Ministro Álvaro Mesa condena a presidio perpetuo a oficial de la FACH (r) por homicidios en Fundo El Toro
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El pasado no se borra, pero la justicia puede llegar tarde. En un fallo que resuena con el eco de la historia, el ministro en visita extraordinaria Álvaro Mesa Latorre ha condenado a varios miembros de las fuerzas armadas y de seguridad de Chile por delitos cometidos durante septiembre de 1973 en el fundo El Toro, comuna de Fresia. Este fallo emblemático es una afirmación contundente del esfuerzo de los familiares de las víctimas por la búsqueda de justicia, incluso décadas después de los eventos.
En este juicio, el comandante de escuadrilla y auditor ad-hoc de la Fuerza Aérea en ese momento, Patricio Rodríguez Encalada, fue condenado a presidio perpetuo como autor de homicidio calificado, en carácter de lesa humanidad, de seis personas: Mario César Torres Velásquez, José Mario Cárcamo Garay, Francisco del Carmen Avendaño Bórquez, Óscar Arismendi Medina, José Luis Felmer Klenner y José Antonio Barría Barría. Esta sentencia no solo apunta a responsabilidades individuales, sino que arroja luz sobre un capítulo oscuro de la historia chilena.
Además de la condena al comandante Rodríguez Encalada, otros exmiembros del Ejército y Carabineros también fueron sentenciados a penas de prisión por secuestros y apremios ilegítimos aplicados a las mismas seis víctimas. La magnitud de este fallo se extiende más allá de las sentencias penales; el tribunal también ordenó al fisco pagar una indemnización total de $2.750.000.000 por daño moral a los familiares de las víctimas, reconociendo así el sufrimiento perdurable causado por estos hechos atroces.
Este fallo, sustentado en una investigación minuciosa que documenta los eventos de 1973, revela la brutalidad de un pasado marcado por la violencia y el abuso de poder. Las declaraciones de testigos, los informes y el análisis exhaustivo de los hechos han permitido una visión clara de lo sucedido en el fundo El Toro.
Uno de los aspectos más sobrecogedores es la descripción detallada del Consejo de Guerra que condenó a muerte a seis de los detenidos. Este consejo, según el fallo, fue una farsa montada para justificar ejecuciones, sin respetar el debido proceso ni los derechos fundamentales de los acusados. Las violaciones flagrantes a la ley y a la Constitución Política de la época, así como la manipulación de la situación de guerra para aplicar penas más severas de manera retroactiva, son aspectos que resaltan en este veredicto.
Es esencial subrayar el contexto de la época y la tendencia de utilizar tribunales militares para justificar acciones represivas sin fundamentos. Este fallo no solo es un paso hacia la justicia tardía, sino también un recordatorio contundente de la importancia de respetar los derechos humanos y la legalidad incluso en los momentos más convulsos de la historia.
La sentencia del ministro Mesa Latorre, respaldada por la evidencia y los testimonios recopilados a lo largo de la investigación, envía un mensaje inequívoco: los crímenes de lesa humanidad no prescriben, y la búsqueda de la verdad y la justicia puede atravesar décadas para cumplirse.
Este fallo judicial no solo representa el cierre de un capítulo oscuro en la historia de Chile, sino que también establece un precedente importante para la justicia, la memoria y la responsabilidad histórica en un país que sigue luchando por la verdad y la reconciliación.
