El covid-19 y las amenazas de conexión agravan la crisis de ocupación permanente en Palestina
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En 2020 y 2021, el Territorio Palestino Ocupado experimentó varias oleadas de la pandemia COVID-19, que comenzó a principios de marzo de 2020. La serie de bloqueos impuestos posteriormente por la Autoridad Nacional Palestina (ANP) redujo drásticamente la actividad económica. Según el último informe de la UNCTAD sobre su asistencia al pueblo palestino, la pandemia, combinada con otros acontecimientos negativos relacionados con la ocupación, hacen de 2020 el peor año para el pueblo palestino desde la creación de la ANP en 1994.
“La recuperación en 2021 y más allá depende de qué acción tomará (o no) la potencia ocupante y el alcance del apoyo de los donantes”, dice el informe.
COVID-19 ha afectado a una economía ya frágil.
Poco más de un mes después del inicio de la pandemia, el PIB palestino se contrajo un 4,9% en el primer trimestre de 2020 en comparación con el trimestre anterior.
El segundo trimestre fue el peor, ya que todos los indicadores económicos clave se desplomaron: el PIB se contrajo un 18%, dos tercios de los establecimientos cerraron por completo, el desempleo se disparó al 39%, mientras que las inversiones, las exportaciones y las importaciones se redujeron considerablemente.
La crisis ha afectado a todos los sectores de la economía, incluidos el turismo, la construcción, los servicios, la industria y la agricultura. En general, la economía palestina se contrajo en 2020 un 11,5%, su segunda contracción más grande desde 1994.
El desempleo aumentó al 26%, incluso cuando la tasa de participación en la fuerza laboral cayó de un bajo 44% a una tasa aún más baja del 41% entre 2019 y 2020.
El informe de la UNCTAD subraya que incluso antes del inicio de la conmoción pandémica, la economía palestina estaba en desorden y que el entorno político y económico general se había deteriorado en los últimos años.
La base productiva de la economía se ha visto dañada y se encuentra en un estado de deterioro absoluto, ha aumentado la fragmentación geográfica y del mercado, y las restricciones sobre los factores de producción y las tecnologías importadas han cobrado un alto precio en la productividad.
La pérdida de tierras y recursos naturales para los asentamientos continuó sin cesar, los recursos fiscales fluyeron continuamente hacia el tesoro israelí y la economía regional de Gaza se vio afectada por un bloqueo prolongado y operaciones militares recurrentes.
La amenaza de anexión agrava aún más la situación
Además, se ha intensificado la amenaza de una anexión de jure de grandes extensiones de la Ribera Occidental por parte de la Potencia ocupante.
En abril de 2020, en medio de la peor crisis sanitaria mundial en un siglo, la Potencia ocupante anunció planes para anexar nuevas partes de tierras palestinas en Cisjordania.
El gobierno palestino respondió cortando todos los contactos bilaterales y se negó a recibir los ingresos fiscales (despacho de aduanas) que el estado israelí recauda en su nombre sobre el comercio internacional palestino.
La suspensión desencadenó una crisis presupuestaria que privó a la ANP del 68% de sus ingresos fiscales durante la mitad del año, hasta que se reanudó la transferencia de fondos en noviembre.
En abril de 2021, cuando la violencia estalló en respuesta a la amenaza de las autoridades israelíes de desalojar a las familias palestinas de sus hogares en Jerusalén Oriental, la economía palestina sufrió otro impacto. La violencia se extendió rápidamente al resto de Cisjordania, donde decenas de palestinos resultaron heridos o asesinados.
La vida se está deteriorando para una población sujeta a restricciones de movilidad desde 2000
Mientras tanto, en Gaza, la pandemia ha golpeado en un momento particularmente difícil de desintegración de la infraestructura de saneamiento y atención de la salud pública, pobreza profunda, inseguridad y enfrentamientos militares recurrentes.
En mayo de 2021, cientos de ataques aéreos llevados a cabo por la Potencia ocupante destruyeron y dañaron bienes valiosos, incluidos muchos hospitales y centros de atención primaria de salud, edificios comerciales y residenciales e instituciones educativas.
