Bolivia y litio: las huellas de un golpe de Estado
Tiempo de lectura aprox: 4 minutos, 20 segundos
Alrededor del 85% de las reservas de litio en el mundo se encuentran en el denominado “Triángulo del litio” compuesto por Argentina, Bolivia y Chile. Actualmente, el litio se constituye como elemento clave en la transición energética: empresas privadas de todo el mundo se interesan en la explotación de este recurso. Si en los otros países han podido obtener jugosos contratos, en Bolivia, con la política de Evo Morales, las cosas han sido un poco distintas, por lo menos hasta el golpe de Estado de 2019, que ha dejado huellas pintadas de tonalidades fascistas. El Clarín entrevista a José Pimentel, ex Ministro de Minería y Metalurgia de Bolivia de la época de Evo Morales, para entender mejor este delicado asunto.
“El litio se comenzó a trabajar en 1993 tras un estudio francés, en pleno modelo neoliberal, sacando materia prima sin refinarla. Cuando llega Evo Morales, los campesinos reivindican las ganancias de los recursos del territorio boliviano. En ese entonces no teníamos más datos sobre el litio que los de la industria francesa”, nos cuenta José Pimentel, ex Ministro de Minería y Metalurgia de Bolivia de la época de Evo Morales.
El triunfo de Evo Morales en 2006 marcó el inicio del proceso que pretendía poner fin a la subordinación del pueblo boliviano a los intereses de las grandes empresas transnacionales.
En relación al litio, el proceso de nacionalización e industrialización comenzó en 2008, cuando Evo siguió la histórica demanda de las comunidades mineras bolivianas: que los recursos del Salar de Uyuni sean explotados por el Estado.
Desde la época de la colonia hasta su constitución como Estado Nación los recursos naturales de Bolivia eran explotados por los Estados extranjeros. Esa explotación por supuesto poco tenía en cuenta los intereses de las comunidades locales.
Es así que el proyecto de industrialización del Salar de Uyuni fue presentado por los movimientos sindicales campesinos que decidieron elevar la demanda al nuevo Presidente. El mismo suponía alcanzar la producción de carbonato de litio y cloruro de potasio mediante la creación de una empresa pública y estatal.
Así, una demanda popular se transformó en una política de Estado.
La Ley Nº 3720 devolvía a la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) la posibilidad de participar directamente en toda la cadena productiva con las funciones de prospección y exploración, explotación, concentración, fundición y refinación, comercialización de minerales y metales y administración de las áreas fiscales
En 2008 mediante la resolución Nº 3801 se aprueba el Proyecto de Desarrollo Integral de Salmueras del Salar Uyuni y la instalación y puesta en marcha de una Planta Piloto para el procesamiento de litio.
El proceso de nacionalización y afianzamiento de los recursos naturales como propios, entendiendo esto como clave para la elaboración y ejecución de una política exterior soberana, continuó con la aprobación en 2009 de la Nueva Constitución Política del Estado donde los recursos naturales son declarados de carácter estratégico e interés público.
Para llevar adelante el proceso de industrialización se diseñó la Estrategia Nacional de Industrialización de los Recursos Evaporíticos que contemplaba tres fases a través de las cuales el Estado boliviano comenzaría a controlar toda la cadena de valor de producción del litio.
Desafortunadamente, “desde el golpe de Estado de 2019, el proyecto de extracción del litio está avanzando muy lentamente. La construcción de la planta de litio está casi completamente concluida. Sin embargo, queda el problema de provisión del agua. El agua del salar es salada: para poderla utilizar hay que tratarla, y eso hay que hacerlo a 20km del salar: eso implica tiempo y gastos adicionales”, sigue José Pimentel. “El golpe, de toda forma, nos ha paralizado”.
¿Porqué la industrialización es tan importante?
