El congreso de EE.UU. ordenó informar sobre la conspiración contra el presidente Allende. El de Chile aún no (II)
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La respuesta de la CIA al Congreso de EE.UU. sobre el golpe de Estado y los crímenes subsiguientes
En cumplimiento de lo aprobado por el Congreso de EE.UU. en la denominada “Enmienda Hinchey”, el 18 de septiembre de 2000 la CIA informó acerca de “actividades de oficiales, agentes encubiertos y empleados de todos los elementos de la comunidad de inteligencia con respecto al asesinato del Presidente Salvador Allende en septiembre de 1973 la ascensión del General Augusto Pinochet a la Presidencia de la República de Chile; y, violaciones de los derechos humanos cometidas por funcionarios o agentes del ex Presidente Pinochet.” La respuesta íntegra de la CIA al Congreso está publicada en https://rb.gy/1quex (la traducción no oficial en https://rb.gy/54nov).
En su respuesta la CIA reconoce operaciones de entrega de dinero a individuos escogidos de los partidos chilenos que menciona, dirigida a condicionar el resultado de las elecciones al Congreso de 1965, 1969 y 1973, y a la Presidencia de la República de 1964 y 1970; a “El Mercurio” y otros medios, para campañas de desestabilización política y económica; a algunos empresarios y gremios, para financiar huelgas insurreccionales; a grupos terroristas, para destruir infraestructuras; a militares, para deslegitimar a la oficialidad constitucionalista y promover la insurrección armada:
el objetivo arrollador -firmemente anclado en la política de este período- era desacreditar a los líderes políticos, especialmente al Dr. Salvador Allende, y fortalecer y animar a sus oponentes civiles y militares para que les impidieran llegar al poder y mantenerse en el mismo. Bajo la dirección de la Casa Blanca y los comités de coordinación de política inter agencias, la CIA llevó a cabo las actividades encubiertas descritas. Consistieron en esfuerzos propagandísticos sostenidos, incluyendo el apoyo financiero a los mayores medios de comunicación, en contra de Allende.
En el marco de la estrategia conocida como «Plan de Acción II» a la CIA se le ordenó buscar el modo de promover un golpe que impidiera a Allende tomar posesión del cargo tras ganar las elección del 4 de septiembre de 1970. El 9 de septiembre siguiente la Central recibió instrucciones del Cuartel General ordenándola que entablara contactos directos con los oficiales del ejército chileno para evaluar la posibilidad de estimular un golpe militar. La CIA había establecido contacto con conspiradores golpistas, incluido el General Camilo Valenzuela, jefe de la Guarnición de Santiago. La CIA suministró el 22 de octubre a este grupo -que veía en el secuestro del General Schneider, Comandante en Jefe del Ejército, un paso esencial para cualquier golpe- tres subametralladoras, munición y de 8 a 10 granadas de gas lacrimógeno.
En octubre de 1972 existía el consenso en el Gobierno de los Estados Unidos de que los militares intentaban dar un golpe en algún momento.
El 21 de agosto de 1973 se aprobó un desembolso presupuestario suplementario de un millón de dólares para aumentar la ayuda a los partidos políticos de oposición, lo que durante el período de Allende sitúa la cantidad total del gasto en operaciones encubiertas en aproximadamente 6,5 millones de dólares. A finales de agosto la Central solicitó autorización para brindar la máxima ayuda posible a las actividades de la oposición destinadas a promover la entrada de los militares chilenos en el gabinete de Allende, y la sustitución del Comandante del Ejército, el General Carlos Prats, cuyas acciones eran firmemente fieles a la Constitución.
La CIA estaba al corriente de la maquinación del golpe que terminó con el Gobierno de Allende el 11 de septiembre de 1973, tenía relaciones para recabar información de inteligencia con algunos de los conspiradores, y no desalentó la toma del poder por los golpistas. La CIA supo de la fecha exacta del golpe poco antes de que tuviera lugar.
Los funcionarios de la CIA estaban al corriente en 1973 que el General Pinochet y las fuerzas que terminaron con el Gobierno de Allende estaban llevando a cabo una dura campaña contra militantes de izquierdas y todos aquéllos tenidos por enemigos políticos. Las actividades de algunos servicios de seguridad hacían prever un esfuerzo a largo plazo para suprimir a los oponentes.
