Solicitan declaratoria de monumento nacional de ex casa de tortura hoy en manos de la PDI en Ñuñoa
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La casa que actualmente se encuentra en poder de la PDI, fue escenario de torturas al estudiante de Periodismo miembro del MIR, José Eduardo Jara y a su compañera Cecilia Alzamora.
Tres organizaciones sociales piden que la casa ubicada en Obispo Orrego 241, sea declarada monumento nacional en calidad de histórico. La junta de Vecinos Javiera Carrera, de la Unidad Vecinal 12 donde se ubica el inmueble, junto a la Coordinadora Nacional de Sitios de Memoria y el Sitio de Memoria Estadio Nacional hicieron ingreso de la solicitud formal al Consejo de Monumentos Nacionales.
Según lo acredita la sentencia dictada en 2018 por el actual Ministro de la Corte Suprema Mario Carroza, en el inmueble de Ñuñoa, operó el Comando de Vengadores de Mártires (COVEMA), un grupo de policías de Investigaciones que, de acuerdo al fallo de Carroza, resolvió “iniciar por cuenta propia acciones operativas reñidas con los procedimientos institucionales y al margen de la legalidad, más violentas y vulneradoras de Derechos Fundamentales, con el solo propósito de dar rápidamente con el paradero de los autores del crimen del Teniente Coronel Roger Vergara”. Dichas acciones operativas, concluyeron con la muerte de José Jara y la aplicación de tormentos a Cecilia Alzamora.
Lorena Escobar abogada y presidenta de la Junta de Vecinos Javiera Carrera, afirmó “Ñuñoa tiene lamentablemente una ruta del dolor, Estadio Nacional, José Domingo Cañas, y ahora Obispo Orrego 241”. Según explica los esfuerzos por preservar el lugar iniciaron en 2020, con una petición al Gobierno Regional para revocar el comodato que favorece a la Policía de Investigaciones, firmada por el entonces presidente vecinal Marco Undurraga. En 2022 la actual directiva, Soledad Arriagada, Agnetha Torres y Jimena Rebolledo, deciden avanzar en la iniciativa y tomar contacto con la Coordinadora Nacional de Sitios de Memoria.
Desde la Coordinadora, Marcelo Acevedo su presidente comenta que, de acuerdo a la Comisión Valech fueron 1132 los sitios de prisión tortura y muerte durante la dictadura civil y militar, sin embargo, actualmente es un poco más del 5% los espacios que se han logrado declarar monumento histórico (sitio de memoria). Esto es relevante al momento de hacer un examen rápido a los cumplimientos como Estado en materia de memoria, lo cual resulta a todas luces insuficiente, hasta ahora solo se han hechos gestos o guiños en materia de memoria, pero ya es tiempo en avanzar en una política pública real, como es la ley de sitios de memoria.
El estado debe tomar en relieve que una de las formas de avanzar en protección y promoción de derechos humanos, es precisamente ir ganado terreno en las declaratorias de sitios de memoria, que son espacios que se habla desde nuestro pasado para construir futuro y pensar desde ese lugar como sociedad, cual es el futuro que dejaremos a nuestros hijos, nietos y generaciones futuras, es por ello que esta nueva declaratoria que hoy se presenta es de vital importancia, sumado además, a que son las comunidades locales las que han impulsado esta gestión.
Para su análisis y resolución el expediente presentado por las organizaciones sociales, deberá cumplir con las exigencias de la Resolución Exenta 1312, del Ministerio de las Culturas, las Arte y el Patrimonio.
