ONU pide a Estados Unidos que desbloquee los activos extranjeros del Da Afghanistan Bank
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Alarmados por la crítica situación humanitaria en Afganistán, expertos en derechos humanos de la ONU[1] piden al Gobierno de los Estados Unidos que desbloquee los activos extranjeros de Da Afghanistan Bank por más de 7 000 millones de USD para permitir la prestación sin trabas de ayuda humanitaria y cubrir las necesidades básicas de decenas de millones de personas en el país.
“Estamos gravemente preocupados por la creciente crisis humanitaria en Afganistán, que pone en grave peligro la vida de más de la mitad de la población del país, con un impacto desproporcionado en mujeres y niños. Si bien la violencia de género ha sido una amenaza grave y de larga data para las mujeres y las niñas, se ha visto exacerbada por las medidas impuestas por Estados Unidos, junto con la sequía y la creciente discriminación por motivos de género adoptadas por las autoridades de facto”, denuncia los expertos de la ONU.
“Nos hacemos eco de las palabras del Secretario General de la ONU calificándola como una ‘crisis humanitaria épica al borde de una catástrofe de desarrollo’, y llamamos a los Estados a reevaluar cualquier medida unilateral adoptada y eliminar todos los obstáculos en la provisión de los recursos necesarios, de la ayuda financiera y humanitaria”, siguen los expertos.
Según evaluaciones internacionales, Afganistán tiene ahora el mayor número de personas en inseguridad alimentaria de emergencia en el mundo, con más de 23 millones que necesitan asistencia alimentaria y aproximadamente el 95 por ciento de la población tiene un consumo de alimentos insuficiente. De particular preocupación es la vulnerabilidad de más de 4 millones de desplazados internos, incluidas personas pertenecientes a minorías y más de 3,5 millones que buscan refugio en países vecinos.
Desde la adopción, en diciembre de 2021, de la resolución 2651 del Consejo de Seguridad de la ONU y el establecimiento de exenciones humanitarias al régimen de sanciones existente, lamentablemente no ha habido avances significativos en los flujos financieros y comerciales por parte de los Estados y de las instituciones financieras internacionales para fines humanitarios y de desarrollo en Afganistán. Los actores humanitarios enfrentan serios desafíos operativos debido a la incertidumbre causada por las políticas de riesgo cero de los bancos y el cumplimiento excesivo de las sanciones.
En particular, asombra la reciente decisión del Gobierno de los Estados Unidos (Orden Ejecutiva n.° 14064) de renovar el bloqueo de los activos extranjeros del banco central de Afganistán por un monto de más de 7 000 millones de USD y, según se informa, utilizar parte de ellos para otros fines dentro de Estados Unidos mismo, en lugar de las necesidades humanitarias inmediatas y a más largo plazo en Afganistán.
También es preocupante lo que está dispuesto en la Sección 3 de la Orden Ejecutiva Presidencial no. 14064, que prohíbe ‘cualquier transacción que eluda o evite, tenga el propósito de evadir o evitar, cause una violación o intente violar cualquiera de las prohibiciones’ y ‘cualquier conspiración formada para violar cualquiera de las prohibiciones establecidas en esta orden’.
“Tales formulaciones demasiado amplias pueden exacerbar el clima de incertidumbre entre los actores relevantes, incluidos los bancos, las empresas y los donantes humanitarios, lo que resulta en un cumplimiento demasiado entusiasta de las sanciones y, por lo tanto, impide que la gente de Afganistán tenga acceso a los bienes humanitarios básicos”, denuncian los expertos de la ONU. “Por eso, hacemos un llamado al gobierno de Estados Unidos para que considere seriamente la creciente crisis humanitaria en Afganistán y reevalúe su decisión de bloquear los activos extranjeros del Banco Da Afganistán”.
“Recordamos que los Estados tienen la obligación bajo el derecho internacional de los derechos humanos de garantizar que cualquier actividad bajo su jurisdicción o control no resulte en violaciones de los derechos humanos, y en este sentido, instamos a las autoridades estadounidenses a tomar todas las medidas apropiadas, en línea con su obligaciones internacionales de derechos humanos, para revertir esta medida unilateral y contribuir de manera decisiva a los esfuerzos internacionales para abordar la creciente crisis humanitaria en Afganistán”, siguen los expertos de la ONU.
Hasta el día de hoy, el gobierno de Estados Unidos, no ha contestado al llamado de los expertos de la ONU.
Los expertos de la ONU: los Relatores Especiales
Los Relatores Especiales forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Procedimientos Especiales, el organismo más grande de expertos independientes en el sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y monitoreo del Consejo que abordan situaciones específicas de países o problemas temáticos en todas partes del mundo. Los expertos de Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y sirven a título individual.
[1] Los expertos: Alena Douhan, Relatora Especial sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos; Saad Alfarargi, Relator Especial sobre el derecho al desarrollo; Obiora C. Okafor, Experto Independiente sobre derechos humanos y solidaridad internacional; Olivier De Schutter, Relator Especial sobre pobreza extrema y derechos humanos; Reem Alsalem, Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias; Attiya Waris, experta independiente sobre los efectos de la deuda externa y otras obligaciones financieras internacionales conexas de los Estados en el pleno disfrute de todos los derechos humanos, en particular los derechos económicos, sociales y culturales; Michael Fakhri, Relator Especial sobre el derecho a la alimentación; Livingstone Sewanyana, Experto Independiente sobre la promoción de un sistema internacional democrático y equitativo ordenar; Melissa Upreti (presidenta), Dorothy Estrada Tanck (vicepresidenta), Elizabeth Broderick, Ivana Radačić y Meskerem Geset Techane, Grupo de trabajo sobre discriminación contra mujeres y niñas; Tlaleng Mofokeng, Relator Especial sobre el derecho a la salud física y mental.
Elena Rusca, Ginebra, 29.04.2022