La CIA tenía nexos con los servicios de seguridad chilenos. Tras el golpe de septiembre de 1973, la CIA continuó con algunos proyectos de propaganda ya en marcha, incluyendo ayuda para los medios de comunicación comprometidos con generar una imagen positiva de la Junta Militar. Individuos chilenos que habían colaborado con la CIA contribuyeron a la preparación del «Libro Blanco», un documento con el que se buscaba justificar el derrocamiento de Allende. Contenía la alegación de que los militantes de izquierdas tenían un plan secreto, el «Plan Z», para asesinar al alto mando en los meses anteriores al golpe. La CIA señaló que probablemente se trataba de una desinformación manipulada por la Junta para mejorar su imagen y ofrecer una justificación de sus actividades.
El “Informe Hinchey” documenta operaciones y fechas. En 1964 la CIA invirtió en apoyo de la candidatura presidencial de Eduardo Frei tres millones de dólares, equivalentes el 3 de julio de 2023, según el índice de inflación de EE.UU., a unos 29.431.000 US$ o 23.574.231.000 pesos chilenos. Los dólares ingresaban a través del mercado negro y su valor en pesos se multiplicaba hasta por cinco, lo que supondría hoy unos 117.871.155.000 pesos.
El golpe de Estado pedido desde “El Mercurio”
El 15 de septiembre de 1970, dos meses antes de que Salvador Allende ingresara como Presidente en el Palacio de La Moneda, “en su reunión con el Director de la CIA Richard Helms y el Fiscal General John Mitchell, el Presidente Nixon y su Consejero de Seguridad Nacional, Henry Kissinger, ordenaron a la CIA que impidiera que Allende tomara el poder, y pusieron a su disposición un mínimo de diez millones de dólares [equivalentes el 3 de julio de 2023 a unos 78 millones de USD, 62.478.000.000 de pesos que multiplicados por el coeficiente del mercado negro supondrían ahora unos 312.390.000.000 pesos]. “Según las notas de Helms no estaban ‘preocupados [por los] riesgos que ello implicaba’. Además de la acción política, Nixon y Kissinger ordenaron medidas para ‘hacer chillar de dolor la economía’”.
El siguiente 22 de septiembre Kissinger se reunió con el Subdirector de Planes de la CIA:
“Cuando terminó la reunión, el Sr. Kissinger me pidió que me quedara un momento y le dije que hoy enviaríamos a George Donohue a ver a Frei y a Ossa para transmitirles los mismos mensajes que transmitirá el embajador Korry, pero para asegurar a Frei que, si es necesario, tendrá el doble de la cantidad que tenía para las elecciones de 1964 y también que continuará la ayuda militar. También debe asegurar a Frei que, si Frei hace el esfuerzo y fracasa, ayudaremos a Frei a reasentarse en el extranjero si eso es lo que decide hacer. El Sr. Kissinger dijo que nuestra gestión del problema durante la reunión anterior había sido perfecta y añadió que lo estábamos haciendo bien y que siguiéramos así. [Ossa era el Ministro de Defensa del Presidente Frei, publicado en https://rb.gy/oftbr, y https://rb.gy/q9ihw, pág. 338).
Como consta en el Memorándum publicado en “1969-1973. Chile. Foreign Relations of the U.S., Department of State (vol. XXI, págs. 243-248, 763-786), el 14 de septiembre de 1970 el dueño de El Mercurio, Agustín Edwards, había implorado a Kissinger y al Director de la CIA organizar un golpe militar en el que lograron involucrar a los Comandantes en Jefe de la Marina y la Aviación, el Director General de Carabineros y el General Jefe de la Guarnición de Santiago, Camilo Valenzuela. Este último fue sobornado con 50.000 USD, equivalente el 03-07-2023 a unos USD 392.000, o 314 millones de pesos, a multiplicar por el coeficiente del mercado negro. El Mercurio, el principal vehículo de desestabilización mediática, en el solo año 1971 recibió 900.000USD, equivalente el 3 de julio de 2023 a más de 6.882.000USD, o 5.512.482.000 pesos (a multiplicar por el coeficiente promedio entonces del mercado negro).
