Denuncian graves retrasos de la Superintendencia del Medio Ambiente en la fiscalización de proyectos
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La Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén ha puesto de manifiesto serias preocupaciones sobre el desempeño y la efectividad de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) en relación con la protección del medio ambiente y las comunidades. La SMA, encargada de fiscalizar y regular el cumplimiento de la normativa ambiental, enfrenta acusaciones de retrasos y omisiones en su labor de supervisión en diversos sectores clave como la minería, la hidroelectricidad y las parcelaciones masivas.
La Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén resalta que el catastro de Unidades Fiscalizables de la SMA identifica cerca de 60 parcelaciones de gran escala que podrían estar causando impactos ambientales significativos, pero la entidad aún no ha emitido los Informes de Fiscalización Ambiental correspondientes. Algunos de estos registros se originan en denuncias que datan del año 2021, lo que subraya una demora alarmante, especialmente considerando la urgencia de abordar estas problemáticas a nivel regional y nacional.
Un punto crítico señalado es la falta de presencia en terreno para constatar los posibles impactos denunciados. La fiscalización ambiental requiere una aproximación atingente y oportuna, lo que no parece estar ocurriendo en la actualidad, generando una preocupante reducción en la prevención de impactos ambientales. Organizaciones como la ONG FIMA y agrupaciones socioambientales de Aysén han estado monitoreando de cerca esta situación y abogando por una acción más efectiva.
La Corporación también arroja luz sobre el sector minero, donde se han presentado requerimientos concretos a la SMA que no han sido abordados de manera satisfactoria. Se menciona un caso en particular contra Minera Equus Chile Limitada por ejecutar ilegalmente plataformas de prospección en una zona de conservación. A pesar de la denuncia y del tiempo transcurrido, la respuesta de la SMA ha sido lenta y poco concluyente.
Similarmente, en el caso de Southern Gold, se ha solicitado durante años que la SMA aplique sanciones por proyectos ejecutados sin autorización. La SMA ha evitado aplicar sanciones y ha permitido a la empresa evaluar ex post sus intervenciones, lo que ha causado una gran frustración entre las organizaciones que buscan una acción más contundente.
En el ámbito de la hidroelectricidad, el comunicado destaca que la SMA ha desestimado acciones ciudadanas en contra de proyectos como la central hidroeléctrica Los Maquis. Sin embargo, gracias a la perseverancia de las organizaciones y al Tribunal Ambiental de Valdivia, se logró que la empresa se sometiera a evaluación ambiental.
En el caso de la ex Minera El Toqui, la falta de cumplimiento de la remediación ambiental de la zona afectada por la modificación ilegal del proyecto también es mencionada. A pesar de una multa impuesta en 2018, la situación sigue sin resolverse, en parte debido a la inacción de la SMA en el proceso de Requerimiento de Ingreso al SEIA.
La información concluye enfatizando que estos retrasos y omisiones de la SMA tienen consecuencias significativas en términos de impactos socioambientales y afectaciones a las comunidades locales. Exige una acción más diligente y efectiva de la entidad para cumplir con su deber de proteger el medio ambiente y los derechos de las comunidades en Chile. Las organizaciones y defensores de la naturaleza están llamando a la SMA a asumir su responsabilidad con seriedad y urgencia, garantizando un futuro más sostenible y seguro para todos.
