Isapres amenazan con una catástrofe: El dilema entre la salud y las ganancias
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El actual escenario de presiones entre las Isapres y el Gobierno ha alcanzado un punto crítico, llevando a una encrucijada que podría tener consecuencias graves para millones de personas en Chile. La reciente aprobación adelantada del Índice de Costos de Salud (ICSA) ha desencadenado una serie de declaraciones contundentes por parte de la Asociación de Isapres, señalando un futuro sombrío si no se toman medidas urgentes.
El ICSA, que regula el incremento máximo permitido en los planes de salud, ha sido el epicentro de este debate. El Gobierno propone su entrada en vigor en abril de 2024, adelantando la habitual fecha de junio, lo que ha desatado alarmas y advertencias por parte de las Isapres.
“Contrario a lo que se ha señalado, la iniciativa legal impulsada por el Gobierno es insuficiente para dar real certidumbre y asegurar la continuidad de los tratamientos y atenciones de los afiliados a las Isapres y, por lo tanto, no soluciona la crisis sistémica de la salud privada en Chile”, indicaron en una declaración tras la aprobación del ICSA.
“Existe pleno consenso técnico en que, desde enero, la magnitud de la caída en los ingresos de las Isapres, producto del fallo GES, impedirá cubrir las prestaciones y licencias médicas de los beneficiarios, y financiar apropiadamente la red asistencial, que atiende a más de la mitad de los usuarios del Fonasa”, advierten.
Las voces desde la Asociación de Isapres no cambian en su postura, calificando las acciones gubernamentales como insuficientes para afrontar la crisis sistémica que enfrenta la salud privada en Chile. Advierten sobre la imposibilidad de cubrir tratamientos, atenciones médicas, prestaciones y licencias debido a la disminución de ingresos, agravada por el fallo GES.
El mensaje es claro y contundente: la medida propuesta no es suficiente. Exigen una solución rápida y definitiva que subsane el déficit estructural y devuelva la certeza en el acceso a la salud para toda la población. Alertan sobre un desenlace catastrófico si no se actúa con prontitud, poniendo en primer plano el impacto directo en los pacientes.
La urgencia se vuelve imperativa. Las repercusiones de esta situación no pueden subestimarse. La incertidumbre sobre el acceso a la atención médica y los tratamientos necesarios es un peso que millones de personas podrían enfrentar si no se encuentran soluciones integrales.
El llamado a la acción no puede ser ignorado. La responsabilidad recae en la autoridad para traducir las promesas y compromisos en acciones concretas que garanticen la continuidad y calidad de la atención médica para todos los usuarios del sistema de salud.
Ante este panorama tenso y amenazante, es fundamental que el diálogo y la acción pronta prevalezcan. El bienestar de la población y el acceso a la salud no deben ser moneda de cambio en discusiones políticas o financieras.