La guerra económica, política y psicológica declarada a la República de Chile
El 5 de septiembre de 1970, apenas 24 horas después de la toma de posesión del Presidente Allende, el Consejero de Seguridad Nacional de EE.UU. informaba a su Gobierno que
“La consolidación de Allende en el poder en Chile supondría amenazas muy serias para nuestros intereses y posición en el hemisferio, y afectaría a los acontecimientos y a nuestras relaciones en otros lugares del mundo. (…) tendría seguramente un impacto -e incluso el valor de precedente- en otras partes del mundo, especialmente en Italia; la propagación imitativa de fenómenos similares en otros lugares afectaría a su vez significativamente al equilibrio mundial y a nuestra propia posición en él.”
La respuesta de la CIA a la “Enmienda Hinchey” ha confirmado que a la desestabilización del Estado de Chile entre noviembre de 1970 y septiembre de 1973 destinó “aproximadamente 6,5 millones de dólares”, lo que equivale a fecha 3 de julio de 2023 a unos USD 54.000.000, o pesos 43.254.000.000, que habría que multiplicar por un promedio mínimo de cinco en el mercado negro.
Sin embargo, mientras el Comandante en Jefe del Ejército fue leal a la Constitución, fracasaron sucesivos intentos de amotinamiento castrense entre 1970 y 1973. Tras la dimisión del general Carlos Prats el 23 de agosto de 1973, muy afectado psicológicamente por la continuada campaña dirigida contra él y la oficialidad constitucionalista, una escuadra de tres destructores y un submarino de EE.UU. puso proa hacia las costas de Chile donde su llegada era la señal convenida para el amotinamiento de la Marina. El 10 de septiembre la escuadra se hallaba, en efecto, frente a Coquimbo monitorizando la insurrección.
“Schneider contra Kissinger”, o el honor de la República de Chile
Los hijos del General Schneider, Raúl y René, presentaron ante los tribunales de Washington D.C. una demanda contra Henry Kissinger y el gobierno de Estados Unidos por la operación encubierta que provocó la muerte del Comandante en Jefe del Ejército de Chile. La demanda se fundamenta en la prueba aportada en el “Informe Hinchey” y otros documentos oficiales de
“la asistencia práctica a sabiendas y el estímulo proporcionados por los Estados Unidos y los actos oficiales, y ultra vires, de Henry Kissinger que dieron lugar a la ejecución sumaria, tortura, trato cruel, inhumano y degradante, detención arbitraria, asalto y agresión, negligencia, imposición intencional de angustia emocional y muerte por negligencia del General Schneider.
Los documentos del gobierno demuestran que, a partir de 1970 o alrededor de esa fecha, los Demandados dirigieron, controlaron, cometieron, conspiraron para cometer, asistieron, alentaron, actuaron conjuntamente para cometer, ayudaron e instigaron, y/o estaban íntimamente al tanto de actividades manifiestas así como encubiertas para impedir el acceso del Dr. Salvador Allende a la Presidencia de Chile. Estas actividades incluyeron la organización e instigación de un golpe de estado militar en Chile que requirió la destitución del General René Schneider, padre de los Demandantes. Cada una de las acciones deliberadas y diseñadas de los Demandados fueron tales que los Demandados sabían o deberían haber sabido que sus actos y omisiones resultarían en la muerte del General Schneider».
La demanda pende hoy ante la Comisión Interamericana de DD.HH., después que los tribunales de EE.UU. estimaran que, en virtud de la separación constitucional de poderes, la competencia para conocer de los alegados actos del Ejecutivo en política exterior radica en el Congreso.
Ante el Congreso chileno aún no se ha presentado un proyecto de ley que ordene informarle sobre la participación de servicios y funcionarios chilenos en operaciones clandestinas dirigidas a desestabilizar las instituciones de la República, promover la sedición y la insurrección armada, los subsiguientes crímenes masivos y el régimen de dictadura. Tampoco ninguna iniciativa ha solicitado que el Congreso de Chile solicite a los órganos competentes de EE.UU. responsabilidades por acciones de intervención en los asuntos internos y la humillación de Chile que el “Informe Hinchey” y el “Informe Church” han acreditado ante el Congreso de los EE.UU. a petición de sus Diputados y Senadores.
