“Crimen organizado” en Valparaíso

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El crimen organizado de que tanto habla hoy la clase política no es nuevo en Chile, sino que comenzó junto con la dictadura, lo que queda de manifiesto en el asesinato de quien fuera Prefecto de Investigaciones,  Juan Bustos Marchant: antes no se conocía  tan minuciosa “organización” para dar muerte a un compatriota detenido e indefenso luego de ser destituido por la Armada que se había arrogado el poder absoluto en la ciudad puerto.

Este hecho que aconteció hace casi medio siglo ha vuelto a la actualidad a raíz del reciente fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que condenó al Estado chileno al pago de una millonaria indemnización a la familia del ex jefe policial, buscando reparar en alguna medida los perjuicios y el daño moral sufridos todos estos años.

Juan Bustos fue el funcionario público de más alto rango de la región de Valparaíso nombrado por el gobierno del presidente Allende que cayó abatido en el tiempo negro de la tiranía militar. En este caso confluyeron agravantes como la planificación, cobardía, premeditación, alevosía, encubrimiento e impunidad, todo lo cual se conoce en estos días como “crimen organizado”.

Juan Bustos Marchant

Contrariamente a lo que se quiso hacer creer con hipocresía por “orden superior” el ex Prefecto que se encontraba aislado y en prisión no se quitó la vida voluntariamente,  como se dijo.  Lo ocurrido correspondió a la acción criminal de terceros coludidos para dispararle a quemarropa sabiendo que iban a permanecer impunes en circunstancias que en el país no había democracia ni justicia.

Casado, dos hijas, Bustos tenía 47 años de edad al momento de su muerte, cuando se hallaba recluido por mandato de los golpistas que habían asaltado el poder a sangre y fuego. En su contra se levantaron cargos como tráfico de armas y de drogas de los cuales se le declaró inocente al cabo de una amplia indagatoria, según se informó a su esposa meses después de su deceso.

Al término de la dictadura, a partir de los años 90 a través de su programa de derechos humanos, el tribunal porteño investigó, interrogó, descartó y ordenó los peritajes pertinentes. Ello lo llevó al esclarecimiento de los hechos y a imponer la necesaria verdad que había sido burdamente alterada.

El hecho de sangre se produjo  en la madrugada del 2 de mayo de 1974 cuando Bustos había sido detenido por la Armada ya por tercera vez y por disposición de la Fiscalía Naval se encontraba bajo custodia de agentes del Estado.  Sin miramientos,  se determinó su incomunicación  en un calabozo de la propia Prefectura que había encabezado hasta pocos meses antes.

Bustos cayó en una trampa: el Fiscal Naval lo autorizó para salir del cuartel por algunas horas para visitar a su madre enferma. Al regresar a la celda que se le había asignado fue intimidado por varios antiguos funcionarios policiales, militantes de la extrema derecha, uno de los cuales le disparó a corta distancia. Este ha sido identificado como Mario Tashima Rebolledo, quien no cumple hoy pena de cárcel por tratarse de un sujeto de avanzada edad afectado de demencia senil.

El mismo día del homicidio la Armada emitió un comunicado afirmando que el detenido se había disparado un balazo en la cabeza. Ello provocó sorpresa en la opinión pública, considerando que el presunto suicida se hallaba incomunicado y obviamente no tenía en su poder arma alguna.  No obstante,  en esos días aciagos no era posible contradecir a las autoridades de facto.

La dirección general de investigaciones había designado a Bustos al frente de la Prefectura de Valparaíso en 1971,  considerando su vocación policial y su profesionalismo a toda prueba. Era un funcionario de carrera nombrado en reemplazo de Julio Rada, de opaco desempeño en el cargo.

El entonces nuevo Prefecto nunca militó en ningún partido político y mantuvo siempre una absoluta independencia. Sí tenía un fuerte compromiso con la democracia, lo que le llevó a enfrentar al grupo terrorista de ultraderecha “Patria y Libertad” que a través de continuos atentados dinamiteros ocasionaba el caos preparando el golpe militar que se aproximaba.

Esa decisión le hizo encarar más de una vez a oficiales navales que entregaban armas y explosivos al comando extremista que  aterraba a la población.  Entre esos oficiales había algunos que tras el golpe de Estado alcanzaron el grado de vicealmirante o formaron parte del gabinete ministerial del dictador.

La reciente resolución de la Corte de Apelaciones de Valparaíso ordena el pago de una indemnización de 400 millones de pesos a Gloria y Viviana Bustos Velozo, hijas de la víctima, domiciliadas en Viña del Mar. Ambas han sido representadas por el abogado Guillermo Kegevic, de eficiente trabajo profesional.

Aunque han pasado muchos años, en Valparaíso – y en todo el país – hay familias y amigos de tantos muertos,  ejecutados, desaparecidos y “suicidas” que esperan por verdad y justicia. Junto a ello,  buscan evitar que la impunidad para los autores de estos crímenes tan bien organizados se siga prolongando indefinidamente.

Hugo Alcayaga Brisso

Valparaíso

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