Los riesgos dictatoriales en nombre de la trazabilidad
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De seguro anclado en cierto pensamiento mágico, de espaldas a la historia de Chile y de la humanidad, y matizado de un dejo de optimismo tecnológico, hasta hace un tiempo pensaba que Chile ya no estaba para dictaduras. Que el golpe y el régimen autoritario que emergió el 11 de septiembre de 1973 ya no era posible en la era de la interconexión y de las fuentes abiertas de información. Que ninguna dictadura podría establecerse y permanecer con una ciudadanía empoderada y vigilante como creí hemos llegado a tener.
Pasaron los años, llegó el estallido social y la posterior crisis sanitaria desatada por el Covid y ya no estoy tan seguro de que la democracia sea indefectiblemente parte del ADN de chilenos y chilenas. El fin de la historia nunca llegó, esta seguirá escribiéndose y dándonos sorpresas. Aunque tanta sorpresa tampoco, seamos honestos.
Por doquier hoy aparece el gen autoritario, que en nuestro suelo ha vinculado casi siempre a la elite conservadora y acomodada con los organismos que por mandato legal tienen la potestad del uso de las armas. Aclaro que “en nuestra tierra”, porque en otras latitudes y en otros tiempos la represión desde el Estado ha sido impulsada por otras visiones ideológicas, por otros intereses.
Internet se suponía daría un respiro a los temores de posibles futuros autoritarios. Mucha información y diversificación de fuentes a total disposición permitiría tener más puntos de vista, además de denunciar y controlar cualquier intento por instaurar una dictadura.
Pero en el confuso momento actual vemos que el riesgo permanece latente.
En los cuestionamientos a las restrictivas medidas para controlar la pandemia se entremezclan visiones críticas al gobierno de derecha con las de libertarios ultraderechistas que reniegan de todo control estatal.
Ya se conoce la iniciativa del gobierno que busca implementar el control de identidad a los clientes de restoranes, con el fin de asegurar el chequeo de la trazabilidad en caso de un brote epidémico. Y hace poco el ministro de Salud aseguró que la vacunación contra el Covid, cuando esté disponible, sería obligatoria para ciertos grupos de riesgo.
Aunque la vacunación general coercitiva aún no se ha planteado, hay otras formas de asegurar su carácter imperativo. Por ejemplo, atender solo a quienes entreguen sus datos y, con estos, a quienes ya hayan sido vacunados. Es decir, quienes cumplan las reglas. Y así, en múltiples espacios. El control total, en nombre de la trazabilidad.
Claro que restricciones han existido siempre y la libertad total es una quimera (y una irresponsabilidad). Los semáforos son parte de la existencia urbana, la educación básica obligatoria también así como aprobar un curso para conducir vehículos motorizados. Hasta hace un tiempo haber hecho el servicio militar era exigible para postular a un trabajo.
Presentar la cédula de identidad para subir a un avión es habitual y qué decir de cruzar la frontera. A lo que hoy se le ha agregado contar con PCR negativo y muy buenas razones para trasladarse hacia o desde una región con cordón sanitario.
Vivir en sociedad implica, siempre ha implicado, derechos y deberes.
Confuso es el momento actual.
Quienes ponen el énfasis en el hacer y la responsabilidad colectiva, el construir sociedad entre todos y todas, tiende a estar de acuerdo con las medidas en pro del bien común. Sea esto a través de redistribución de la riqueza, por ejemplo, o en contra de cierto liberalismo empresarial que, a costa de comunidades y naturaleza, se apropia y destruye los bienes comunes.
Pero por muy comunitarista que se sea, tener a los militares en las calles día y noche por el “interés público” no es el tipo de sociedad a la cual se aspira. Y menos aún cuando una parte de la población está demostrando su comodidad con el uniformado paisaje, que le permite no solo asegurar salud sino que patrimonio y el tan anhelado orden. Y, peor todavía, que cada cierto tiempo se recuerde el glorioso pasado de la dictadura de Pinochet, omitiendo de plano lo que significó en violaciones a los derechos humanos.
Van seis meses de estado de excepción constitucional, toque de queda mediante, y hemos ido adaptándonos a este nuevo escenario, pensando que es temporal. Pero el riesgo es que no lo sea y que, incluso, vaya en aumento.
Pero la historia es cíclica, y tanto el autoritarismo como los anhelos de sistemas participativos, son clásicos humanos.
El 25 de octubre es la oportunidad de ir reiniciando el camino que enmiende el rumbo, que reecualice nuestra institucionalidad. Porque lo que ha ocurrido hasta ahora es bajo el paraguas de esta Constitución. Una Carta Fundamental democrática y con credenciales de justicia socioambiental es lo que necesitamos.
Que estos meses de claroscuros no nos hagan perder de vista tal objetivo e hito fundamental.
Por Patricio Segura
