Categorías insuficientes y omisiones de la historia de Chile en el análisis del estallido social de la filósofa Lucy Oporto
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Estuve leyendo las entrevistas a Lucy Oporto Valencia y su ensayo Lumpenconsumismo, saqueadores y escorias varias, tan comentado y publicitado por la prensa que ensalzan sus escritos sin avizorar siquiera el hipotexto y el hipertexto en su discurso. Lo primero que me llamó la atención es que su obra se inspiró a partir de las noticias “que escuchaba día y noche” en Radio Bio Bio durante el estallido social. “Me hallaba en una especie de mazmorra, escuchando las voces radiales que testimoniaban el desastre y la violencia barbárica de las hordas de saqueadores”. Es evidente que el discurso de Tomás Mosciatti, afectó profundamente a la filósofa, quien califica ciertas reflexiones del periodista como enunciados referidos “lúcidamente por él […]y al parecer, por nadie más después de él”.
Desde luego en el imaginario de la doctora Lucy Oporto Valencia, el periodista eclipsó a pensadores como Walter Benjamin y su texto Para una crítica de la violencia, donde la define como un medio para crear derecho y una vez cumplida esa función, tiende a monopolizar toda otra violencia exterior. Asimismo, ignoró a Paul Ricoeur en La Memoria, la historia y el olvido (2004:108) que aplica por ejemplo a la creación de los Estados Nacionales:
“No existe comunidad histórica que no haya nacido de una relación que se asimila sin duda a la guerra. Lo que celebramos con el nombre de acontecimientos fundadores, son esencialmente actos violentos legitimados después por un estado de derecho precario. Lo que fue gloria para unos fue humillación para los demás. Así se almacenan en los archivos de la memoria colectiva heridas simbólicas que exigen curación”.
De igual manera, omitió las reflexiones de Enrique Dussel, en la Ética de la liberación en la Era de la globalización y la exclusión, quien afirma que todo sistema institucional vigente tiene derecho a ejercer cierta coacción legítima que permita encauzar a los que no estén dispuestos a cumplir con los acuerdos válidamente aceptados. Pero ello no significa aceptar la dominación como constitutiva de la legitimidad, como presupone Max Weber, sino permitir una coerción institucional, mutuamente acordada por consenso, en cuanto logra y respeta la producción, reproducción y desarrollo de la vida humana de todos los miembros del sistema. Remarca Dussel que el problema ético surge cuando “para esos nuevos sujetos socio-históricos la coacción ‘legal’ del sistema vigente (que causa su negación y los constituye como víctimas) ha dejado de ser «legítima». Y ha dejado de serlo, en primer lugar, porque cobran conciencia de que no habían participado en el acuerdo originario del sistema (y por ello comienza a dejar de ser «válido» para ellos); y, en segundo lugar, porque en dicho sistema tales víctimas no pueden vivir (por eso deja de ser una mediación factible para la vida de los dominados)”.
La doctora Oporto no considera esos instrumentos de análisis intelectual para dilucidar el fenómeno del estallido social o la revuelta del 18 de octubre de 2019. Solo angustiada con la audición de radio Bio Bio, visualiza: “Ruinas sobre ruinas. Destrucción y quema de centros culturales y otros espacios. Escombros. Inmundicia. Fealdad del mal”.
¿Qué es el mal? Desde su perspectiva, lo maligno, lo satánico, lo diabólico, se manifiesta en las turbas que profanan los espacios sagrados como las iglesias y sus imágenes de adoración; momentos infaustos en que las hordas desatadas exigen una víctima sacrificial, respondiendo a impulsos arcaicos alojados en el inconsciente colectivo desde la época de las comunidades primitivas. La vida bestial de las cavernas reaparece en el presente como pulsión ineludible. En ese razonamiento Lucy Oporto recurre a categorías eurocéntricas, (mímesis de apropiación y de antagonismo) elaboradas por René Girard, que son representativas de la cultura judeo cristiana occidental, pero no necesariamente eficaces para interpretar fenómenos recurrentes en las sociedades latinoamericanas: como los levantamientos populares, las revueltas sociales, los alzamientos indígenas, las rebeliones parciales y las grandes revoluciones; fenómenos profusamente estudiados como reacciones al despotismo colonial y de los regímenes olígárquicos de las elites criollas.
Hay una intersección de componentes de opresión racial, de género y de clase, una conjunción de vectores multidimensionales que la filósofa Oporto, no dilucida en su exégesis de la violencia del 18 de octubre. Pero además simplifica el fenómeno de la violencia como derivado únicamente de la pulsión de consumo implantada por el sistema neoliberal: apropiarse del tv plasma saqueado, capturado y desechado, cumpliendo así la secuencia inexorable para la supervivencia del capitalismo.
Anterior a ello, existe una historicidad en las prácticas vandálicas estudiadas por teóricos de la violencia como Igor Goicovic, Sergio Grez, o el mismo Gabriel Salazar; historiadores que han rastreado una constante habitual en prácticas de la protesta popular y, particularmente, en la protesta popular urbana que se remonta a la segunda mitad del siglo XIX hasta nuestros días. Esta violencia está estrechamente relacionada con problemas estructurales como la explotación laboral, la exclusión social, la discriminación étnico-racial, la represión policial, y con los estigmas que las elites han aplicado a los sectores populares. Estos nudos estructurales críticos, que no han sido canalizados por la institucionalidad, afloran en las crisis y explotan con la violencia que causa perplejidad por el desconocimiento de la propia historia y de los símbolos y metáforas del pasado que vivifican la temporalidad presente.
