Valiente Primer Informe sobre el CAE
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La Subsecretaría de Educación Superior del MINEDUC, encabezada por Verónica Figueroa Huencho, ha entregado hace unos días el relevante Primer Informe sobre el Crédito con Aval del Estado (CAE), enfocado en las características de la población deudora y en sus impactos. Constituye una verdadera evaluación de esta cuestionada política pública y era necesario que la más alta autoridad nacional en la materia tuviera en sus manos esta información para tomar decisiones basadas en la evidencia. Se trata de una evidencia demoledora que hace más urgente el Plan de Condonación de las deudas educacionales, como parte de un proyecto de reforma integral al financiamiento de la educación superior, que el Gobierno del Presidente Boric prepara y ha comprometido implementar.
El principal instrumento de la política de subsidio a la demanda, tras sus 17 años de funcionamiento ha levantado muchas alertas que han sido siempre desestimadas hasta ahora, ha acumulado innumerables detractores, y dejado a su paso cientos de miles de personas damnificadas. ¿Lo sabíamos? !claro que sí! Lo viene advirtiendo la Fundación CENDA desde el 2011 cuando entregó su estudio de financiamiento de la educación superior a la CONFECH; la Fundación SOL que en el 2020 publicó el estudio “Endeudar para gobernar y mercantilizar: El caso del CAE”; el Parlamento en el 2018 con su Informe de la Comisión Especial Investigadora sobre el CAE; y hasta el Banco Mundial ya en el 2011 cuando en su descarnado informe anticipó que el CAE podría llegar a “una morosidad del 50%”. Pero, el Banco Mundial agrega ahí que “la causa (de la alta morosidad) es la inadecuada administración del Programa y … sólo secundariamente son una función de la solvencia de los prestatarios”. Sostiene esto aún cuando reconoce que las “obligaciones de la deuda que tienen los alumnos… son mayores al compararlas con los estándares internacionales”, y deja instalado el concepto prejuicioso de una “cultura de incumplimiento” que propone transformar en “cultura de pago” recomendando duras medidas de cobranza y castigo a estudiantes, sus familias e instituciones, y desestimar áreas de estudio menos rentables. Estos lineamientos draconianos han comandado las decisiones de los sucesivos gobiernos y se han instalado como conceptos inamovibles. Ni la gigantesca movilización estudiantil del 2011 con sus demandas por terminar con el endeudamiento y el lucro, ni las promesas de desmercantilizar la educación del 2015 que abrieron paso a la gratuidad, lograron remover el nefasto subsidio a la demanda. Tampoco lograron contrarrestar la influencia de sus promotores y guardianes. Por eso este informe, el primero originado desde el ejecutivo, es tan relevante y ha removido el avispero al imponer la evidencia frente a los prejuicios y las suposiciones: la morosidad del CAE es altísima y los ingresos de los deudores son más bajos que las expectativas creadas. Al cerrar 2021 la morosidad del CAE llegó al 48% en promedio, al 77% entre quienes no lograron culminar sus estudios y al 53% entre quienes provienen de los dos primeros quintiles de ingresos, mientras que “el 69% de la población deudora del CAE posee ingresos mensuales promedio inferiores a $750.000”.
El Informe de la Subsecretaría se basa en el análisis exhaustivo de toda la población estudiantil deudora del CAE cruzada con datos del Servicio de Impuestos Internos, correspondientes a la Operación Renta 2021. Esa población consiste en 751 mil personas en situación de pago activa (de los cuales 77% corresponde a egresados/as y el 23% a estudiantes que no finalizaron sus carreras) a las que hay que sumar otras 63 mil que están en período de gracia. Es información indiscutible y metodológicamente correcta por más que quieran desvirtuarla comparando con otros instrumentos y otros universos poblacionales. Así, los resultados muestran que si bien el 69% de la población deudora del CAE posee ingresos mensuales promedio inferiores a $750.000, llega a 88% entre quienes no terminaron sus estudios, a 74% entre aquellos que provienen de los dos primeros quintiles de ingresos, a 78% entre quienes estudiaron en instituciones de educación superior privadas y a 72% entre las deudoras mujeres que se graduaron y a 92% en las deudoras mujeres que no lograron terminar sus carreras.
Por otro lado, el CAE ha tenido un fuerte impacto en el sistema de educación superior como agente privatizador creando un mercado artificial y desregulado con recursos fiscales, utilizando a estudiantes, especialmente de menores recursos, como portadores de esos fondos públicos hacia instituciones que los reciben sin rendición de cuentas pues su traspaso asumió el carácter de compraventa entre privados. El Informe señala que “es posible observar a 8 instituciones en las cuales el CAE representa más de un quinto de sus ingresos, siendo los casos con mayor dependencia económica las Universidades Santo Tomás, Central de Chile, de Viña del Mar y de Las Américas.”
Ha sido muy valiente la subsecretaria Figueroa Huencho al enfrentar los evidentes conflictos de interés que hasta la fecha ninguna otra autoridad se había atrevido, haciendo suyo este diagnóstico sobre el CAE. Recordemos las públicas promesas de poner fin definitivo e inmediato al CAE que hizo la entonces Ministra de Educación en el 2017 para conseguir los votos a la ley de educación superior de la otrora llamada “bancada estudiantil”, que hoy nos gobierna; hizo esa promesa vana en un ambiente donde a la luz de evidencias, se tildaba abiertamente al CAE como una política nefasta, abusiva y fallida.
Es valiente la subsecretaria porque al publicar estos resultados de su autoría, hace inevitable actuar en consecuencia. El argumento de falta de recursos para evitar la condonación de deudas y detener el endeudamiento estudiantil ya no se sostiene y tampoco es sostenible atribuir como inversión a la partida presupuestaria destinada al CAE, tal como lo ha advertido la Contraloría que no comparte dicha forma de clasificar los desembolsos fiscales en créditos universitarios, registrándolos en cambio en su totalidad como gasto fiscal.
El CAE desde su creación en 2005 hasta la fecha, ha significado un desembolso fiscal superior a los 6,6 billones de pesos los que incluyen una recompra en torno al 60% de los créditos cursados, que además ha considerado recargas a los bancos de un 24,6% de sobreprecios respecto del monto destinado a compra de créditos. Así, como consigna este Informe “al 31 de diciembre de 2021, el Fisco ya es acreedor del 57% del saldo total de la cartera del CAE, correspondiente a más de 149 millones de UF (US$5.383 millones de dólares)”. Cada año, desde el 2005, el fisco ha desembolsado montos enormes, que alcanzarían para financiar la educación de ⅔ del estudiantado en la Educación Superior, lo que equivale a cubrir con gratuidad hasta el noveno decil inclusive. Esta misma constatación permite sentar las bases del plan para terminar el endeudamiento estudiantil reparando a quienes lo han sufrido, para avanzar en la estabilidad y la reconstrucción del sistema público de educación superior que Chile requiere.
Por Roxana Pey Tumanoff
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