ONU: Un consejo de derechos humanos que huele a Ucrania
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Entre el 28 de febrero y el 1 de abril sesionará la 49ª sesión del Consejo de Derechos Humanos en la ONU. En la agenda la cuestión de Ucrania, que se debatirá el 29 de marzo a través de la actualización oral de la Alta Comisionada por los derechos humanos, Michelle Bachelet.
El Consejo de Derechos Humanos es un organismo intergubernamental dentro del sistema de las Naciones Unidas compuesto por 47 Estados responsables de la promoción y protección de todos los derechos humanos en todo el mundo. Los Estados que tienen derecho a voto se van turnando, y los presidentes del consejo también.
Este año será Federico Villegas, Embajador de Argentina, que tendrá la presidencia de las tres sesiones anuales del Consejo de Derechos Humanos.
“Estoy muy agradecido de poder encontrar aquí a los periodistas, en las librerías de las Naciones Unidas. La historia de mi país, Argentina, es una historia de lucha por los derechos humanos, de un país que ha sufrido la dictadura y que ha luchado en contra de ella. Las Madres de Plaza de Mayo son un ejemplo emblemático de esa lucha”, nos comparte Federico Villegas.
“Durante esta sesión del Consejo, compartiremos las situaciones de 50 países. Entre ellos: Afganistán, Palestina, Siria, Ucrania y Venezuela. 33 son las resoluciones anunciadas hasta el momento, y como siempre pueden aumentar”, sigue Villegas.
Esta sesión es un verdadero desafío por las Naciones Unidas, con su Palacio en estos días en plena renovación. Sin embargo, y a pesar de las restricciones debido al covid, está la voluntad, por esta sesión, de crear de nuevo un ambiente personal, que las personas puedan acoger de nuevo de forma “presencial” a las reuniones.
Estos últimos años la ausencia de diplomáticos, ongs y periodistas en el Palacio de las Naciones Unidas ha desfavorecido el trabajo de todos, tanto a nivel diplomático cuanto a nivel periodístico. Sin embargo, este año las cosas deberían dulcemente volver a la normalidad.
¿Ucrania tendrá derecho a un debate urgente?
De todas las temáticas, pareciera que la de Ucrania será la central de todo el Consejo de Derechos Humanos.
El presidente Vladimir Putin, la madrugada de este jueves, dio la orden de empezar una “operación militar especial” hacia las regiones de Donetsk y Luhansk. “He decidido comenzar una operación militar especial cuyo objetivo es defender a las personas que, en los últimos ocho años sufren vejaciones, un genocidio por parte del régimen de Kiev. Y por eso vamos a procurar desmilitarizar y desnazificar Ucrania. Asimismo, vamos a juzgar a todos aquellos que cometieron crímenes sangrientos contra civiles pacíficos, incluidos ciudadanos de la Federación Rusa”, señaló Putin.
Las operaciones militares rusas dentro del territorio soberano de Ucrania están escalando de una forma que Europa no ha visto en décadas. Día tras día, el Secretario General de las Naciones Unidas ha dejado claro que tales medidas unilaterales están directamente en conflicto con la Carta de las Naciones Unidas.
La Carta es clara: “Todos los miembros se abstendrán en sus relaciones internacionales de la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier estado, o de cualquier otra manera incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas”.
“El uso de la fuerza de un país contra otro es el repudio de los principios que todo país se ha comprometido a respetar”, declaró este mismo jueves el Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres.
Sin embargo, el conflicto entre Rusia y Ucrania no es solamente un conflicto territorial. Una vez más, detrás de la territorialidad se esconden juegos económicos camuflados por políticos. El gas, es el real motor que mueve estas profundas tensiones que nos hacen regresar a la época de la Guerra Fría.
Ucrania, que ha escapado de la influencia rusa desde 2014, eligió, o se vio obligada a confiar en, el crédito de «Occidente» y el FMI para respaldar su moneda y esperar alguna mejora económica.
Las donaciones del FMI continúan. El último involucró un acuerdo para extender préstamos hasta 2022, por un valor de $ 700 millones de un total de $ 5 mil millones en el «acuerdo stand-by» del FMI. Por este dinero, Ucrania «debe mantener su deuda» sostenible «, salvaguardar la independencia del banco central, llevar la inflación de vuelta a su» rango objetivo «y luchar contra la corrupción».
El paquete actual del FMI exige un aumento de impuestos equivalente al 0,5% del PIB anual, un aumento en las contribuciones a las pensiones y un aumento en las tarifas de energía. Todas estas medidas conducirán a una nueva caída del gasto social, que pasará del 20 % del PIB en el período de crisis de 2014 a solo el 13 % este año.
Una de las grandes demandas que los consultores occidentales han hecho a Ucrania en los últimos años es que el país debería «liberalizar» el mercado de la tierra para que se pueda desencadenar «un impulso de crecimiento próspero».
De esta forma, Ucrania planea abrir su economía aún más al capital, especialmente al capital extranjero, con la esperanza de que esto conduzca a un crecimiento y una prosperidad más rápidos. Pero es sólo una esperanza. El crecimiento económico anual actual se pronostica con optimismo a una tasa del 4% anual, mientras que la inflación seguirá siendo del 8-10% anual. El desempleo sigue obstinadamente alto (10 %), mientras que las inversiones empresariales están en caída libre (-40 %). Todo esto no presagia nada bueno para un auge capitalista. La inversión de capital es modesta porque la rentabilidad del capital es muy baja.
Debido a la complexidad de la cuestión de Ucrania, una pregunta pertinente es demandarse si el anuncio oral de Michelle Bachelet será suficiente para aclarar dicha situación en el Consejo, o si se tendrá que optar a un “debate urgente”.
Los debates urgentes se realizan en el momento en que el Consejo decide que una situación es tan grave de merecer un espacio de palabra suplementario y particular. “Pero, de momento, ningún País ha pedido eso al Consejo”, nos comparte Federico Villegas.
Elena Rusca