Las restricciones a la movilidad de personas, mercancías y actividad económica han pesado sobre el pueblo palestino y su economía desde 2000, cuando la potencia ocupante implementó una política de cierre que incluía un complejo sistema de controles de movilidad. Al mismo tiempo, la Franja de Gaza ha estado sometida a un estricto bloqueo desde 2007.
«A pesar de la gravedad del impacto de la pandemia, la ocupación sigue siendo el principal obstáculo para el desarrollo del territorio palestino ocupado», dijo el informe.
La expansión de los asentamientos disminuye las posibilidades de la solución de dos estados
Desde 1967, la potencia ocupante ha iniciado una política a largo plazo dirigida al establecimiento de asentamientos en la Cisjordania ocupada.
Elle a dépensé des milliards de dollars pour construire des infrastructures modernes pour l’expansion des colonies, y compris des systèmes de routes, d’eau, d’égouts, de communications, d’électricité, de sécurité, d’éducation et de soins de salud. Se dieron generosas recompensas a los colonos y empresarios para que se asentaran y se multiplicaran.
Al mismo tiempo, la demolición de estructuras y activos productivos palestinos para maximizar el espacio para la expansión de los asentamientos ha creado un entorno coercitivo que empuja a los palestinos a abandonar sus tierras.
A pesar de la desaceleración de la actividad humana inducida por la pandemia en la región y en todo el mundo, en 2020 se registró el mayor número de demoliciones y desplazamientos de palestinos en los últimos años.
En 2020, la Potencia ocupante apuntó a 848 propiedades de propiedad palestina en Cisjordania. Las demoliciones y ejecuciones hipotecarias han desplazado a cientos de palestinos y han amplificado el impacto de la pandemia de COVID-19 y las necesidades asociadas, como la vivienda, el distanciamiento social y el acceso a servicios médicos y de otro tipo.
Además, el Estado de Israel anunció en abril de 2020 su intención de anexar oficialmente partes de Cisjordania. Aunque la anexión formal se pospuso hasta agosto de 2020, la realidad sobre el terreno no ha cambiado.
La Potencia ocupante sigue tratando los asentamientos como prácticamente parte de su territorio soberano y la anexión gradual de facto sigue acelerándose, como lo demuestra la intensificación de la construcción de asentamientos a niveles no vistos en un decenio.
En 2020, la Potencia ocupante aprobó o avanzó más de 12.150 viviendas en los asentamientos, el nivel más alto desde 2012. En 2021, el estado israelí logró establecer más de 280 asentamientos en Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental. La población de colonos creció de 198.315 en 2000 a más de 650.000 a principios de 2021.
Como afirma la resolución 2334 del Consejo de Seguridad de la ONU, el establecimiento de asentamientos en Cisjordania constituye una violación flagrante del derecho internacional.
El impacto de los asentamientos en el pueblo palestino
Los asentamientos despojan al pueblo palestino de su tierra, recursos naturales y derecho inalienable al desarrollo, refuerzan la ocupación e impiden el logro de una solución genuina y duradera de dos Estados, advierte el informe de la UNCTAD.
Según el informe, el impacto ambiental de los asentamientos es grave. La potencia ocupante transfiere grandes cantidades de materiales peligrosos y desechos electrónicos cada año para su procesamiento en Cisjordania, donde sus propias regulaciones y controles son menos estrictos que los que se aplican dentro de sus fronteras.
La contaminación del sector informal de desechos electrónicos y las industrias no reguladas ya está dañando la salud humana, especialmente la de los niños. La ocupación degradó aún más el medio ambiente al destruir millones de olivos y otros árboles para dar paso a la construcción de asentamientos.
Nacida en un marco político restrictivo que se ha deteriorado, a la ANP se le han confiado responsabilidades que van mucho más allá de los recursos y el espacio político a su disposición.
Hasta que termine la ocupación, nada reemplazará el apoyo adecuado de los donantes y la comunidad internacional para reconstruir la infraestructura física e institucional en ruinas, así como el frágil sistema de salud.
Para que el apoyo internacional se traduzca en un progreso real, deben levantarse todas las restricciones impuestas por la ocupación a la economía palestina, concluye el informe.
Elena Rusca, Ginebra 29-9-2021