“En la lógica de la constitución no vamos a explotar los recursos bolivianos en forma de materia prima, sino que tenemos que pasar por la etapa de la industrialización: eso, directamente relacionado con el litio, significa, pasar de la simple extracción de la materia prima a la fabricación de las baterías”, nos explica el ex ministro. “Para ser competitivos necesitamos explotar nuestra propia materia prima, y eso se ha paralizado junto a la industrialización durante el golpe: la extracción está parada, y, junto a eso, la exploración de los estudios conectados a la industrialización.”
“El litio solo, en calidad de materia prima es altamente requerido pero, a nosotros, como país, ese comercio, no nos interesa: un proyecto de exportación de materia prima sería una ganancia menor de manera que no se le da valor agregado, además que industrializar y crear baterías sería una fuente de trabajo en las fábricas de producción de baterías, y el valor mismo del producto sería mucho más elevado. Si no hacemos esto, nos reducimos a vender litio a quien compramos baterías”, sigue Pimentel. “Actualmente hay empresas chinas, rusas, canadienses que están allí metidas en el tema del litio. Las relaciones entre esas empresas y el Estado boliviano son claras: la idea es hacer transferencia tecnológica, y no vender nuestros recursos a las empresas extranjeras: al Estado boliviano iría siempre un 50% de las ganancias”.
Un logro importante, si uno piensa que las ganancias actuales de los países que dejan extraer sus recursos a las empresas extranjeras y gestionarlos enseguida son de un 15% si la empresa es norteamericana o europea, o de un 30% si la empresa es china.
Extraer materias primas: enredos y contradicciones del sistema capitalista
Nadie se opuso a esa extracción, el salar es desierto y ninguna comunidad lo habita, sin embargo, la extracción del litio en el salar tendrá diferentes consecuencias, costos y efectos en los diversos sectores económicos y sociales locales: la posible contaminación y escasez del agua, así como el deterioro del medio ambiente, son especialmente preocupantes, ya que afectarían sobre todo a las comunidades que practican la agricultura y la ganadería. Otros factores son el aumento de los desechos y la contaminación del salar, lo que a mediano plazo también afectará la industria del turismo, para la cual la naturaleza de ese particular espacio natural resulta fundamental.
“En general Bolivia es un país minero, a veces hay explotaciones de recursos de forma informal, que no respetan el medio ambiente: Bolivia sigue siendo un País muy pequeño para controlar cada rincón de su territorio”, nos cuenta José Pimentel. “Actualmente existen las cooperativas, creadas por el Estado para enfrentar los problemas de carácter social que se encuentran en Bolivia; primero entre todos, la pobreza extrema. En 2017 hubo una fuerte movilización de estas mismas cooperativas para que el Estado permita colaboraciones entre ellas y las empresas privadas. Pero ese punto es delicado, porque, a través de esta colaboración las mismas cooperativas se transformarían en empresas, y perderían su estatus mismo de cooperativo”.
“El mundo en que vivimos es muy contradictorio: mientras existirá el capitalismo siempre habrá una disputa por el espacio de poder, y pasaran cosas como el golpe de 2019, quedaran sus huellas, como en la extracción del litio que se ha parado”, reflexiona el ex ministro. “Cuando una empresa extranjera viene explotar un recurso boliviano, aquí hay una tasa que se debe al Estado que es más alta de los otros países. A pesar de eso es muy relativo, lo ideal es la industrialización, pero después del golpe esta realidad parece muy lejana. Para lograrlo, no hay que perder el enfoque global buscando ganancia inmediata”.
“Desafortunadamente, el sistema de cooperativa es muy pobre en su desarrollo, y bajo cooperativas se encubren las explotaciones de multinacionales. Todo es precario al final. Los mineros salariados se han convertido en una clase aristocrática y se necesita una fuerza que realmente quiera empujar en este proyecto: una clase social dispuesta a combatir, para tener siempre mayores posibilidades a que el proceso impulsado con el Movimiento al Socialismo (MAS) no pare”, concluye Pimentel.
Elena Rusca, La Paz, 25.12.2022
