Despojo a los mapuches

Desde que el pinochetista Víctor Pérez asumió el Ministerio de Interior, la guerra contra el pueblo mapuche ganó en intensidad y brutalidad. Con su nombramiento como jefe de gabinete, el presidente Sebastián Piñera volcó su gobierno hacia la extrema derecha que utiliza el racismo y la violencia para amedrentar a los pueblos.

Uno de los hechos más graves sucedió la noche del primero de agosto, cuando civiles armados apoyados por Carabineros atacaron a los mapuche que ocupaban los municipios de Curacautín, Ercilla, Victoria y Traiguén, con violencia y gritos racistas. Las bandas armadas se activaron horas después de la visita del ministro Pérez a Wallmapu, donde esgrimió el clásico discurso de odio y represión.

La actual ofensiva responde a dos situaciones: por un lado, la crisis del gobierno de Chile, debilitado por la revuelta social activada en noviembre y que nunca se detuvo, pese a la pandemia, los estados de emergencia decretados y la militarización impuesta. La base social y política de Piñera se venía desmoronando, lo cual permitió que el Parlamento votara una medida a contrapelo de la privatización de los fondos previsionales, que permite a los ahorradores retirar 10 por ciento de sus fondos.

Para recomponer sus apoyos, Piñera decidió hacer lo que la publicación El Mostrador califica como un guiño al sector más duro de la derecha para enfrentar la doble revuelta chilena y mapuche, y defender la Constitución pinochetista de 1980 (https://bit.ly/3iDdLBz). El nuevo ministro se rodeó de un círculo de hierro con personajes que tienen fluidas relaciones con empresarios agrícolas cuyas tierras, usurpadas en la llamada Guerra de la Araucanía (1861-1883), están en disputa con comunidades autónomas en la región de Ercilla.

La segunda y decisiva es la amplia movilización mapuche en el sur, en apoyo a la huelga de hambre indefinida del machi (autoridadreligiosa) Celestino Córdova, condenado a 18 años de cárcel por la muerte del matrimonio Luchsinger Mackay durante un incendio en su hacienda, en 2013. La huelga de hambre exige que se cumpla con las disposiciones del Convenio 169 de la OIT que permite continuar la pena en su comunidad.

La solidaridad con Celestino está movilizando a decenas de organizaciones y comunidades, desafiando la pandemia y la militarización. Durante los 100 días de huelga de Celestino, a la que se sumaron 27 presos de las cárceles de Temuco, Angol y Lebu, se formó una red de apoyo liderada principalmente por mujeres, que se erigieron en sus voceras y en convocantes de las manifestaciones que sufrieron agresiones y violencia de los Carabineros (https://bit.ly/3fOiiPF).

El Estado, denuncia un editorial del medio digital Mapuexpress, ha actuado con indolencia frente a la pandemia en tierras mapuches y ante a la huelga de hambre. La represión llegó al extremo de impedir, en mayo, que las hortaliceras mapuches vendieran sus productos, pese a vivir momentos de extrema necesidad (https://bit.ly/3ah4LPm).

Mientras reprimía a las vendedoras de hortalizas, con la otra mano el gobierno promovía el ingreso masivo de proyectos extractivos al Servicio de Evaluación Ambiental, en momentos en que la principal preocupación de las comunidades y organizaciones mapuches está puesta en contener el avance del Covid-19 (https://bit.ly/3gWxDze).

Lo hace, como denunciara Mapuexpress, en momentos en que están suspendidos los procesos de participación ciudadana y cuando las Asociaciones de Funcionarios Públicos de los Servicios Ambientales del Estado habían solicitado la suspensión de los plazos de las evaluaciones ambientales, por la imposibilidad de evaluar los megaproyectos y socializarlos con las comunidades.

En pocas palabras, aprovechan la pandemia para intensificar el despojo, algo que sucede en toda América Latina, como lo atestigua la aceleración de las obras del Tren Maya y del Corredor Interoceánico en México.

Dos consideraciones más: la guerra contra el pueblo mapuche es una guerra colonial de despojo, en línea con la conquista europea y la mal llamada Pacificación de la Araucanía en el siglo XIX, rematada por Pinochet cuando traspasó a privados las seis forestales estatales entre 1976 y 1979. El pueblo mapuche demanda la devolución de 3 millones de hectáreas robadas durante este largo ciclo de despojo, hoy en manos de empresarios y multinacionales. El racismo es un instrumento de la neocolonización.

En años recientes emergió un conjunto de organizaciones con fuerte presencia juvenil y femenina, que retoman y profundizan la importante lucha de la Coordinadora Arauco Malleko en la década de los 90. Se trata de la Alianza Territorial Mapuche, Parlamento de Koz Koz, Identidad Territorial Lafkenche (pueblos costeros), cooperativas, asociaciones de mujeres, hogares estudiantiles, comunidades autónomas y medios de comunicación que se reafirman en el camino de la autonomía y la autodeterminación (https://bit.ly/3kBKSr6).