Joven profesor de Talca lleva 15 días detenido por usar cannabis medicinal para enfermedad crónica
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Quince días detenido lleva un joven talquino que sufre de glaucoma y dolor lumbar crónico, el que, buscando mejorar su calidad de vida, llegó al cannabis medicinal para tratar sus dolencias. Por recomendación de un amigo cercano visitó la sede de Fundación Daya en Linares, a unos 40 minutos de su casa en Talca. Era su primera aproximación al cannabis, nunca la había probado hasta que vio una posibilidad de sanar con este tratamiento y se decidió a cultivar.
Tres plantas en el patio de su casa llamaron la atención de uno de sus vecinos quien lo denunció a la Policía de Investigaciones (PDI). El lunes primero de marzo llegaron efectivos de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado de Talca a su casa sin una orden judicial, el paciente hizo lo correcto y no los dejó entrar pero por teléfono consiguieron una orden del fiscal del turno para ingresar y registrar el domicilio. Arrancaron las plantas y lo llevaron detenido. Sin importarles que contaba con receta al día y sus antecedentes médicos a la vista.
El Ministerio Público, liderado por la Fiscal Viviana Rojas, lo acusó de microtráfico y cultivo ilegal de cannabis, a pesar de no existir más antecedentes que la mera tenencia de plantas. El juez Héctor Castro, del Juzgado de Garantía de Talca, insólitamente, decidió dejarlo en prisión preventiva. Han pasado más de dos semanas y Sebastián, quien jamás había enfrentado una situación así, siendo siempre un ciudadano ejemplar con intachable conducta, está profundamente angustiado y tiene miedo de perder su libertad de forma indefinida y que lo pasen a la población penal general. Hasta ayer estaba en cuarentena por protocolo Covid-19 en la enfermería del recinto penitenciario. Su defensa presentó un Recurso de Amparo en la Corte de Apelacionesde esa ciudad, el cual fue rechazado.
“Sebastián llegó sin saber nada de cannabis, este era su primer cultivo. No estaba haciendo nada ilegal y fue vulnerado violentamente por los policías, lo trataron como un delincuente, le dieron vuelta la casa. Lleva más de dos semanas detenido, él está muy afectado… tengo rabia e impotencia por esta injusticia”, dice la encargada de Fundación Daya en Linares, Verónica Valdes. En seis años de trabajo en la zona sólo tres pacientes habían sido vulnerados en sus derechos y sufrido allanamientos, pero nunca ninguno fue detenido ni menos puesto en prisión preventiva.
“Nuestro sentir como familia es de impotencia, al ver que tratan a nuestro hijo cómo delincuente, sin serlo. Él es un profesional que está al servicio de la sociedad, viviendo honestamente y lo acusaron de narcotraficante y jamás vendió nada. Lo único que se logró es dañar a un grupo familiar que se gana la vida honradamente y que todavía confía en la justicia”, afirma Jorge Henríquez, profesor y padre de Sebastián.
Este jueves 18 de marzo la Corte Suprema escuchará los alegatos del de la Defensoría Penal Pública (DPP), organismo público que cuenta con una amplia experiencia en la correcta defensa de usuarios de cannabis en Chile. Es importante recordar que el máximo tribunal ha dejado claro en casos anteriores que cultivar cannabis para uso personal es lícito en Chile. Incluso su anterior vocero, el ex ministro Lamberto Cisternas expuso en el Parlamento en tres ocasiones para defender este principio.
La Defensoría Penal Pública, con la colaboración del equipo de Fundación Daya, liderado por su fundadora y Directora Ejecutiva, Ana María Gazmuri, está trabajando arduamente en esta causa para la pronta liberación de Sebastián y para hacer justicia. Esta estrecha relación de colaboración entre ambas instituciones, que suma varios años, ha logrado reiteradamente el sobreseimiento de los usuarios injustamente imputados. Así ocurrió recientemente, en Santiago con Carlos Ramírez, también paciente de Fundación Daya, quien el viernes 12 de marzo fue sobreseído por unanimidad por el Séptimo Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, por acreditarse que las 14 plantas de cannabis que cultivaba eran para el tratamiento médico de su hijo con TEA, y para una adulta mayor con dolor crónico
“Estamos frente a un grave atropello a los derechos esenciales de un usuario medicinal, correctamente acreditado. Resulta inconcebible este empeño del Ministerio Público y las policías por perseguir a los usuarios personales de cannabis, en este caso medicinal. Esto implica un enorme despilfarro de recursos públicos, y un inmenso daño al paciente y su familia, siendo vulnerado su derecho a la privacidad del hogar, el derecho a su honra al ser tratado como un delincuente, y, sobretodo, viéndose vulnerado su derecho a elegir su tratamiento de salud. La ley 20.000 es clara en exceptuar de persecución penal los usos personales, pero se insiste en ignorar la letra de la ley y en aplicarla arbitrariamente. Incluso en la modificación a dicha ley que hoy se discute en el Congreso, se aprobó la indicación que protege aún con más claridad a los usuarios medicinales, al considerar la prescripción médica como justificación suficiente para el autocultivo de cannabis, de no mediar antecedentes de tráfico. Esta absurda persecución de pacientes debe terminar”, dice la activista y directora de Daya, Ana María Gazmuri.
LEY CULTIVO SEGURO
Idéntica indicación se aprobó en la llamada Ley Cultivo Seguro, la que modifica el Código Sanitario, con el 88% de los votos de la Cámara de Diputadas y Diputados. Esto se hizo necesario justamente para mejor aclarar, frente a la discrecionalidad con la que eran vistos estos casos, faltando al espíritu y la letra de la ley 20.000 por Los allanamientos e incautaciones perpetradas por las Policías con la anuencia del Ministerio Público a usuarios personales de cannabis, muchos de ellos medicinales, se han intensificado en los últimos meses, como ha denunciado insistentemente Fundación Daya. La injusta persecución afecta a pacientes de distintos centros médicos y a consumidores personales o recreativos. El equipo de Daya apoya a todos aquellos vulnerados en sus derechos.
Es importante recordar que los cultivos personales de cannabis destinados a uso personal, exclusivo y próximo en el tiempo, en este caso medicinal, no están penalizados en la Ley 20.000. La gran mayoría de los usuarios criminalizados son sobreseídos (ver compilado de sentencias del apoyo jurisprudencial de Fundación Daya) pero quedan gravemente afectados en su salud emocional, psicológica y física, traumatizados por la vulneración a sus derechos. Por lo demás, pierden sus plantas y materia prima por lo que se ven obligados a interrumpir sus tratamientos médicos, con las consecuencias que ello trae en el tratamiento de sus patologías.
Estas arbitrariedades demuestran una vez más la urgente necesidad de aprobar la Ley Cultivo Seguro, la que ha dormido dos años en la Comisión de Salud del Senado, presidida por la senadora Carolina Goic, quien ha rechazado poner en tabla el proyecto de Ley a pesar de que la presidenta del Senado, la senadora Adriana Muñoz se lo ha solicitado formalmente mediante una carta y con urgencia. De haber sido aprobada, no existirá posibilidad alguna de que Sebastián Henríquez hubiese sido allanado y detenido. Este mes cambia la composición de la comisión, la que será presidida por el Senador Rabrindanath Quinteros, quien se ha comprometido a poner la Ley Cultivo Seguro en tabla a la brevedad.
