mapuche pueden ser mejor respetados, en línea con el Convenio 169 de la OIT, que obliga a las instituciones estatales a respetar la cultura indígena.
Llamado a la solidaridad y acción
En respuesta a estas violaciones de derechos humanos, Ainardi y Bórquez han emitido un llamado urgente a la solidaridad y apoyo activo hacia Llaitul. Han instado al movimiento mapuche, a las comunidades, organizaciones de derechos humanos y a la sociedad en general a acompañar y solidarizarse con él en estos momentos críticos. Destacan que la situación actual de Llaitul es una manifestación de una lucha más amplia por los derechos de los pueblos indígenas en Chile, y que su caso es un recordatorio de las tensiones persistentes entre las prácticas gubernamentales y las obligaciones internacionales respecto a los derechos humanos.
La abogada Bórquez enfatizó que la falta de respeto hacia Llaitul y su cultura es una violación directa del Convenio 169 de la OIT. Este tratado internacional exige el respeto y la protección de las culturas indígenas por parte de los estados miembros, y su incumplimiento en este caso pone de relieve las deficiencias del gobierno chileno en la protección de estos derechos fundamentales.
La situación de Llaitul resalta no solo las luchas individuales de un líder indígena, sino también las tensiones más amplias en Chile sobre cómo se tratan los derechos de los pueblos indígenas. Durante años, las comunidades mapuches han luchado por el reconocimiento y respeto de sus derechos, enfrentando obstáculos legales y sociales significativos. El caso de Llaitul es un ejemplo reciente de cómo las autoridades pueden fallar en proporcionar un trato justo y equitativo a los individuos de estas comunidades.
El gobierno chileno, que a menudo se presenta como progresista y respetuoso de los derechos humanos, enfrenta crecientes críticas por su manejo del caso de Llaitul. Los defensores de los derechos humanos y los líderes indígenas han señalado que el trato recibido por Llaitul contradice las afirmaciones del gobierno sobre su compromiso con la justicia social y la equidad.
El caso de Héctor Llaitul es un llamado a la acción para todos aquellos que valoran la justicia y el respeto a los derechos humanos. La movilización y el apoyo comunitario son esenciales para garantizar que se respeten los derechos de Llaitul y para presionar al gobierno chileno a cumplir con sus obligaciones internacionales. La lucha por la justicia para Llaitul es, en última instancia, una lucha por el reconocimiento y respeto de los derechos de todos los pueblos indígenas en Chile.
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