El sueldo de Chile
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La nacionalización del cobre fue el legado más relevante que dejó a Chile y los chilenos el gobierno popular del presidente Salvador Allende, en su corta existencia que alcanzó a durar menos de tres años hasta que fue derrocado por la fuerza de las armas.
Ese acontecimiento histórico, por iniciativa presidencial, fue ratificado por el Congreso Pleno el 11 de julio de 1971, esto es, acaban de cumplirse 53 años de esa fecha – el Día de la Dignidad Nacional – que el pueblo celebró jubilosamente.
Fue una medida emblemática de esos intensos mil días, porque confluyeron la democracia, la independencia, la soberanía y los objetivos de otorgar a la gente modesta bienestar y proyecciones. Ello irritó a los sectores antidemocráticos, la oligarquía, los intereses empresariales, la derecha política, la oficialidad golpista de las FF.AA. y los afanes intervencionistas de la Casa Blanca.
La ciudadanía festejó largamente este gesto categórico de soberanía nacional, ausente en aquella época. Hasta entonces el país parecía acostumbrado a someterse al predominio que ejercía el imperialismo norteamericano soberbio y omnipresente.
Cuando el presidente Allende llegó a esa instancia crucial habían transcurrido solo unos meses desde su arribo a La Moneda. Era una prioridad en el revolucionario programa de transformaciones que el mandatario socialista se había propuesto al encabezar el gobierno sobre la base de un conglomerado de partidos de Izquierda, la Unidad Popular.
Allende fue el único presidente chileno que se paró con valor ante el imperio yanqui, cuyas grandes empresas cupreras usufructuaban a su antojo con la expoliación del metal rojo chileno. Las empresas Anaconda y Kennecott llevaban la delantera, lo que se veía como algo natural. Anteriores mandatarios creían que este problema era insoluble.
Ese 11 de julio marca una jornada memorable: luego de una reforma constitucional el Congreso Nacional aprobó por unanimidad el clamor de los chilenos inserto en la propuesta allendista. La riqueza proveniente de las exportaciones del valioso metal debía cimentar la nueva sociedad que se quería construir al incorporarlo al patrimonio nacional, porque estaba en marcha la segunda independencia de Chile.
Al promulgar la ley de nacionalización de la gran minería del cobre, en la plaza de Rancagua, el presidente expresó: “Aquí está la imagen de O’Higgins y aquí podemos decirle al padre de la patria que somos sus legítimos herederos y que fue el pueblo el que ganó esta batalla de la independencia y la dignidad nacional. Compañeros mineros, debo recordarles que así como la tierra es el pan, el cobre es el sueldo de Chile”.
No obstante, tras el golpe militar y la muerte de Allende, Chile fue desfigurado. Las pandillas castrenses asesinaron a más de 5 mil compatriotas, arrasaron los derechos humanos y desataron el terror, destruyendo lo mejor de la vida republicana y pulverizando la institucionalidad democrática. El país cayó a un precipicio, no se ha recuperado y aunque resulte inexplicable, hoy hay que pensar en una renacionalización.
Con la intrusión del pinochetismo se inauguró la era de los saqueos al abrir el Estado a los grandes grupos económicos e implantado por las armas un modelo económico neoliberal, todavía en pie. El objetivo era seguir enriqueciendo a los ricos y demoler las aspiraciones de las clases populares.
Durante la tiranía la principal conquista económica, social y política de la historia de Chile inició su involución. Increíblemente la desnacionalización del cobre se produjo en la época de la Concertación, que dejó al Estado con la propiedad de menos de un tercio. La mayor parte fue privatizada y permanece en manos de consorcios trasnacionales que operan bajo nombres de fantasía y cada año obtienen fabulosas utilidades que suelen superar los presupuestos anuales de la nación.
Ninguno de los presidentes de la post dictadura ha denunciado este despojo en sus mensajes al Congreso, ni menos de cara al pueblo. En la Cámara de Diputados no hay comisión investigadora alguna para establecer el trasfondo de la diaria cesión de soberanía a las transnacionales que ejercen un control total, en lo que constituye otra expresión de la colusión entre el gran empresariado y la política partidista.
La renacionalización del cobre en estos momentos no es sencilla: falta una fuerte mayoría democrática para una nueva Constitución y la eliminación definitiva de la invariabilidad tributaria asegurada a las grandes empresas por la ex Concertación. En la actualidad el sistema neoliberal protege a las transnacionales que lucran con formidables utilidades y la “concesión plena” establecida años atrás.
A estas alturas parecen desconocer que Chile posee el 30% de los recursos mundiales del metal rojo, de manera que de no producirse profundas modificaciones serán regaladas también con excesivo desprendimiento. Los medios “informativos” ignoraron este nuevo aniversario del cobre nacionalizado, que si hoy lo estuviera en un 100% aportaría los fondos necesarios para las políticas públicas que faltan.
En estas circunstancias adversas, con un modelo neoliberal antipopular, un mercado que opera solo en favor de los ricos y un país privatizado de norte a sur, continúan vigentes las palabras visionarias del presidente Allende: “El cobre sigue siendo – aun disminuido y recortado – el sueldo de Chile”.
Hugo Alcayaga Brisso
Valparaíso
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