Desafíos tras el Plebiscito: un momento complejo con una difícil tarea
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Este artículo del economista socialista Gonzalo Martner reflexiona sobre el reciente plebiscito constitucional y su impacto en el panorama político y social del país. Bajo el título «Tablas«, Martner destaca cómo el rechazo a una institucionalidad autoritaria y desigual se manifestó en la votación, alejando la posibilidad de una propuesta constitucional que amenazaba derechos y profundizaba la desigualdad. A pesar de un escenario político polarizado, el texto apunta a la persistencia de una leve ventaja para el progresismo y destaca el desafío de consolidar un camino igualitario, sustentado en cambios tangibles que promuevan derechos sociales, un crecimiento inclusivo y sostenible, así como la democratización de espacios económicos clave. Enfrentar el bloqueo parlamentario y mediático se perfila como una tarea ardua, pero necesaria para avanzar en reformas esenciales en salud, pensiones, tributación y otros ámbitos que beneficien a las mayorías.
Con el resultado del plebiscito constitucional del 17 de diciembre, se alejó la perspectiva de entronización de una institucionalidad con rasgos autoritarios y liberticidas, alejada del principio de mayoría en la formación de las leyes y con una mayor desigualdad del voto. Ésta, además, ponía en entredicho derechos de las mujeres, restringía derechos sociales, consagraba el predominio de la propiedad privada por sobre los bienes comunes y la seguridad social y establecía un sistema tributario regresivo.
Se podía conjeturar, con fundamentos, que los resultados a favor de la extrema derecha de septiembre de 2022 y mayo de 2023 se podían prolongar en diciembre de 2023. No había nada muy nuevo en el escenario, en especial en materia de valoración de la acción del gobierno, arrinconado en los temas de seguridad e inmigración, golpeado por escándalos de mal uso de recursos públicos por nóveles activistas y nóveles autoridades, y sin una agenda social muy significativa en medio de una economía languideciente. Fue el “año en que vivimos en peligro”. Pero prevaleció a la postre una especie de sentimiento general de valoración de la democracia. El voto mayoritario fue contra la pérdida de derechos de la propuesta constitucional de Kast y su grupo, que arrastró a una derecha tradicional carente de posturas consistentes y menos aún de voluntad de producir un acuerdo de amplio espectro.
Sin embargo, el acuerdo estaba ahí, con el borrador del grupo de expertos que fue consensuado por representantes de prácticamente todo el espectro político institucional, y fue desechado por la derecha, en un acto de irresponsabilidad histórica.
Ahora tenemos, después de cinco votaciones constitucionales desde octubre de 2020 -nada parecido ha ocurrido nunca en algún otro país del mundo- un resultado que en términos ajedrecísticos se puede llamar de «tablas», es decir un empate. No hay nueva constitución progresista y tampoco una de ultraderecha. Pero persiste una leve ventaja para el progresismo, pues en agosto de 2022 se bajaron los quórum de reforma constitucional y en enero de 2023 se aliviaron los candados en las leyes orgánicas de la constitución vigente. Además, sigue estando ahí el borrador de los expertos para ser incorporado en lo necesario a la actual constitución, incluyendo el Estado democrático y social de derecho, cuando aparezca una mayoría de 4/7. Sin embargo, todo hace pensar que la derecha va a preferir el camino de la confrontación, azuzada por un empresariado a la ofensiva para evitar toda reforma tributaria y toda pérdida de espacios de los privados en la seguridad social, la atención de salud y la educación, o bien modificaciones a la legislación laboral que pudieran fortalecer a los sindicatos.
Ese es el nuevo escenario en que se desenvolverá el conflicto político, con una creciente polarización provocada, además, por la competencia en la derecha por quien expone mayor dureza en la agenda de destrucción del gobierno y de predominio de la agenda de seguridad e inmigración en el espacio público, en detrimento de toda agenda social y económica. Ocurre que la oligarquía se comporta como tal y su conducta es la de desplegar todo su poder para preservar sus privilegios, sin mayores matices. Sus representantes más conspicuos llegaron a autocalificarse, en una vorágine de arrogancia después de los resultados de septiembre 2022 y de mayo 2023, de «verdaderos chilenos«, como si los demás no lo fuéramos. El gran empresariado mostró, por su parte, su cara política más cruda al apoyar a la extrema derecha en el tema constitucional y a propósito de los 50 años del golpe militar.
Otra conjetura verosímil es que persistirá una volatilidad del votante emocional sin anclaje ideológico, a cuya cara de adhesión al orden acude la derecha con sus campañas del miedo, en ocasiones con éxito. Su otra cara es la demanda por más protección y movilidad social, que busca ser cubierta por el progresismo, con éxito cuando logra poner esa agenda en el escenario público y dispone de los medios gubernamentales y parlamentarios para concretarla. Persiste, por otro lado, el dato sociológico de una alta proporción de personas -aunque no una mayoría estable-que no ve como problema la concentración del poder económico y adhiere al autoritarismo y a valores ultra-individualistas o conservadores. Es una minoría consistente, capaz de conformar mayorías si sus conductores logran infundir percepciones de crisis y desgobierno que arrastran al electorado volátil.