Desde fines del siglo XIX, los cuarteles policiales, los medios de comunicación como El Mercurio, el Club de La Unión y las mansiones de calle República y Dieciocho y hasta el palacio de La Moneda sufrieron los ataques de la movilización popular. En las coyunturas constitucionales de 1833, el estado portaliano surgió de la derrota militar de Lyrcay. En los episodios de guerra civil de 1851 o 1859, la violencia reacomodó las relaciones de poder. En la crisis que originó la constitución de 1925, hubo Ruido de Sables y presión de los militares; y la Carta Magna de 1980 fue el resultado del golpe de Estado. En la segunda mitad del siglo XIX el amotinamiento urbano se caracterizaba por el despliegue de la poblada en el centro cívico de la ciudad. La muchedumbre reunida cargaba rápidamente contra los establecimientos comerciales para saquearlos y obtener recursos de subsistencia. Simultáneamente se atacaba con inusitada violencia los medios de transporte público (tranvías), el alumbrado y los edificios públicos y privados. La presencia de la policía o de las tropas de línea regularmente enardecía los ánimos de los amotinados, los que cargaban desordenadamente contra ella agrediéndola con objetos contundentes (piedras y palos) y en algunas ocasiones con armas corto-punzantes (cuchillos, estoques, etc.). La respuesta policial y militar era tan dura como la misma protesta. La fuerza pública entraba sobre los amotinados con cargas de caballería y con descargas de fusilería para reducir a los más violentos y dispersar a la masa revoltosa (Goicovic, 2002). Es decir, toda nuestra institucionalidad fue construida a partir de la violencia.
En su artículo “Consideraciones teóricas de la violencia social en Chile 1850-1930”, Igor Goicovic, plantea que la presencia del bajo pueblo en la historia de Chile tiende a ser establecida, exclusivamente, en su dimensión subordinada o en cuanto comparsa social de las clases hegemónicas, pero rara vez en sus manifestaciones de resistencia y rebeldía (Barros Arana, 1884-1902; Encina, 1983-1984; Eyzaguirre, 1965; Heise, 1974; Vial, 1996). Por el contrario, los estudios de Salazar (1985) e Illanes (1990), permiten recrear una imagen distinta, en la cual las compulsiones estatales y elitarias dan origen a un estado de resistencia permanente. De la misma manera, los trabajos de Pinto (1998) y de Grez (1997), contribuyen a precisar los mecanismos de transición de las formas peonales de resistencia y organización a las formas modernas y proletarias de articulación social.
Con todo lo expuesto, resulta necesario un análisis más fino sobre el fenómeno de la violencia popular en Chile, que no pierda de vista las causas estructurales que impulsan la movilización por la fuerza. No bastan conceptualizaciones como el lumpenconsumismo ni mucho menos recurrir a la fórmula de Passolini: tener, poseer, destruir, como categorías interpretativas de la sociedad chilena y latinoamericana.
Precisamente el filósofo italiano Franco Berardi, se encarga de calificar la referencia a Passolini en el ensayo de Oporto Valencia, como “interesante, pero peligrosa”, porque el cineasta fue al mismo tiempo horrorizado y atraído por la figura social y estética del lumpen, hasta encontrar su muerte en la playa de Ostia. Por eso, con toda la admiración y respeto al creador cinematográfico, Berardi no cree que Passolini pueda ayudar mucho en la comprensión de la situación chilena. El filósofo italiano nos recuerda que “en el Chile de ayer como en Chile de hoy la violencia escandalosa no es la de algunos saqueadores, sino la de las fuerzas estatales que han matado a decenas de manifestantes, cegado a centenas de personas, detenido y torturado a ciudadanos y violado a muchas mujeres y jóvenes”.
Para Berardi, violencia es el empobrecimiento y la humillación sistemática de millones de trabajadores y de sus familias. Es la desigualdad espantosa que el capitalismo neoliberal ha producido con la complicidad de los pinochetistas. A su juicio, es consecuencia de la desesperación y la impotencia. “Violencia es el efecto de la ineficacia de la palabra, la sustitución de la palabra por la fuerza” Cuando el poder es impotente para entender y gobernar a la sociedad, se vuelve violento, así, de manera similar, los actores sociales pueden volverse violentos cuando constatan con frustración la imposibilidad de cambiar la realidad social a través de la palabra.
“Creo que la tarea del intelectual, del poeta y del activista es comprender las motivaciones de la violencia desde el punto de vista del sufrimiento. Siempre tenemos que rechazar la violencia en cuanto acción dirigida a reducir, someter y humillar a los demás, pero en sí la condena a la violencia es inútil y moralista si no entendemos que tal vez la violencia es la única manera de oponerse a lo insoportable y de despertar un cuerpo oprimido por la depresión”.
A partir de estas premisas, podría decirse que la opción filosófica, ética y política de Lucy Oporto Valencia es el orden a pesar de todas las injusticias, y la protección de la propiedad pública y privada resulta más importante que la vida y la calidad de vida humana. Lo que equivale a decir que los violentos, sin importar la legitimidad de sus demandas, serán sometidos “por la razón o la fuerza” o peor aún, como indican las encuestas electorales, se les aplicará el terrible y extemporáneo eslogan de supremacía racial aria que ningún ser justo podría enunciar: “Chile por encima de todo”.
Por Cherie Zalaquett
