Acusación constitucional contra Jaime Mañalich inició el debate con la exposición de la parte acusadora
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Conforme a los requerimientos legales y reglamentarios, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados inició el análisis y discusión de la acusación constitucional en contra del exministro de Salud, Jaime Mañalich.
El proceso comenzó sin la argumentación de la denominada “cuestión previa” que suele solicitar la defensa en un proceso de acusación constitucional y que apunta a refutar los requerimientos formales para la presentación del libelo.
Dado lo anterior, se procedió a avanzar al debate del fondo de la acusación, para lo cual intervino, en primer lugar, la diputada Marcela Hernando (PR), en representación de los firmantes de la acusación.
La legisladora partió su exposición con un homenaje a quienes perecieron por el coronavirus, así como al personal del área de salud por la labor realizada en beneficio de la población y, muy en particular a quienes murieron en cumplimiento de dichas tareas. Junto con lamentar que mientras algunos pusieran en riesgo sus vidas para salvar a otros, criticó que el Gobierno mostrara mayor preocupación por salvar la economía, realizando acciones que vulneraron los derechos de las personas.
Describió una cronología de los hechos, desde que se notificó sobre la existencia del virus en China, pasando por su evolución en el mundo, hasta que llegó finalmente a Chile. En este marco, relevó las decisiones adoptadas por el Gobierno en dicho proceso y, particularmente, las opciones tomadas por la autoridad sanitaria.
“Es en virtud de decisiones mal tomadas o no tomadas que hoy tenemos que lamentar la muerte de muchas personas (…) Él estaba al tanto de lo que era una pandemia y sabía lo que se debía hacer, aplanar la curva con todas las medidas de contención; que las personas que se contagiaran fueran el menor número posible y aplazar la curva, de manera que fuera capaz de ser manejado por la red hospitalaria”, enfatizó.
Afirmó que los conocimientos de epidemiología de Mañalich le permitían saber cómo iba a avanzar esta epidemia nueva en el mundo, respecto de la cual se emitieron las suficientes alertas desde las autoridades internacionales y donde otros países, como Mongolia, supieron actuar a tiempo, sin tener que lamentar hoy costos de vidas.
La acusación
Entre los argumentos de la acusación, la parlamentaria precisó que la exautoridad vulneró gravemente los derechos constitucionales a la vida e integridad física, psíquica de miles de personas de la República, infringiendo el art 19, N° 1 el que establece el derecho a la vida y a la integridad física u psíquica de la persona y el N° 9 que establece a la protección en salud y otros de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En este sentido explicó que la acusación se compone de dos capítulos acusatorios y detalló que el primero de estos acusa al exministro de haber infringido gravemente la Constitución y las leyes y haber dejado estas sin ejecución al haber dejado en riesgo la vida y salud de la población, el cual dice relación principalmente con la administración y gestión sanitaria del extitular de salud en su calidad de autoridad máxima y especializada y en la toma de decisiones acerca de la manera y las medidas ordenadas para enfrentar las consecuencias de la pandemia.
De esa forma, la infracción de la Constitución implica la transgresión de ella a través de actos u omisiones que afecten a uno o más bienes jurídicos constitucionales o derechos fundamentales y garantías constitucionales, por lo tanto, dicha transgresión puede constituir una vulneración de principios o reglas constitucionales, como también afectar la esfera subjetiva de uno o más derechos fundamentales y sus respectivas garantías constitucionales.
En relación a dejar sin ejecución las leyes, la parlamentaria dijo que esto es manifestación de un actuar negligente del exministro, quien habría dejado de ejecutar normas fundamentales de la labor ministerial, toda vez que la estrategia desplegada para abordar la pandemia, sus deficientes estrategias para mitigar el avance del Coronavirus, la falta de transparencia en la publicación de datos de fallecidos y contagiados y los constantes cambios en los criterios metodológicos ha resultado en la vulneración de derechos de la población.
Mensaje confuso
La diputada Marcela Hernando enumeró una seria de declaraciones y acciones por parte de la autoridad sanitaria que darían cuenta de un “mensaje confuso para la ciudadanía” a la hora de adoptar las medidas correspondientes y evitar los contagios por Covid.
La parlamentaria dio cuenta de un Acta del Consejo Asesor del Minsal, con fecha sábado 21 de marzo, reconociendo que sobre el 90% de los casos de Covid-19 no estaba aislado en recintos asistenciales, lo que habría mantenido el riesgo de diseminación para las familias de los contagiados. Así también acusó al exministerio de falta de claridad en el uso de la mascarilla.
También hizo mención al “Carnet de Alta” como un nuevo hito de confusión en materia preventiva, pese a no contar con el respaldo de la comunidad científica, lo que habría llevado al Minsal a dejar “sin efecto el anuncio el pasado 10 de mayo”.
La diputada hizo mención a la periodista Alejandra Matus, quien comenzó a cuestionar el número de personas fallecidas dadas a conocer por el Minsal, que no coincidían con las del Registro Civil. Agregó que, ya a mediados del mes mayo, se declaraba cuarentena en toda la Provincia de Santiago y recordó que el 16 de mayo había un 78% de ocupación de camas críticas en la RM, se registraron los primeros traslados de pacientes y se exigió al sector privado el aumento en el número de camas.
La diputada acusadora, recordó una frase del ex Ministro de Salud Jaime Mañalich del 26 de mayo, donde admitiría su responsabilidad en el manejo de la pandemia, “lo que hemos aprendido duramente en esta pandemia, es que todos los ejercicios epidemiológicos, se han derrumbado como castillos de naipes … las formas de proyección con las que me seduje en enero se derrumbaron como castillo de naipes”. La parlamentaria, agregó otras declaraciones de Mañalich, donde reconocía que no sabía las reales condiciones de hacinamiento en el país.
Finalmente, entre otras variadas argumentaciones, sostuvo que la presentación del libelo no tuvo que ver con una supuesta revancha política sino con motivaciones de fondo. “Tiene que ver con la ética, con la obligación moral de los funcionarios públicos de respetar los valores más sublimes de los seres humanos: la vida, la libertad, la salud y su dignidad”, finalizó.
