Imprudencias ministeriales y trabas para combatir la corrupción
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Pues bien, la Contraloría tiene por obligación legal y constitucional efectuar auditorías dentro de los servicios que fiscaliza para velar por el cumplimiento de las normas jurídicas, el resguardo del patrimonio público, la probidad administrativa y la inversión de los fondos públicos, como asimismo verificar la exactitud o razonabilidad de los respectivos estados financieros y la observancia de los principios de eficacia en el uso de los recursos públicos. Esta importante entidad de control tiene que formular instrucciones y acciones correctivas para subsanar las infracciones, irregularidades y deficiencias que detecte de oficio o por denuncias de terceros. Cuando las ilegalidades detectadas son de cierta importancia, delitos por ejemplo, tiene que trasladar la documentación al Ministerio Público y en ocasiones al Consejo de Defensa del Estado (CDE).
La Contralora Regional de Tarapacá, Sandra Estay, molesta porque ciertos particulares de su región formulaban denuncias, en ocasiones, sin sustento, le solicitó a la sede central de la Contraloría que se enmendara esa situación para evitar tal incómoda situación que le hacía perder el tiempo en revisiones sin sentido.
El Contralor General, Jorge Bermúdez, con fecha 15/12/2023, firmó el dictamen N°E428343/2023, en el cual encontrándole la razón a la señora Estay, resolvió que las denuncias de particulares «deben ser desempeñadas de acuerdo con una racional, eficiente e idónea administración de los limitados recursos de la Contraloría General, por lo que en caso de no cumplirse con los requisitos establecidos para racionalizar el ejercicio de su labor dictaminadora o con los criterios que hacen factible un procedimiento de fiscalización no planificado, es posible abstenerse de dar la respuesta requerida o adoptar las acciones solicitadas».
En ese dictamen se le exige al particular que formula una acusación en contra de cualquier órgano público, que necesariamente tenga la condición de interesado directo en el erróneo procedimiento administrativo de tal servicio del Estado, luego los ciudadanos tenemos que demostrarle a la Contraloría que disponemos de legitimación para combatir la corrupción, sobre todo la municipal que es la más evidente y grosera, asunto que se aprecia en link
Leer en link oficio del ex contralor Jorge Bermúdez. https://www.
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Como en esta vida hay muchas sorpresas, recordamos que la Ley N° 20.285 de Transparencia, es el resultado de una denuncia hecha hace años en la propia Contraloría por Defendamos la Ciudad, en conjunto con otras organizaciones civiles, con el liderazgo y conducción del joven abogado Moisés Sánchez. Lo anterior, porque habíamos detectado en el Diario Oficial la publicación de una serie de decretos, resoluciones y otros actos administrativos que consagraban el secretismo en plena democracia, ver link https://www.
Acogiendo el libelo ciudadano, el ente fiscalizador comandado por Gustavo Sciolla ordenó, con sólidos fundamentos jurídicos, a todas las reparticiones públicas que dictaron resoluciones pro secretismo invocando el caprichoso artículo 9º del famoso «Reglamento» que modificaran sus actuaciones…
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Patricio Serendero says:
«No hay almuerzo gratis», gustan de decir con razón los gringos. La visita de los ministros no es lamentablemente una «imprudencia». Nada tenían que hacer en casa del lobbista de turno Zalaquett dos ministros del Gobierno. Y dos ministros justamente de las áreas donde operan las empresas de las cuales el Sr. Zalaquett es lobbista registrado.
Más claro, echarle agua. Porque la invitación no era precisamente para hablar de fútbol o el estado del clima. Si una empresa quiere plantear sus problemas al Ministro va de día claro a su gabinete. Una reunión como esa, secreta como pretendían los intervinientes puesto que no aparace en los registros correspondientes de ambos ministerios, solo puede ser para actos ilegales. Para ya no decir que solo las empresas consiguen tener dos ministros simultáneamente citados a casa de uno de sus empleados para que escuchen sus cuitas. Alguien piensa que algún sindicato pesquero tendría ese raro privilegio?
Este gobierno de Derecha demuestra cada semana que defiende prioritariamente los intereses de los ricos.
Luis says:
Que más se puede esperar!? De un Estado y Sistema Corrupto!!!!!!!!!