Urgencias sociales se siguen postergando
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Por complacer a los enemigos del socialismo el gobierno ha llamado con rapidez a uno de sus embajadores en el exterior para consultas sobre determinada situación que es ajena al pueblo, pero no se sabe que en dos años haya convocado a algún representante de los desempleados, los sin casa o los comerciantes ambulantes en torno a la sobrecogedora pobreza que les afecta.
Claramente no se justifica ni hay razón para romper relaciones con nadie ni para tomar medidas apresuradas en el ámbito internacional, porque los problemas que agobian a millones de chilenos están aquí, en el plano interno, en el país, donde hace largo rato esperan que se les escuche y se les tome en cuenta.
Los enemigos del socialismo hoy son los mismos que conspiraron para derrocar al presidente Salvador Allende y abrieron paso a una dictadura que no solo asesinó a destajo y violó los derechos humanos de quienes pensaban distinto, sino que dejó instalado un modelo socioeconómico de abusos e injusticias que ha arruinado la vida de la población y cuyos estragos se prolongan hasta estos días.
Crece la cesantía, los presupuestos hogareños no alcanzan a llegar a fin de mes, mueren miles de pacientes de listas de espera en hospitales públicos, también se van muchos jubilados que nunca recibieron una pensión decente y los damnificados del incendio de febrero están recibiendo un trato indecoroso, pero el gobierno y la casta política no están dando una respuesta adecuada y la derecha que sirve a los dueños del dinero boicotea cualquier iniciativa en favor de las clases populares.
La desigualdad social permanece instalada hoy, tal como hace 50 años, y pareciera que – salvo en los discursos – no hay mayor interés al menos por aminorarla. Aquellos privilegiados que se ocultan tras la concentración económica deciden y determinan con mezquindad la vida de Chile y su gente.
A estas alturas en que la actual administración comienza a jugar contra el reloj, porque cada vez hay menos tiempo, no hay indicios de que se vaya a iniciar una ofensiva a fondo contra la desigualdad. Estas son el punto de partida de las calamidades que apabullan a vastos sectores poblacionales.
En este año de fiebre electoral la clase política está dando un vergonzoso espectáculo al volcarse por entero a los preparativos de los candidatos, las campañas y los pactos que le permitan mantener una cuota de poder y figuración. Los políticos tradicionales no se acuerdan en lo más mínimo de esa gran masa que es la de los electores, cuya única participación es la de emitir un voto cada cierto tiempo y nada más.
La derecha contraria a los cambios y nostálgica de la dictadura no se saca de la cabeza que dejó de ser gobierno y a diario insiste en imposiciones hacia el presidente de la República. Pretende que a cada momento el mandatario se arrepienta o pida perdón por esto o lo otro, que tal o cual ministro salga del gabinete y que el Ejecutivo siga una agenda antipopular. En lo inmediato quiere llevar al gobierno a un conflicto internacional para saciar sus histéricas odiosidades contra el socialismo.
El Senado controlado por el pinochetismo insiste en sesiones especiales para descargar sus posturas retrógradas. En la Cámara Alta duermen indefinidamente proyectos de interés ciudadano porque allí hay una absoluta desconexión con las necesidades vitales de la calle que carece de mecanismos de participación para hacer escuchar sus argumentos.
La casta política no se pronuncia sobre los despidos o la falta de oportunidades. No ha hecho comentarios sobre un reciente informe que revela que solo en los dos primeros meses de este año los despidos «por necesidades de la empresa» afectaron a 86 mil trabajadores, ya sin pandemia ni otra excusa que pudiera considerarse. Solo pareciera que se trata de otro atropello a la dignidad laboral.
Sin generar el número suficiente de empleos que se requieren, La Moneda se contenta con poco: la cifra oficial de desocupación volvió a subir en el último trimestre al marcar un 8,5%. A la vez reitera que el salario mínimo llegará a 500 mil pesos en julio próximo, en circunstancias que esa suma era prudente pero para julio del año pasado.
El gobierno observa de brazos cruzados como dos de sus reformas centrales todavía están entrabadas en el Congreso. Las bancadas parlamentarias que se oponen a mejorar las condiciones de vida de los chilenos tienen sin avanzar a la reforma de pensiones y la reforma tributaria, ejes centrales de las políticas progresistas prometidas en la campaña electoral.
Ante este panorama está claro que para La Moneda el único camino es construir una mejor relación con el movimiento sindical y el mundo social que signifique un reconocimiento al valor de los trabajadores en el desarrollo del país. Hay que volver a movilizar a la ciudadanía, en función de una mejor calidad de vida y para enfrentar a una derecha obstruccionista que bloquea los cambios que beneficiarán a las mayorías.
Aunque el presidente de la República y la ministra del Interior estiman que recientes declaraciones del canciller de un país amigo son «un insulto para el pueblo», lo más insultante pareciera que es el olvido de las demandas populares postergadas, que esperan aún por una atención expedita y eficiente a la brevedad.
Hugo Alcayaga Brisso
Valparaíso