Las fuerzas progresistas y de izquierda deben constatar que ese es el país realmente existente y que su rol es persistir en transformarlo. Eso solo puede ocurrir con un programa de cambios para conquistar más derechos y protecciones sociales y de los bienes comunes, sustentados en una gestión de la economía volcada a un crecimiento inclusivo y sostenible.
Adoptar el lenguaje del centrismo y su lógica del acomodo no tiene credibilidad, y menos en tiempos polarizados, y tampoco el de la dureza autoritaria, terreno en el que la derecha tiene galones insuperables anclados en la cultura de la hacienda. Tampoco tiene sentido coquetear con el neoliberalismo que insiste en “soluciones de economía de oferta” para reactivar la economía, basadas en desregularlo todo en beneficio del capital. Llaman “permisología” a las normas laborales y ambientales que son esenciales para la buena salud de la economía en Chile y en todas partes, lo que no impide sostener que apurar y simplificar trámites y remecer a las burocracias será siempre saludable. Pero en realidad lo que persiste es la vieja fantasía oligárquica que quiere maximizar las utilidades de sus grandes empresas sin consideración por las personas y el ambiente, y de paso ojalá no pagar muchos impuestos y no rendirle cuenta de nada a nadie. ¿Por qué andar pidiéndole permiso a la sociedad, esa vana molestia, si yo soy el dueño del poder económico, que es el que debe prevalecer? Todo esto supuestamente aumentaría el crecimiento, en lo que ya fracasaron, para los olvidadizos, los Chicago Boys a un alto costo social, de concentración de mercados y de desindustrialización y pérdida del tejido de pymes, entregando, además, recursos comunes a intereses externos que dejaron de estar al servicio de la nación y sus necesidades. Las repatriaciones de utilidades al exterior por empresas transnacionales, mineras y financieras, alcanzaron a 23,9 mil millones de dólares en 2022, cerca de un 8% del PIB. La inversión extranjera está muy bien, solo que tiene un costo muy alto para el país cuando está mal regulada: no solo hay ingresos, sino también egresos, en este caso de sobreutilidades. La nueva regalía minera permitirá solo una mínima contribución a los ingresos del gobierno y las regiones de una renta que pertenece a todos y no a los accionistas de transnacionales, con un precio del cobre que subirá en los próximos años y una demanda futura en expansión.
El desafío, en cambio, es seguir construyendo un camino igualitario y libertario con un mucho mayor caudal de apoyo en la ciudadanía. Eso solo se logrará en tanto se vaya demostrando con hechos tangibles -en materia de empleo, salarios, atención de salud, acceso a la educación, pensiones, vivienda y entornos urbanos seguros- que recorrerlo es más meritorio y tiene más sentido como alternativa para ampliar derechos y promover una prosperidad compartida, sostenible y segura. Se trata de convencer de una realidad: mantener una sociedad desigual, discriminatoria e insegura, ensimismada en el miedo y en el rechazo al otro, empequeñece al país. En materia económica, no se debe olvidar que lo que en realidad dinamiza la oferta no son empresas sin reglas, pero que no tienen a quien venderle lo que producen (recordemos que el comercio se encuentra actualmente deprimido), sino flujos de corto plazo suficientes de demanda de consumo y de inversión. Esta última es, a su vez, la que dinamiza la producción, el empleo y los salarios en el mediano y largo plazo y debe expandirse a la brevedad, en especial la construcción y las obras públicas sostenibles, junto a un mayor apoyo a las pymes y a las empresas tecnológicas e innovadoras emergentes. Un nuevo impulso exportador y sustituidor de importaciones de mayor valor agregado sigue siendo una gran tarea pendiente, que no se hará sola sino con un deliberado esfuerzo público-privado de financiamiento de la diversificación y la transferencia y desarrollo tecnológico apropiado para mejorar la productividad sistémica de la economía. Esto requerirá mantener un tipo de cambio competitivo y un mayor esfuerzo de conquista de mercados externos.
El desafío lo tienen ahora el presidente Boric y su coalición de apoyo, junto a las eventuales energías de movilización ciudadana que lo acompañen, para enfrentar y superar con más convicción y claridad política y argumental el bloqueo parlamentario y mediático de la oposición. Este se ejercerá tanto en las reformas de salud, de pensiones y tributaria como en cualquier otro avance social y cultural que empuje el gobierno. Vendrán dos años difíciles, pero gobernar para las mayorías nunca ha sido fácil.
Por Gonzalo Martner
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